La AUGC alerta del auge del narcotráfico en la costa de Almería: “Cada año se hacen más fuertes y vienen más”

La AUGC denuncia el auge del narcotráfico en la costa de Almería y la pérdida de control del Estado ante las narcolanchas, con especial preocupación en Pulpí.

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Narcolanchas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). IPG

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a poner el foco en el repunte del narcotráfico en el litoral de Almería y ha avisado de que las redes criminales “cada año se hacen más fuertes y vienen más”, en un escenario marcado por la presencia continuada y visible de narcolanchas en distintos tramos del litoral, sobre todo en la zona del Levante y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de la AUGC en la provincia, Víctor Vega, ha denunciado una “pérdida total del principio de autoridad” del Estado ante una realidad en la que, según ha indicado, en los últimos días se ha comprobado la circulación de grupos de narcolanchas por la costa oriental almeriense, incluida una embarcación que alcanzó San Juan de los Terreros.

Vega ha explicado que este desplazamiento de las embarcaciones es consecuencia de la presión que ejerce el buque de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', que ha intentado sin éxito interceptar a algunas de ellas. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, ha señalado.

El representante de la AUGC ha recalcado que este escenario pone de manifiesto la enorme dificultad para actuar contra estas lanchas rápidas tanto desde tierra como desde el mar. Ha detallado que, en la práctica, solo se logra su interceptación “cuando tienen una avería o algún tipo de problema por falta de combustible”, mientras que en el resto de ocasiones resulta “casi imposible” detenerlas, a lo que se suma que “las penas son irrisorias”.

Según ha advertido, la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “se están convirtiendo en una especie de tren de la bruja”, aludiendo a la merma de autoridad frente a estas organizaciones criminales, sin que se adopten medidas eficaces para “frenarlas”. En esta línea, ha rechazado los mensajes oficiales que hablan de avances en la lucha contra las mafias, ya que, a su juicio, “es totalmente lo contrario”.

Vega ha reiterado que el Ejecutivo “vive muy alejado del día a día” y ha avisado de que el Estado ha perdido “el control de nuestras aguas territoriales”. “Hoy en día, como se puede ver en toda la costa, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico”, ha manifestado.

Las críticas de la AUGC se producen en paralelo a la difusión, en los últimos días, de imágenes y vídeos en redes sociales en los que se aprecia a varias narcolanchas fondeadas a muy poca distancia de la orilla en puntos como la Cala del Plomo, sin rastro de patrulleras en la zona, una escena que la asociación ha tildado de “humillante”.

Desde la AUGC han añadido que los guardias civiles desempeñan su trabajo “sin medios ni reconocimiento”, mientras que las organizaciones criminales operan “sin ningún pudor y casi con exhibicionismo”.

Preocupación en Pulpí y reunión con la Subdelegación del Gobierno

El problema ha despertado también una honda inquietud institucional en el Levante almeriense, en especial en el municipio de Pulpí, cuyo alcalde ha exigido públicamente al Gobierno central un refuerzo de los efectivos y recursos de la Guardia Civil ante una presencia de narcolanchas que, según ha avisado, se ha convertido en el “día a día” en áreas como San Juan de los Terreros.

En este marco, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el regidor de Pulpí, Juan Pedro García, celebran este martes en la capital una reunión solicitada por el Ayuntamiento para tratar el aumento de las narcolanchas y el incremento del denominado 'petaqueo' en la costa pulpileña.

Al encuentro asisten también la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez Requena, un representante de la Policía Local y varios vecinos de San Juan de los Terreros, en una cita convocada para estudiar una problemática frente a la que el Consistorio ha admitido que “no puede luchar” con sus propios recursos.