QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego ha llevado al trámite de audiencia pública el Proyecto de Real Decreto por el que se aprobará el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud (INJUVE). El plazo para presentar aportaciones terminará el 13 de septiembre.
Hasta la creación del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia, el INJUVE era el organismo responsable de la política del Gobierno en materia de juventud y el vertebrador del conocimiento de la realidad juvenil a nivel estatal.
La finalidad del organismo es promover que «las personas jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida con derecho efectivo a diseñar y desarrollar sus propios proyectos vitales».
El nuevo Estatuto
El Real Decreto busca aprobar un nuevo estatuto para el INJUVE ya que el que está en vigor tiene una antigüedad de 19 años y se considera desactualizado desde varias perspectivas. Es necesario adaptarlo a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, además de integrarlo en el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno, a
través de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia.
El Injuve tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar. El nuevo texto, también pretende modernizar los objetivos del Instituto y acercarlos a las demandas de la población joven.
Además, se creará formalmente la unidad de igualdad del INJUVE para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. El Proyecto plantea también la supresión de la Subdirección General de Cooperación Interior y Exterior y la División de Programas.
El texto hace hincapié en la necesidad de que el Instituto apoye la formación en el entorno digital y la información, la salud y el bienestar emocional de la juventud online y offline.
Funciones del Instituto
- Desarrollo de programas en el ámbito de la educación no formal
- Cooperación con la Comisión Europea para la ejecución de sus programas de juventud
- Desarrollo de programas de voluntariado
- Interlocución con el tejido asociativo juvenil de ámbito estatal
- Interlocución con el Consejo de la Juventud de España
- Análisis de las realidades juveniles y la difusión social de sus resultados
- Sensibilización en materias de interés de la juventud
Estructura
El instituto estará dirigido por la Presidencia y el Consejo Rector. La Presidencia corresponderá a la persona titular del Ministerio de Juventud e Infancia que también presidirá el Consejo Rector y la Comisión Interministerial para la Juventud. Es función de la Presidencia proponer al Consejo Rector la aprobación del plan anual de actuación del INJUVE.
El Consejo Rector está integrado por las organizaciones representantes de intereses sociales para la participación en las políticas gubernamentales en materia de juventud. La Presidencia del Consejo correspondiente a cargo del presidente del INJUVE y la Vicepresidencia la ostenta la persona titular de la Dirección General del Instituto.
Por parte del INJUVE, ocupan vocalías en el Consejo Rector: la persona titular de la Secretaría General, la persona titular de la Subdirección General de Programas Europeos y Cooperación Internacional, la persona titular de la Subdirección general de Información, Programas e Igualdad y la persona titular de la unidad de apoyo de la Dirección General. A su vez, por parte de la Administración General del Estado, ostentan vocalía: la persona titular de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia y la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Juventud.
La juventud tiene voz propia en el Consejo a través de las vocalías que corren a cargo del Consejo de la Juventud de España (CJE). En concreto, el CJE cuenta con una vocalía destinada a su presidencia, otra a la Vicepresidencia de la Comisión Permanente y otras cuatro destinadas a representantes juveniles nombrados por la Presidencia del CJE.
Desde el departamento de Rego señalan que la adopción del nuevo estatuto «responde fundamentalmente a la necesidad de adaptar el actual a los cambios acaecidos en la realidad social y a la evolución de las organizaciones del sector público que hacen necesario revisar, redefinir y actualizar su compromiso y funcionamiento».
