La Comunidad Valenciana revisará los visados para evitar nuevos casos como las VPP de Alicante

La Generalitat crea una comisión para revisar visados de vivienda tras las presuntas irregularidades detectadas en las VPP de Alicante y suspende a un funcionario.

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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en imagen de archivo JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha comunicado este martes la puesta en marcha de una comisión específica para revisar los visados de vivienda, con el objetivo de impedir que se repitan situaciones como la generada en Alicante por una promoción de vivienda pública en Playa de San Juan.

En este caso ha salido a la luz que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran como titulares de cuatro VPP. Además, se ha sabido que la Generalitat ha incoado un expediente a un funcionario por el visado de esta promoción, al ser cónyuge de una solicitante y omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte.

La Generalitat avanzó este lunes que trasladará a la Fiscalía toda la documentación recabada sobre este funcionario, que revisó, tramitó y dejó acreditado como favorable el expediente para su firma. Paralelamente, el PSPV presentó también este lunes una denuncia ante el ministerio público “tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos” relacionados con la construcción y adjudicación de viviendas de protección pública de promoción privada por parte de la Cooperativa Les Naus en un suelo de titularidad municipal.

Camarero, en declaraciones a los medios durante una visita a la Fira de Sant Blai de Torrent, ha remarcado que para la Generalitat la vivienda es “una política prioritaria” y ha avisado de que no permitirán “que se manche todo ese trabajo que venimos desarrollando durante la legislatura, ese esfuerzo y ese compromiso para que los valencianos tengamos una vivienda”.

La consellera se ha comprometido a “intensificar todos los controles que podamos” y ha explicado que, aunque “ahora había varios checks” por parte de la administración, están estudiando que, para las adjudicaciones del Plan VIVE —del que no forma parte la promoción cuestionada— y para los próximos visados, “crear una comisión de revisión y evaluación para reforzar todavía más los mecanismos”.

Más publicidad y registro específico por promoción

“No podemos tolerar que estemos en manos de un funcionario que haga trampas en un momento determinado y, por lo tanto, vamos a reforzar los mecanismos”, ha reiterado. Asimismo, ha avanzado que analizan nuevas medidas para que, cuando llegue el momento de adjudicar las viviendas del VIVE —que siguen en una fase previa y aún no se ha asignado ninguna— “haya más publicidad de la que está existiendo y también un registro de demandantes de esas viviendas”.

Camarero ha destacado que ya hay un registro general en la Generalitat, pero pretenden disponer de “uno por cada una de las promociones para que sea absolutamente transparente qué personas se apuntan, qué personas quieren formar parte de esas promociones y cómo se adjudican por parte del promotor, que no es la Generalitat. “Poner unas reglas más severas para que no pueda ocurrir ninguna irregularidad en ninguna de las adjudicaciones posteriores”, ha zanjado.

Investigación del caso Les Naus y actuación sobre el funcionario

En esta línea, ha recordado que, desde que la semana pasada se difundieron en los medios posibles irregularidades en la promoción de Les Naus en Alicante, se abrió una investigación interna y el viernes se pidió al Servicio Territorial que verificase que todas las personas que habían adquirido un piso en esa promoción “tuviesen el visado que demuestra que tienen las condiciones para ser propietarios de una VPO”.

“Nos confirmaron que así era”, ha señalado, pero al no quedar “satisfechos” solicitaron una revisión detallada “de cada uno de los expedientes” y de cada comprador. “Esos expedientes están enviados a la dirección territorial por parte de la promotora” —en este caso, una cooperativa—, ha precisado, subrayando que la Generalitat “no distribuye, no reparten, no adjudica viviendas” sino que “solo revisa si las personas elegidas por la cooperativa reúnen las condiciones para ser beneficiarias” de estas viviendas.

Tras esa doble comprobación, según Camarero, este lunes se constató que un funcionario público “había podido cometer una irregularidad” y “aprovecharse de su condición” y del puesto que ocupa “para beneficiar a un familiar en ese visado” y que, en consecuencia, “no reúne las condiciones adecuadas para ser beneficiario de VPO”.

La Generalitat ha acordado la suspensión cautelar de empleo y sueldo de este trabajador y la apertura de un expediente disciplinario “por causas muy graves”. Se trata, ha indicado, de un empleado público “que lleva muchos años en la dirección territorial”, cuyo caso ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Según los datos aportados, el funcionario es “de larga trayectoria”, entró “hace años” en la administración pública “y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto”.

“No es un cargo político y no es un cargo que hayamos decidido nosotros; por lo tanto, cuando este gobierno llega ya está”, ha enfatizado.

Respuesta contundente de la Generalitat

Según ha subrayado Camarero, “la Generalitat va a ser absolutamente contundente con estas acciones” y “no vamos a tolerar que un funcionario público pueda hacer un mal uso de su capacidad de decisión, o en este caso de visado, y no vamos a tolerar tener una oveja negra dentro de la administración que pueda perjudicar a algo tan importante como es la vivienda pública en la Comunitat Valenciana”.

En esta línea, ha defendido la “actuación inmediata” de la Generalitat cuando ha tenido conocimiento de los hechos y ha reiterado que la administración autonómica “no ha adjudicado las viviendas” sino que “tiene la obligación de visar esas viviendas y, si en el transcurso de esos visados, de la comprobación de que las personas que iban a comprar la vivienda tenían todos los requisitos imprescindibles observamos, como ha sido el caso, que un funcionario no ha hecho bien su trabajo, vamos a actuar”. Ha añadido que lo harán “en este caso y en todos los que la investigación que sigue su curso pueda derivar”.