El programa económico de PSOE y Sumar para reeditar un nuevo Gobierno de coalición está fuertemente marcado por la agenda del Ministerio de Trabajo, pero también por las políticas energéticas y de transición ecológica.
De estas carteras proceden apuestas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la modificación de la normativa relativa al despido, la creación de un regulador específico para el sector energético o la reforma en el mercado eléctrico.
El programa pone especial énfasis en normativa aprobada en la pasada legislatura, que se prorroga, como las bonificaciones al transporte público durante el próximo año, pero también aquella a la que es necesario dar continuidad o incluso completar.
Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Vivienda, en la que ambos socios han pactado poner de inmediato un índice de precios, con el que poder aplicar la regulación de precios, o abordar la regulación de las viviendas turísticas, que no se trató entonces.
Otro deber pendiente de la pasada legislatura es la reforma fiscal, en la que se espera un mantenimiento, tras su rediseño, de los impuestos a banca y energéticas, y un mínimo de tributación del 15% sobre resultado contable de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
También se incluye normativa que no pudo culminar su tramitación por la disolución anticipada de las Cortes, como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Desperdicio Alimentario o la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
TRABAJO Y CONCILIACIÓN
Compromiso de adoptar en el diálogo social las medidas laborales contenidas en el acuerdo.
Reducción de la jornada laboral máxima legal, sin reducción salarial, en 37,5 horas a la semana. Su aplicación será progresiva, con una rebaja a 38,5 horas en 2024 y culminación en 2025. A partir de ahí, evaluación de los resultados y avanzar en la disminución de la jornada atendiendo las características de los distintos sectores, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
Extensión de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas y permisos retribuidos para cuidados de al menos 4 semanas por hijo/hija
Nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI que contemple:
- Revisión de las causas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y los descuelgues de convenios por parte de las empresas. Sólo podrá recurrirse a ello en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa, deberán ser negociados y se garantizará su carácter reversible.
- Refuerzo de la causalidad en los supuestos para el despido y mayores garantías para los trabajadores, en cumplimiento de la Carta Social Europea.
- Mejora de la información económica en la negociación de convenios colectivos
Asegurar en el Estatuto de los Trabajadores el aumento del SMI y la garantía de su poder adquisitivo en el 60% del salario medio.
Plan de choque contra el desempleo juvenil con mecanismos de formación en alternancia con el empleo, y contra el paro de larga duración, con un perfil individualizado.
Simplificación y mejora de las prestaciones sociales, permitiendo su compatibilidad con el trabajo.
Nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato relevo, atendiendo a la mayor penosidad de determinadas actividades a partir de cierta edad.
Cuota reducida (tarifa plana) a autónomos en su cotización a la Seguridad Social cuando haya una caída de los ingresos y se declaren por estimación directa ingresos inferiores al SMI, sin pérdida de derechos de protección social.
AGENDA LEGISLATIVA Estatuto del Trabajo del siglo XXI (revisión del despido, descuelgues, información en negociación colectiva) Ley de usos del tiempo (facilitar una organización más equilibrada entre hombres y mujeres) Ley de Participación institucional (regular la presencia de interlocutores sociales en órganos de la Administración y desarrollo de reglas de representatividad empresarial para participación de las pymes) Ley integral de impulso a la economía social (modificación de la Ley de cooperativas, Ley de empresas de inserción y Ley de la economía social) Actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales (actualización del catálogo de enfermedades profesionales, notificación del accidente, nuevos riesgos asociados a las TIC, psicosociales, digitalización y robotización) Estatuto del becario Regulación de la jubilación parcial y contrato relevo
FISCALIDAD
Reforma global del sistema fiscal para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea, orientada a lograr una mayor contribución de grandes empresas y patrimonios y rentas de capital, y contra el fraude fiscal.
Revisión de los gravámenes sobre banca y energéticas para su adaptación y mantenimiento tras acabar su período de vigencia.
Evaluación de los resultados del impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas para la tributación de los grandes patrimonios en el nuevo modelo de financiación autonómica, con el fin de acabar con la competencia fiscal entre territorios.
Establecimiento de un mínimo del 15% de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de recaudar 10.000 millones de euros más.
Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal, con el refuerzo y la modernización de los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria.
Fiscalidad verde bajo el principio de ‘quien contamina, paga’, con medidas de compensación atendiendo a criterios redistributivos
Plan de Fiscalidad Saludable para la aplicación de impuestos contra la alimentación no saludable.
AGENDA LEGISLATIVA Reforma fiscal (atendiendo a las conclusiones de los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda) Impuestos a la banca y energéticas (adaptación para su continuidad a partir de 2024) Ley de apoyo al mecenazgo
VIVIENDA
Aumento del parque público de vivienda para alquiler, con el objetivo de alcanzar el 20% del parque total de vivienda. Se recurrirá a mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, viviendas de nueva construcción y movilizando vivienda vacía. También de las viviendas propiedad de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’.
Blindaje del uso público y social de aquellas viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible.
Definición inmediata del índice de precios de referencia para poder declarar zonas tensionadas y regular los precios del alquiler.
Revisión de la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas.
Creación de un registro de viviendas vacías en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos a partir de la información publicada en el INE.
AGENDA LEGISLATIVA Regulación de alojamientos turísticos
SECTOR FINANCIERO
Elevación a 37.800 euros del umbral para acceder a las medidas de apoyo para personas afectadas por la subida de tipos de interés de sus hipotecas, con la ampliación de su crédito hasta siete años y la congelación de la cuota un año.
Negociación con las entidades financieras de medidas como facilitar la amortización anticipada de la hipoteca, su reestructuración o la dación en pago.
Eliminación de obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, con el refuerzo de la supervisión financiera y de competencia.
Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para la protección de los consumidores del sector bancario, asegurador y servicios de inversión (iniciativa frustrada por la disolución de las Cortes).
Eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla.
Plan en coordinación con el Banco de España para evitar la exclusión de colectivos sociales y afrontar las consecuencias del cierre de oficinas y cajeros en zonas con menor población.
AGENDA LEGISLATIVA Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
MOVILIDAD
Mantenimiento de la reducción del precio de los abonos de transporte durante todo 2024, transformando esta medida en permanente para determinados colectivos con la cofinanciación de administraciones territoriales.
Reducción de los vuelos domésticos en rutas en las que exista alternativa ferroviaria (excepto en vuelos que conecten con rutas internacionales).
Regulación de la red mallar de infraestructuras para que las redes de comunicación se desplieguen de esta forma, y no de forma radial.
Impulso al transporte ferroviario, con la promoción del transporte de mercancías y el desarrollo de corredores conectados con puertos y centros logísticos.
Ampliación de la financiación del Corredor Mediterráneo e impulso a su conexión con el Corredor Cantábrico.
Experiencia piloto de Obligación de Servicio Público aérea entre Menorca y Barcelona, con la posibilidad de ampliarlo a las conexiones de Ibiza y Menorca con Madrid, Barcelona y Valencia.
Simplificación de las ayudas de compra del vehículo eléctrico, haciéndolas más progresivas. Impulso de una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.
AGENDA LEGISLATIVA Regulación de la red mallar de infraestructuras
ENERGÍA Y ECONOMÍA VERDE
Desarrollo de una política industrial verde que favorezca la instalación de industrias en territorios y comarcas generadoras de energía renovable, la aprobación de planes de descarbonización.
Revisión de los objetivos climáticos.
Simplificación y agilización de los trámites para proyectos de energía renovable, promoción de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, con la eliminación de barreras, y la rehabilitación de viviendas para mejora de la eficiencia energética.
Creación de la Comisión Nacional de la Energía como regulador especializado para modernizar la normativa del sistema eléctrico y prepararlo para el objetivo de neutralidad climática. Se reforzarán sus capacidades de inspección y el seguimiento del cumplimiento de la normativa.
Reserva de cuota específica en las subastas de energía renovable para instalaciones de pequeño tamaño, para las promovidas por entidades locales, cooperativas de consumo de proximidad, e introducción de criterios de sostenibilidad.
Revisión de los mecanismos de protección a consumidores para doblar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico.
Despliegue racional del hidrógeno renovable en procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo).
Compromiso con el cierre planificado y acordado de centrales nucleares entre 2027 y 2035.
AGENDA LEGISLATIVA Ley contra el desperdicio alimentario Nuevo reglamento de residuos y envases Desarrollo de la Ley de Residuos y suelos contaminados
SECTOR PRIMARIO
Monitorización de mercados de los principales productos, en parámetros como precios de origen, mayorista, destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones.
Establecimiento de un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos.
Plan Estratégico de la Producción Ecológica para fomentar el consumo de alimentos de calidad diferenciada.
Ley de la Agricultura Familiar para priorizar estas explotaciones.
Mejora de los canales de comercialización e inclusión de canales alternativos de proximidad y venta directa a través de un decreto de primera venta; mejora de los mecanismos de trazabilidad y etiquetado de productos pesqueros.
AGENDA LEGISLATIVA Ley de la Agricultura Familiar Decreto de primera venta (mejora de canales de comercialización e inclusión de canales alternativos de proximidad)
MERCADOS Y EMPRESAS
Limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas.
Más medios a los organismos reguladores para desarrollar correctamente su tarea de supervisión.
Creación del Consejo Nacional por la Productividad y elaboración de una Estrategia Integral para la Productividad para coordinar políticas de educativas, laborales y de innovación tecnológica.
Simplificación de los trámites de las empresas con las administraciones públicas, con una nueva plataforma digital para la facturación electrónica con la que reducir sus costes operativos.
Modernización del Sistema Arbitral de Consumo, renovación del Consejo de Consumidores y Usuarios y mejora de los mecanismos procesales para la defensa de intereses colectivos. Nueva Ley de Condiciones Generales de la Contratación y Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Revisión de los instrumentos financieros al servicio del sector productivo (ICO, CDTO. ENISA, entre otros) para mejorar la financiación pública a proyectos de transformación económica, particularmente aquellos relacionados con la transición ecológica y la reindustrialización.
Ampliación al conjunto de pymes y autónomos del programa Kit Digital, digitalización de trámites empresariales, desarrollo de los instrumentos de la Ley de Startups.
AGENDA LEGISLATIVA Reformas de la Ley de Defensa de la Competencia y de la Ley de creación de la CNMC (limitar la excesiva concentración empresarial, promover competencia en mercados y supervisión adecuada) Ley de Condiciones Generales de la Contratación Ley de Servicios de Atención a la Clientela