El líder del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, ha señalado la presencia de grupos “organizados, uniformados y con un mismo propósito violento” en ciudades como Vitoria, Pamplona y Bilbao, comparándolos con la ‘kale borroka’. “Tienen un propósito de actuación, van preparados para la guerrilla urbana, y a la guerrilla urbana aquí se le llama kale borroka. Es evidente que nos enfrentamos a eso”, declaró enfáticamente.
En una entrevista concedida a ETB, De Andrés ha hecho un llamamiento a la Consejería de Seguridad para que reconozca y actúe ante este fenómeno violento que no es fruto de acciones espontáneas ni de enfados momentáneos. Ha remarcado que, recurrentes o no, estos episodios de violencia constituyen una preocupación seria que debe ser abordada con determinación.
“El fenómeno que estamos viendo en las calles de Euskadi, en Navarra, no es una cosa excepcional, sino que ya vemos una organización y hay unos partidos políticos que están detrás y que no lo condenan, y organizaciones sociales que están teniendo mucha relevancia y no lo condenan. Parece que sí que es un asunto para tomárselo en serio”, subrayó De Andrés.
SEGURIDAD
Por otro lado, De Andrés criticó al PNV por no adoptar una postura más conservadora en materia de seguridad, considerando que no ve cambios significativos en sus políticas. Según él, el PNV está perdiendo influencia política y perfil, especialmente en temas de seguridad, debido a una falta de ideología y proyecto político claro.
Respecto al cambio en la política de comunicación de la Ertzaintza, que ahora incluye el origen de los detenidos según indicaciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, De Andrés apoya la medida. “Si el que comete los delitos, como se han reflejado en los datos que ofrece en la Ertzaintza, manifiestamente son magrebíes, ¿no se tiene que decir esto para saber qué es lo que ocurre? Yo creo que es negacionismo evitar tener un dato que es imprescindible para abordar la lucha contra el delito”, explicó.
Finalmente, advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas específicas en relación con los países de origen de ciertos delincuentes, sugiriendo que se evalúe quién recibe permiso para entrar en España, dada la gravedad de los datos sobre delincuencia vinculada a personas del Magreb.