QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo martes, el Senado abordará una moción presentada por Junts per Cataluña, que solicita al Gobierno impulsar la condonación de la deuda de los ayuntamientos. Esta propuesta busca emular la normativa recientemente aprobada para las comunidades autónomas y plantea una modificación en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que los remanentes de tesorería se empleen en “proyectos de utilidad” para los ciudadanos y no solo en la reducción de la deuda municipal.
La propuesta de Junts nace tras una interpelación a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se discutieron aspectos de la autonomía financiera municipal. Durante el debate, la senadora de Junts Maria Teresa Pallarés sugirió que el Estado debería asumir la deuda de las corporaciones locales, preguntando “¿Por qué no?”, aunque Montero solo se comprometió a revisar las medidas propuestas sin mencionar específicamente esta cuestión.
En «coherencia» con la quita autonómica
La moción presentada por Junts insta al Gobierno a crear un mecanismo de condonación de la deuda municipal, “en coherencia con la medida ya aplicada a las comunidades autónomas”. El objetivo es reducir la carga financiera de los ayuntamientos más endeudados y mejorar su capacidad de inversión y prestación de servicios. Además, proponen un plazo “máximo” de seis meses para realizar las modificaciones legislativas necesarias que permitan a los ayuntamientos destinar sus excedentes a proyectos de utilidad directa para los habitantes, evitando restricciones a la amortización de la deuda.
Asimismo, sugieren aceptar los informes de intervención municipal como prueba suficiente para autorizar usos específicos de esos fondos, eximir a los municipios sin déficit estructural de la obligación de presentar un Plan Económico y Financiero (PEF), revisar la regla de gasto para adaptarla a las necesidades de los municipios, y desarrollar mecanismos de compensación por la pérdida de ingresos debido a reformas fiscales y reconocer a los consejos comarcales e insulares como beneficiarios de estos nuevos mecanismos.
