La Fiscalía ha reclamado al juzgado de instrucción la apertura de diligencias a raíz de la ausencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a la que fue convocado en dos ocasiones, en enero y febrero. El Ministerio Público propone incoar diligencias por un posible delito de desobediencia y pide que se cite a Entrecanales en calidad de investigado, según publica este miércoles Diario de Navarra.
El máximo responsable de Acciona fue llamado a comparecer ante dicha comisión los días 20 de enero y 9 de febrero, pero en ninguna de las dos fechas se presentó en la sede del Legislativo foral. En su lugar, la empresa envió a dos altos cargos de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y el también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia formal de su presencia en el registro del Parlamento.
Dentro de este procedimiento, Acciona remitió igualmente un escrito a la Cámara en el que sostenía que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría “no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación”, al considerar que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar una relación directa con el objeto material de la investigación.
La compañía argumentaba, además, que “la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual”, y defendía que el presidente de una sociedad anónima no ostenta por ley la representación de la empresa, que recae en el Consejo de Administración. En el mismo documento remitido a la comisión, Acciona advertía de que la convocatoria “podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital”.
La Fiscalía entiende, no obstante, de acuerdo con la información difundida por Diario de Navarra, que la incomparecencia de José Manuel Entrecanales “carece de justificación” dado que “había sido advertido expresamente por el propio Parlamento” de que ni su escrito de alegaciones ni la asistencia de los dos directivos enviados por la compañía “podían suplir su comparecencia personal”.
Según el criterio del Ministerio Público, ni la interpretación de Entrecanales ni la de los servicios jurídicos de Acciona “amparan la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no solo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento” la “sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión”, con “la circunstancia añadida de que el señor Entrecanales fue expresamente apercibido, en ambas citaciones, de las posibles sanciones penales que podía depararle su incomparecencia en sede parlamentaria”.