QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El nuevo modelo organizativo en la Justicia dio este lunes un paso más en el Congreso. La Comisión de Justicia aprobó la reforma de eficiencia judicial y envió el proyecto de ley al Pleno del Congreso para su examen la próxima semana.
La propuesta del Gobierno de PSOE y Sumar fue apoyada en Comisión por Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, PNV y Podemos, mientras que el PP y Vox votaron en contra.
Para superar el veto de estas formaciones, el Ejecutivo ha alcanzado en las últimas semanas una serie de acuerdos, como por ejemplo el mantenimiento de los jueces de paz, una exigencia de ERC y Junts ante la desaparición de esta figura prevista en el proyecto.
Ampliadas las funciones de los jueces de paz
Finalmente, no sólo continuarán ejerciendo sus funciones, sino que las verán ampliadas al elevar de 90 a 150 euros el umbral de los asuntos civiles de los que puedan conocer.
También serán competentes para conocer en el orden penal actos de conciliación de procesos por injurias o calumnias cuando hayan sucedido en su municipio y la persona requerida tenga allí su domicilio, así como expedientes de conciliación civil de menos de 10.000 euros.
Otro de los acuerdos alcanzados es la ampliación de las funciones de los procuradores en procesos como ejecuciones de embargo, bajo la supervisión del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
La reorganización de la planta judicial, además, dará cumplimiento con lo previsto en disposiciones de las leyes de libertad sexual y de protección a la infancia y a la adolescencia .
Por un lado, para atribuir a las secciones de violencia sobre la mujer delitos de trata o contra los menores, y por otro la creación de secciones específicas en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia. También se regulan las secciones de Familia, Infancia y Capacidad.
Reformas adicionales
El proyecto incorpora, además, una serie de reformas introducidas como enmienda, como la eliminación de las Golden Visa, la obligatoriedad de celebrar una votación en las comunidades de vecinos para abrir un piso turístico, o permitir la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros cuando así se contemple en acuerdos internacionales –así se prevé en el último tratado bilateral firmado por Francia–.
También para corregir el error de la Ley de Paridad, que había rebajado la protección a trabajadores que se acogieran a un nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.
Sin acuerdo para mutualistas
La reforma que no salió adelante en Comisión fue la regularización de las aportaciones de abogados y procuradores en sus mutuas, al ser rechazadas tanto las propuestas defendidas por el PSOE como Podemos.
El sector reclama una pasarela para su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que recoja todos los años cotizados y las mutualidades abonadas para el futuro cálculo de su pensión de jubilación.
Minutos antes de la votación, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) criticó la propuesta del PSOE por excluir a algunos colectivos y no reflejar suficientemente las aportaciones realizadas por estos profesionales.
Se cae la trasposición de reclamaciones colectivas
Otra de las novedades en fase ponencia fue la supresión de todo lo relacionado con la trasposición de la directiva europea sobre acciones colectivas en materia de consumo, reforma impulsada por Consumo y Justicia contra la que se han movilizado tanto la patronal CEOE como organizaciones de consumidores como Facua por el cambio de modelo propuesto.
Además de la oposición del PP, Esquerra Republicana exigió al Ejecutivo paralizar esta parte de la norma y tramitar, si así lo quisiera, una propuesta en un texto específico.
