La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha reiterado en Siero que el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, redactado por la presidenta de dicho órgano, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, le parece “un dislate jurídico” y un “despropósito político”.
Según ha subrayado, “cualquiera que conozca, haya visto o haya leído otros informes, otros dictámenes de comisiones de investigación, puede comprobar que es un dislate jurídico porque entre otras cosas, ni la Inspección General de Servicios, ni la Comisión de Investigación a lo largo de todas las semanas de comparecencias, ni la propia investigación judicial que está en marcha y cuyo único investigado es en este caso la empresa, ha acreditado una relación causa-efecto entre la Administración y el accidente”.
El texto impulsado por Tomé, presentado este martes, señala a siete responsables personales dentro de la Administración por el siniestro mortal, incluyendo a los actuales presidentes de la empresa pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. Lastra ha criticado con dureza estas conclusiones y ha insistido en que, a su juicio, estamos ante “una realidad construida, un relato construido para dañar al gobierno”, algo sobre lo que ha dicho que “personalmente no tiene ninguna duda”.
En esta línea, ha cuestionado que se pretenda “relacionar a siete personas, tres funcionarios y tres técnicos con un accidente que se produce en una empresa privada que nada tiene que ver con la administración, que está desarrollando una actividad ilegal al margen de la ley, y en el que además las condiciones laborales dejaban bastante que desear, díganme ustedes qué tiene que ver ahí la administración”. Ha recalcado que el siniestro tuvo lugar “en una empresa privada y ni siquiera la investigación judicial está apuntando en ningún caso a la Administración”, por lo que vuelve a calificar el borrador de dictamen como “un dislate jurídico”.
Críticas al procedimiento en la Junta General
Lastra ha puesto también el foco en el modo en que se ha tramitado el documento dentro de la Junta General del Principado. A su entender, “creo que ha quedado bien claro que desde luego los letrados de la Cámara no habían visto el mismo. Creo que lo mostró a los medios de comunicación al mismo tiempo que a los letrados de la Cámara”. Con estas palabras ha querido remarcar que, según su versión, el borrador no contó con el aval técnico previo de los servicios jurídicos del Parlamento autonómico.
Respaldo al presidente del Principado
La delegada del Gobierno ha aprovechado para respaldar la posición del presidente del Principado, Adrián Barbón, ante las conclusiones planteadas por la presidenta de la comisión. Ha afirmado que para el jefe del Ejecutivo autonómico “sería probablemente muy sencillo asumir este relato para protegerse”, pero no lo hace “porque la comodidad nunca puede estar por encima de la verdad”.
En su defensa del dirigente asturiano, Lastra ha añadido que “un liderazgo no consiste en elegir lo cómodo, sino en elegir lo justo. Y eso es lo que está haciendo el presidente del Principado”. Con ello, ha querido enfatizar que Barbón, según su criterio, está optando por una postura basada en la justicia y en la veracidad frente a lo que considera un relato político construido en torno al accidente de Cerredo.