El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha solicitado "formalmente" al SUP una "retractación y rectificación inmediata, expresa e inequívoca" tras "la difusión de comunicados y manifestaciones que han derivado en un señalamiento público injustificado" hacia la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial, afiliada de JUPOL en Navarra.
Según esta organización, "las declaraciones vertidas han generado un impacto directo y grave sobre su honor, su reputación profesional y su trayectoria dentro del Cuerpo Nacional de Policía".
El posicionamiento de JUPOL se ha hecho público mediante un comunicado, después de que la pasada semana el SUP enviara otra nota en la que matizaba que la petición de cese de esta jefa policial "se fundamenta exclusivamente en criterios de responsabilidad institucional y en la necesidad de preservar la confianza pública en la organización policial" a raíz de la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual por sumisión química ocurrida en Pamplona en 2016.
Desde JUPOL se estima "inadmisible" que, "ante un asunto de esta gravedad, se haya optado por modificar el enfoque de las acusaciones, de lo penal a lo disciplinario y posteriormente a una difusa 'responsabilidad institucional', sin asumir el error ni reparar de manera efectiva el daño causado".
En palabras del sindicato, "no basta con cambiar el rótulo del reproche; el perjuicio ya está hecho". A su entender, "una rectificación ambigua, parcial o meramente retórica no solo no repara el daño, sino que lo prolonga en el tiempo".
Por ello, la organización exige que "la retractación se produzca con la misma relevancia y difusión que tuvieron las manifestaciones originales, incluyendo la retirada inmediata de cualquier contenido lesivo" y que se asuma "el compromiso firme de cesar en cualquier insinuación o atribución que no esté sustentada en hechos ciertos y debidamente contrastados".
JUPOL ha mostrado además su rechazo "frontalmente que tensiones internas, disputas orgánicas o intereses ajenos puedan traducirse en ataques personales y profesionales contra una funcionaria concreta, y menos aún contra una afiliada de esta organización".
El abogado director de la estrategia jurídica del caso, Eduardo Antonio Ortega Noguero, ha subrayado que "la libertad de expresión sindical no ampara el señalamiento injusto ni la difusión de imputaciones o insinuaciones sin base objetiva, y menos aún cuando se insiste en ellas tras haber sido advertidos formalmente".
En la misma línea, ha advertido de que "si el SUP no rectifica de inmediato en términos claros, verificables y eficaces, se activarán las acciones necesarias para lograr la cesación de la intromisión y la reparación íntegra del daño causado, sin descartar ninguna vía legal".
JUPOL ha reiterado su "apoyo total y sin fisuras" a la comisaria afectada y ha asegurado que "ya se ha activado el dispositivo jurídico e institucional necesario para frenar el daño reputacional y restablecer la verdad de los hechos".
Finalmente, la organización ha remarcado que su "prioridad" es "proteger a sus delegados y afiliados, así como salvaguardar la integridad del servicio público frente a campañas de descrédito que carecen de rigor y responsabilidad".