La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tiene algo menos de un mes para revertir una derrota que, a día de hoy, parece segura.
No tiene números para superar la primera votación de su proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo.
No tiene los votos desde hace meses. Junts había anunciado que su voto sería negativo desde antes incluso que la reforma fuera validada por el Consejo de Ministros.
Directos hacia una derrota
La suya fue la enmienda de totalidad más anticipada, anunciando su registro sin haber recibido el proyecto en el Congreso.
Pese a ello, Trabajo decidió que la primera votación, la de totalidad, debía celebrarse antes del parón parlamentario por vacaciones. En junio o en una sesión extraordinaria en julio. Con o sin los apoyos.
Y a ello se encamina, tras cerrar el plazo de enmiendas de devolución y programar un Pleno el próximo 22 de julio para, entre otras cuestiones, debatir y votar las enmiendas de totalidad registradas. Además de Junts, han registrado la suya PP y Vox. Todas de devolución.
Los de Carles Puigdemont son imprescindibles. Este jueves fueron convocados por el Ministerio de Trabajo, dentro de la ronda de reuniones prevista con los grupos y que no pudo celebrarse la semana pasada.
En el mismo sitio: «en las antípodas»
“Estamos donde estábamos. En las antípodas”, resumen desde Junts. No hay cambios en su postura, reacia a aceptar una reducción de media hora al día por su impacto en la pequeña y mediana empresa.
En Cataluña defiende los intereses de estas empresas Pimec, que es partidaria de negociar de nuevo el proyecto. Pero, si tuviera que ser en el Congreso, exige acometer vincular la reforma a índices de absentismo y productividad, cambios en la regulación de las horas extra y una normativa menos exigente en el registro horario.
Ninguna cuestión concreta, aseguran desde Junts, fue trasladada por Trabajo, que sí llegó a poner encima de la mesa ayudas millonarias para facilitar la reducción de jornada en las empresas con menos músculo.
Junts, al igual que la patronal catalana, también exige negociar la norma en el diálogo social y subraya que el marco actual de negociación exige a las organizaciones más representativas en Cataluña, entre ellas Pimec.
Estrategia no compartida en el Gobierno
La voluntad de Díaz de llevar a votación, tenga o no los votos, el que fuera su proyecto estrella –fuentes del Ministerio rechazaron esta misma semana tal calificativo ante los medios de comunicación— ha sido puesta en cuestión por su propio socio de Gobierno.
Varios dirigentes del PSOE, tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario, expresaron esta semana su escepticismo ante esta estrategia, por el riesgo de que la oposición infrinja una nueva derrota al Ejecutivo y descarrile el proyecto.
Hasta ahora, el Gobierno ha optado por retrasar cualquier iniciativa, meses si hace falta, para asegurar los votos, ante su manifiesta debilidad parlamentaria. Esta ha sido, hasta ahora, la estrategia seguida en la reducción de jornada.
En todo caso, fuentes socialistas en el Gobierno ven margen para alcanzar un acuerdo con Junts, aun teniendo en cuenta el elevado precio que, recuerdan, los de Puigdemont exigen para dar su voto.
















