La vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que la administración autonómica continúa analizando “todos los expedientes” de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, situada en la Playa de San Juan de Alicante, y que está enviando al juzgado “aquellas cuestiones” que “no casan”.
Estas declaraciones las ha realizado este lunes ante los medios de comunicación en València, donde ha acudido a una mesa informativa sobre igualdad salarial organizada por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP).
La promoción de VPP de Les Naus se encuentra desde hace semanas en el centro de la polémica por la detección de posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de sus viviendas. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante tiene ya abierta una investigación sobre este asunto.
En el contexto de este caso se han producido varias renuncias en el ámbito municipal y autonómico. Entre ellas, la de la exedil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que figuraba como adjudicataria de una de las viviendas, y la de la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los beneficiarios. Asimismo, Miguel Ángel Sánchez dejó el puesto de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de conocerse que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Revisión de expedientes y posibles renuncias
Preguntada por la prensa sobre si tiene noticia de que haya otros dos propietarios interesados en sumarse al procedimiento para renunciar a las VPP de Les Naus, Camarero ha indicado que desconoce si esa información ha llegado a la Conselleria que encabeza.
En cualquier caso, ha reiterado que la Generalitat está “revisando todos los expedientes” y que todavía se encuentra abierto “el plazo para que las personas a las que le faltaba documentación puedan entregarla”. Ha añadido: “Estamos remitiendo, en este caso ya al juzgado, aquellas cuestiones que estamos descubriendo que no casan”.
Según ha explicado la vicepresidenta primera del Consell, el pasado viernes se trasladó al juzgado “una nueva información al casar los visados”, documentación que “está a disposición ya de la justicia para que investiguen el por qué hay otras personas, para que pidan la información que necesitan para saber si efectivamente las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado, por las personas que han comprado esa vivienda, como está establecido en la ley”.
En relación con las renuncias, ha precisado: “Aquellas personas que quieran renunciar o que hayan manifestado su disponibilidad o su disposición a la renuncia lo tendrán que hacer, en el caso de la Conselleria, por los cauces reglamentarios”.
Y ha añadido: “Solo si conocemos que quieran vender, a quién quieren vender y si esa persona, es decir, si tienen una oferta de compra y que las personas que quieran comprar tengan los requisitos de la VPP, la Conselleria podrá ejercer el derecho de tanteo”.
Control frente a la especulación y a las irregularidades
Camarero ha subrayado que, “hasta el momento”, la Generalitat no tiene constancia de que existan más interesados en renunciar a las VPP, más allá de los dos propietarios que ya lo hicieron. Sobre el ejercicio del derecho de tanteo, ha indicado: “En el supuesto de que lo hagan, nosotros ejercemos el derecho de tanteo directamente a través del Ayuntamiento, como ha manifestado el Ayuntamiento de Alicante”.
La vicepresidenta ha insistido en el mensaje de firmeza del Consell: “No vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública”. Al mismo tiempo, ha asegurado: “Vamos a estar vigilantes para que nadie tenga que especular, para que nadie haga trampas y todas aquellas irregularidades que detectemos, sean las que sean, las vamos a trasladar a la Fiscalía o al juzgado, ahora ya que hay una instrucción en marcha, para que revisen, para que investiguen y para que tomen las medidas desde el punto de vista legal que tengan que tomar”.