Junts, ERC, Comuns y CUP reclaman a la Defensora del Pueblo catalana indagar abusos en la mili

Junts, ERC, Comuns y CUP piden a la Síndica de Greuges investigar de oficio abusos y muertes en la mili y reclamar reparación para las víctimas.

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La sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino - Europa Press

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Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado este jueves en el Parlament de Cataluña una propuesta de resolución en la que instan a que la Síndica de Greuges de Cataluña abra de oficio una investigación sobre los presuntos casos de “vejaciones, maltratos, agresiones y muertes de numerosos jóvenes” durante el servicio militar obligatorio a finales del siglo XX, según detallan en un comunicado conjunto.

En la parte expositiva del texto, los grupos recuerdan que en los últimos meses han salido a la luz diversos testimonios que describen este tipo de episodios, que a su juicio “no responden a episodios aislados”, sino que se inscribirían en una dinámica estructural de impunidad y de negligencia por parte de las instituciones, según recogen literalmente.

Por este motivo, reclaman a la Sindicatura que ponga en marcha una actuación de oficio sobre los casos ya documentados, con especial atención a los jóvenes reclutas originarios de Cataluña, y que, a la vez, inste al Defensor del Pueblo a impulsar una investigación “exhaustiva e independiente” en el ámbito estatal sobre estos hechos.

La propuesta plantea que esta investigación incluya un registro de los suicidios, de las muertes en circunstancias no aclaradas y de las denuncias de abusos ocurridas en ese periodo, así como un estudio sobre las posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares, y sobre los mecanismos de supervisión que estaban vigentes.

Asimismo, los grupos parlamentarios piden al Govern que, una vez se hayan verificado los hechos, reclame al Gobierno central un reconocimiento público a las víctimas, la puesta en marcha de medidas de “reparación moral, simbólica y económica” y la garantía de acceso a asesoramiento jurídico gratuito y apoyo psicológico tanto para las personas afectadas como para sus familiares.