El magistrado Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, ha desmentido categóricamente la presencia de jueces ‘antieuskera’ y la supuesta anulación de Ofertas Públicas de Empleo. En su lugar, explicó que las modificaciones realizadas se debieron a la necesidad de ajustar el nivel lingüístico exigido, respondiendo a las apelaciones de los trabajadores que consideraban ‘excesivo’ dicho requisito.
En una entrevista con Radio Euskadi, que fue retransmitida por Europa Press, Uriarte aclaró que en realidad, las sentencias judiciales no han ‘tumbado’ las OPEs, sino que ‘se han modificado parcialmente’ debido a los criterios de euskera impuestos por las autoridades administrativas. ‘Es algo que ha ocurrido en los últimos años, que nos consta que a la Administración Pública no le ha gustado, pero no existe ninguna idea concertada contra la euskera en la Administración de Justicia, primero porque no puede existir, y segundo, porque es imposible que los jueces y las juezas nos pongamos de acuerdo en algo para hacer una campaña contra cualquier cosa’, subrayó.
Además, Uriarte señaló que los jueces, especialmente del orden Contencioso Administrativo, han tenido que examinar todas las condiciones de ciertas OPEs a solicitud de trabajadores que cuestionaban la exigencia de un perfil lingüístico. ‘Lo que se ha hecho’, afirmó, ‘es una ponderación por parte de los jueces y las juezas de dos derechos en litigio, que son el conocimiento de euskera, y el derecho del trabajador o la trabajadora a su trabajo’. En estos casos, indicó, no se eliminó el requisito del euskera, sino que se ajustó la cantidad necesaria para la oferta pública.
El juez decano también hizo hincapié en la independencia del poder judicial: ‘Nosotros no somos de un color determinado’, y agregó que es ‘imposible que en la carrera judicial’ se organizara una oposición contra el euskera o cualquier otro tema. ‘Somos independientes y cada uno es de su padre y de su madre’, afirmó.
Uriarte también destacó que actualmente hay nueve juzgados en Euskadi capaces de realizar juicios completamente en euskera, si las partes así lo deciden y llegan a un acuerdo. Resaltó la progresiva incorporación de jueces vascos con formación en euskera, capaces de ejercer en este idioma, y mencionó que todos los ciudadanos pueden emplear exclusivamente el euskera en sus procedimientos legales, con acceso a servicios de traducción si es necesario.
Finalmente, rechazó la idea de ‘lawfare’ y comentó sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sugiriendo la necesidad de reflexionar sobre su figura legal para evitar anomalías en el sistema judicial.