QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«El PSOE podrá tener el poder, pero no podrá ejercerlo«. Así ha resumido el presidente de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, las consecuencias de la ruptura del acuerdo entre su partido y los socialistas, en el caso de que la militancia refrende la decisión adoptada hoy por la Comisión Ejecutiva de la formación independentista, reunida en Perpiñán.
Puigdemont descarga así toda la responsabilidad sobre lo que considera un incumplimiento de lo pactado hace casi dos años entre los dos partidos, el conocido como Acuerdo de Bruselas, por el que los siete diputados de Junts en el Congreso apoyarían la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. «Es el PSOE el que tiene que responder qué va a hacer en adelante», les ha emplazado Puigdemont al tiempo que ha traspasado la decisión última a los afiliados de Junts, alrededor de 6.345, según la memoria política del partido a cierre de 2024.
Además de los compromisos adquiridos en noviembre de 2023, el máximo mandatario del partido y actual diputado autonómico, ha recuperado otros acuerdos alcanzados durante esta legislatura como resultado de diferentes negociaciones entre PSOE y Junts para ir sacando adelante diferentes iniciativas legislativas.
¿Qué consecuencias tendrá la ruptura?
A lo largo de su comparecencia, el expresidente de la Generalitat no ha emplazado a Sánchez a convocar elecciones. Tampoco ha habido alusión alguna a una eventual moción de censura, aunque sí pone deberes al presidente del Ejecutivo y a su organización. «El PSOE tiene que reflexionar y responder a la ciudadanía cómo piensan gobernar el país», ha aseverado a la vez que les ha puesto ante el espejo de la aritmética parlamentaria: «El país tiene problemas y no se resuelven desde la minoría». «Ahora deben explicar con precisión cómo piensan gobernar más allá de su capacidad para ocupar el Gobierno».
Aunque el presidente de los independentistas no ha concretado en qué se traduce la ruptura anunciada esta tarde, sí ha mencionado explícitamente que el papel de Junts ahora será «ejercer la oposición». En palabras de Puigdemont, el final del acuerdo supone que «el Gobierno no podrá recurrir a la mayoría de investidura», lo que implicaría, al menos en estos momentos, que «no tendrá presupuestos, no podrá gobernar. Tendrá sillones, pero no podrá ejercer el Gobierno».
Pese a lo tajante de sus aseveraciones, Puigdemont habría dejado la puerta abierta a seguir participando en la actividad legislativa en las Cortes: «Si a Cataluña le beneficia, adelante», ha asegurado.
¿Qué denuncia Junts para dar por roto el acuerdo con el PSOE?
A la espera de lo que decidan los afiliados, Carles Puigdemont ha defendido que no vale la pena seguir con el acuerdo cuando «no se ejecutan la mayoría de los acuerdos políticos». Para justificar la decisión adoptada por el máximo órgano de dirección del partido, el presidente de Junts ha desgranado la relación de incumplimientos que se habrían venido dando en todo este tiempo y en qué punto se hallan varias de las reclamaciones «que siguen pendientes».
Balanzas fiscales y ejecución presupuestaria
En el plano económico, se señala a la ausencia de los datos de balanzas fiscales y de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, «importantes para abordar» los PGE de 2026 y «el modelo de financiación» autonómica.
Apenas dos meses después del Acuerdo de Bruselas, el 10 de enero de 2024, PSOE y Junts pactaban nuevas medidas para que los independentistas se avinieran a desbloquear la convalidación de dos reales decretos-ley. Además de la eliminación del IVA al aceite de oliva o la delegación de competencias sobre inmigración, el Gobierno se comprometía a la «publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales».
Más de un año después, la publicación de las balanzas fiscales «sigue sin ejecutarse». Puigdemont ha desdeñado la situación pues a su juicio afrontar una negociación presupuestaria o sobre financiación autonómico sin los datos de fiscales y de ejecución presupuestaria supone «jugar con las cartas marcadas», un «juego de trilerismo habitual«, ha calificado.
«No disponemos del cálculo formal de las balanzas fiscales», imprescindibles para «entender dónde estamos». El «apagón» de cifras en materia de ejecución presupuestaria también se ha puesto sobre la mesa. «Acaba 2025 y no disponemos de los datos de cierre de 2024», ha reprochado el mandatario de Junts. «El avance del primer semestre presentaba unas cifras de ejecución [en Cataluña] muy bajas». «Las necesitamos para monitorizar su la ejecución del año pasado se ha cumplido y ver si merece la pena confiar o no», ha despachado en relación con una posible negociación de los PGE para el próximo año.
Inversiones e infraestructuras
En su relación de agravios, Puigdemont ha mencionado en diferentes partes de su discurso la situación de Rodalies en Cataluña, que «no es algo que nos tenga satisfechos». En el capítulo de las infraestructuras también ha habido espacio para el Puerto de Barcelona o la explotación del Aeropuerto de El Prat, cuyos datos también reclaman, los de los «resultados de empresas públicas controladas por el PSOE, para saber si ganan o no dinero», y en caso afirmativo «a dónde va a parar».
Los compromisos políticos insatisfechos
Más allá de las carpetas económicas, el político independentista ha completado su enumeración de incumplimientos con los siguientes acuerdos políticos alcanzados con el PSOE y que aún están por cumplir:
- La presencia de Cataluña en organismos internacionales.
- La desclasificación de documentos, en especial para «conocer qué pasó en los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona)» del 17 de agosto de 2017.
- Recuperar las competencias eliminadas para los jueces de paz, para que puedan celebrar matrimonios. Desaparecieron durante la tramitación de la Ley de Eficiencia del servicio público de Justicia. Junts ha registrado una enmienda para ello en proyecto de Ley de regulación de lobbies que se tramita en el Congreso.
- Implementación del aval a propietarios ante situaciones de impago (tanto de alquileres como de suministros) o por destrozos en viviendas. Dentro del acuerdo por extender las medidas antidesahucios por Real Decreto-ley, Junts arrancó al Gobierno el compromiso de un mecanismo de avales para garantizar el cobro de rentas impagadas o de destrozos en viviendas. «¿Cuántos han cobrado esto hoy?», ha preguntado retóricamente Puigdemont. «Ninguno». «No se puede cargar sobre los propietarios una política social antidesahucios».
Políticas locales
El fin de las restricciones presupuestarias a las entidades locales introducidas por Cristóbal Montoro durante la primera legislatura es otra de las promesas incumplidas que reclaman desde Junts, para que los ayuntamientos «puedan disfrutar de los excesos de tesorería».
La otra reclamación en materia de entidades locales ha sido la ejecución del traspaso de competencias sobre funcionarios nacionales habilitados. Es decir, el ejercicio de competencias para regular el régimen jurídico de secretarios, interventores y tesoreros de las corporaciones locales, así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos trabajadores. PSOE y Junts tienen acordada una enmienda transaccional para ello en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado. Sin embargo, dado que la ley permanece estancada en su tramitación, los independentistas han decidido meter otra enmienda en la Ley de lobbies.
Leyes bloqueadas en el Congreso
En lo que a las Cortes Generales se refiere, el expresidente catalán pide «la descongelación de leyes, leyes ya negociadas que duermen el sueño de los justos». Puigdemont se ha referido así a las leyes contra la ocupación ilegal de viviendas y contra los reincidentes múltiples, «ambas admitidas a trámite, pero guardadas en el cajón».
Junts llevó al Pleno del Congreso su proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, en marzo de 2024. La propuesta señala «la insuficiente respuesta penal» ante los «hurtos multirreincidentes» y propone el aumento de las penas por determinados hurtos y que la reincidencia sea motivo de agravante, entre otras medidas. Tomada en consideración en septiembre del año pasado, la iniciativa cerró el plazo de enmiendas en febrero de este 2025. Desde entonces, permanece paralizada a la espera de que se constituya su ponencia. El PSOE apoyó la tramitación, no así Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG. ERC, por su parte, se abstuvo.
La agilización de desocupaciones y de lanzamientos de inmuebles ocupados ilegalmente es el objetivo de la otra proposición de ley a la que se ha referido Puigdemont. La toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes frente a la ocupación se debatió en marzo de este año. De nuevo fue apoyada por los socialistas y contó con la oposición de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Tras 19 ampliaciones del plazo, a día de hoy sigue en periodo de enmiendas.
«Mano tendida» en el PSOE y llamada a «trabajar» del PNV
El quiebre de relaciones de Junts supone un golpe en la línea de flotación a la Legislatura y a la gobernabilidad, pese a lo cual, el Grupo Socialista en el Congreso insiste en quitarle hierro al asunto. Los socialistas mantienen la “mano tendida” a la formación catalana y continuarán negociando cada iniciativa, como hasta ahora. “Seguiremos ofreciendo la que es, ha sido y será nuestra mejor baza: el diálogo”, explican fuentes consultadas por Demócrata.
Con respecto a la denuncia de Junts de que no se están cumpliendo los pactos, la opinión de Ferraz es diametralmente opuesta: “Entendemos que tanto el Gobierno como el PSOE estamos cumpliendo lo pactado; en lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla”, informa Adrián Lardiez.
Por su parte, en el Gobierno creen que sigue existiendo la posibilidad de dialogar con los independentistas catalanes, si bien los gestos ahora tienen que darse desde el Ejecutivo a Junts, aseguran fuentes de La Moncloa consultados por este diario. Desde Junts no cierran la puerta, a la espera de cómo puedan evolucionar los incumplimientos denunciados.
Desde el PNV consideran que la fractura con Junts constata “que existe una mayoría negativa en el Congreso” y que, si bien “el Gobierno no va a caer mañana por la mañana”, sí que “habrá que ver como evoluciona”. “Sánchez debe asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías”.
A juicio de los nacionalistas vascos , “un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo”.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
La salud de las relaciones entre Junts y el PSOE flaqueaba desde hace ya un tiempo. La ruptura anunciada hoy por Puigdemont, es resultado de «un proceso de evaluación a mitad del recorrido, para medir los resultados y en consecuencia tomar decisiones», ha justificado el político catalán, que ha fechado en hace un año el momento en el que se disparan las primeras alertas. «Sabíamos desde el principio del tactismo del PSOE, pero no estábamos dispuestos a mantener en estas condiciones toda la legislatura», ha abundado el líder Junts para exponer el contexto que les ha llevado a proponer a sus bases el fin del pacto con los socialistas.
El registro de una moción para instar al presidente del Gobierno a que se sometiera a una moción de confianza fue el instrumento adoptado entonces para llamar la atención de Pedro Sánchez. No obstante, «la mediación en Suiza sugirió que, a la vista de los compromisos explícitos del PSOE, sería interesante conceder una prórroga para ver si los compromisos se materializaban», siempre según la versión del actual diputado autonómico.
«Hemos hecho todo lo necesario para que se cumpliera el acuerdo. El PSOE ha ignorado su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso, incluso menospreciando los avisos lanzados en este tiempo», ha explicado Puigdemont. «Lo que nos llevó a Suiza a hablar del Acuerdo de Bruselas es lo que hicimos hace 8 años en el Parlament [en referencia a la declaración unilateral de independencia]«. «Esa es la función de Junts. Hemos estado en los debates sobre la subida del SMI, en vivienda, pensiones y su revaloración según el IPC… No los hemos evitado, pero no éramos los socios imprescindibles».
Los logros reivindicados por Puigdemont
Para poner en valor a sus siete diputados y la labor desplegada en las Cortes, Puigdemont ha esgrimido una hoja de servicios logrados en Madrid:
- Catalanización de La2, de RTVE, en Cataluña. El pasado 11 de septiembre se lanzaba un nuevo canal en la comunidad autónoma con el grueso de su parrilla en catalán.
- Uso de lenguas en Congreso. Consecuencia del acuerdo para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
- La aprobación de la Ley ELA, resultado de tres proposiciones de ley de PP, PSOE y Junts. «Aunque lejos de garantizar que se cubran las necesidades de estos enfermos», ha reivindicado.
- La bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de monitores y entrenadores deportivos amateur.
- La obligatoriedad de responder en catalán en ciertos servicios, en alusión a la enmienda introducida en la Ley de Atención a la Clientela, que se tramita en el Congreso.
- El freno al impuesto a las mutuas de salud o de la subida las cuotas de autónomos, según ha asegurado el expresidente catalán.
