La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP, la Proposición de Ley registrada por Más Madrid que planteaba fijar en 35 horas semanales la jornada de los empleados públicos de la Comunidad, en línea con lo aprobado recientemente en la Administración General del Estado.
La iniciativa llegaba al Pleno prácticamente sin opciones de prosperar, después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, expresara de forma tajante su oposición en la sesión anterior.
En aquella ocasión, y en respuesta a una pregunta sobre si el Ejecutivo autonómico contemplaba replicar el modelo de la AGE, Albert sostuvo que la reducción a 35 horas para los funcionarios del Estado ha implicado “perder 17.000 puestos a tiempo completo”.
Para defender la propuesta ha intervenido la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez, que ha argumentado que una sociedad progresa cuando “gana derechos, tiempos de vida y bienestar” y que, para que una organización funcione, no es necesario “apretar más, exigir más, controlar más”.
Rodríguez ha contrapuesto dos visiones ideológicas al asegurar que “La derecha convierte el trabajo en presión. La izquierda entiende que el trabajo debe ser compatible con vivir. La izquierda sospecha siempre del trabajador. La izquierda confía en las personas sin su capacidad cuando se las trata con dignidad”, y ha presentado la rebaja de jornada como un asunto de “igualdad” y “corresponsabilidad”, puesto que las jornadas extensas “no afectan por igual a todo el mundo”.
El diputado socialista Daniel Rubio también ha respaldado la reducción de jornada y ha puesto en valor que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, haya impulsado este cambio en la AGE.
Según Rubio, “Ha sido el resultado de una negociación que era compleja, con un compromiso claro por mantener la calidad de los servicios públicos, los derechos laborales y acompañada con unas garantías de prestación del servicio”, al tiempo que ha recordado que medidas similares se han implantado en otros ejecutivos autonómicos y ayuntamientos, y que la negativa procede del PP madrileño.
Desde las filas del PP, la diputada Ainhoa García Jabonero ha reprochado a la izquierda que vuelva a plantear esta rebaja justo después de su entrada en vigor en la Administración General del Estado, únicamente para “sumarse a la trampa del Gobierno de Sánchez”. Ha denunciado que “A día de hoy no sabemos cuál será el coste de esta medida y no lo sabemos oficialmente porque el Gobierno de España no ha sido capaz de presentar ningún estudio de impacto”.
García Jabonero ha insistido en que se trata de una decisión con “un coste elevado” y que, por ello, como mínimo habría que “tomárselo en serio” y estudiar sus consecuencias. Asimismo, ha subrayado que el contexto demográfico es clave, ya que en los próximos cinco años “cerca del 20% de la plantilla” se jubilará y muchos empleados públicos superan ya los 50 años.
Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha señalado que el verdadero problema en la Comunidad de Madrid no es “la falta de dinero” sino “la falta de valentía, de decisión política y de principios”, defendiendo que en este ámbito también debería aplicarse “el principio de prioridad nacional”.
En esta línea, ha reclamado que “Deberían estar por delante los derechos de nuestros trabajadores, los derechos de nuestros empleados públicos, antes que cubrir los gastos derivados de una inmigración ilegal, irregular, masiva, que colapsa”.