Junts tiene previsto defender en el próximo pleno del Parlament que el proyecto de Presupuestos de 2026 incorpore la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF y la revisión de los mínimos “para neutralizar el efecto de la inflación y reducir la carga fiscal de las rentas más bajas”.
Esta reclamación figura en una moción de Junts derivada de la interpelación al Govern sobre la situación del mercado laboral, que se debatirá en la sesión plenaria programada para mediados de abril.
Además de esta iniciativa, Junts ya avanzó que registrará una proposición de ley que recoja las medidas trasladadas al Govern para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, entre ellas la reducción del IRPF para rentas bajas y medias.
La moción también plantea que, en el tramo autonómico del IRPF, los contribuyentes que cobran pensiones tributen con los mismos tipos marginales que los aplicados en el tramo estatal, así como la creación de un ‘paquete fiscal joven’ con un programa de exención y bonificación progresiva de dicho tramo para menores de 35 años.
Medidas sobre pensiones y envejecimiento activo
Otro de los puntos defiende fijar un complemento autonómico para las pensiones de viudedad y para las del régimen especial de trabajadores autónomos que queden por debajo del umbral de referencia, y favorecer la plena compatibilidad entre la percepción de pensiones contributivas y el desempeño de una actividad profesional, “eliminando restricciones y penalizaciones” con el objetivo de impulsar el envejecimiento activo.
La moción también insta al Govern a realizar un estudio que valore el cambio del modelo de gestión de las políticas de empleo hacia un sistema mixto con participación de agentes públicos y privados, y a promover una ley del aprendiz que regule y fomente la formación dentro de las empresas.
Asimismo, el texto plantea que el Parlament inste a la Generalitat a abrir una negociación con el Gobierno para lograr el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, con el fin de integrarlas con las políticas activas en Cataluña, así como las competencias en materia de Seguridad Social para poder “gestionar las pensiones de los catalanes ante el incremento del coste de la vida en Cataluña”.
Por último, se reclama el traspaso “de la deuda histórica en materia de pensiones con Cataluña” y que la Cámara catalana deje constancia de la necesidad de constituir una comisión de estudio que analice las políticas necesarias para alcanzar la plena ocupación.