QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 316 votos a favor de los 342 votos emitidos, 5 en contra y 21 abstenciones, la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos ha superado su toma en consideración en el Pleno del Congreso.
PP, PSOE, Vox y Podemos se han mostrado abiertamente partidarios, mientras que EH Bildu, Junts y ERC no se han opuesto a la tramitación, pero han expresado sus reticencias. Solo el PNV se ha decantado por el «no», alegando que su aprobación supondría una «invasión de competencias».
La propuesta promovida por el Sindicato de Enfermería SATSE fue registrada en julio de 2018 y, como ocurre con las ILP, ha sido heredara desde entonces en las sucesivas legislaturas. La repentina convocatoria de elecciones en 2023 sorprendió a la proposición de ley a la espera del informe de la Comisión de Sanidad. Previamente había sido bloqueada durante dos años acumulando hasta 83 ampliaciones del plazo de enmiendas.
Pasos previos
Impulsada con el objetivo de establecer «unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes«, tanto en centros y servicios sanitarios públicos como privados, esta ILP fue avalada por cerca de 600.000 firmas. Ahora, ha superado por segunda vez el debate de su toma en consideración después de la decisión de la Mesa del Congreso al inicio de legislatura de retrotraer su tramitación hasta la casilla de salida.
En este sentido, el pasado mes de septiembre, Laura África Villaseñor Roa, presidenta de SATSE, como ya hiciera su antecesor en el cargo, compareció en representación de la Comisión promotora ante la Comisión de Sanidad.
Villaseñor se mostró partidaria de «flexibilizar» la horquilla de ratio prevista en la redacción del texto «para que sea viable, de manera que se respete también la autonomía de gestión de las comunidades autónomas y de los propios centros».
Un problema de fondo
«Mi grupo no va a apoyar esta iniciativa, de prosperar en el trámite parlamentario supondría una injerencia en el marco competencial existente» con estas palabras ha expresado Maribel Vaquero de nuevo la negativa del PNV a apoyar la ILP cuatro años después de su primer «no».
Un argumento compartido también por otros grupos nacionalistas como Junts o Eh Bildu que finalmente se han decantado por la abstención, al igual que ERC. «No la podemos apoyar porque afecta a nuestro autogobierno, pero si apoyamos la necesidad del refuerzo del personal«, ha esgrimido el diputado abertzale Iñaki Ruiz de Pinedo. Por parte de los grupos catalanes tampoco ha faltado el respaldo al colectivo sanitario. «Debemos estar a la altura de quien nos cuida y queremos hacerlo desde Cataluña«, ha puntualizado Pilar Calvo Gómez (Junts).
Además de la cuestión autonómica, el PNV no ve con buenos ojos fijar los ratios de enfermería mediante una norma con rango de ley, calificando este trámite como «excesivo». Vaquero ha sostenido que no «dudan de la buena fe de la iniciativa» a la par que ha criticado la «hipocresía» de los grupos políticos que votan a favor de la iniciativa en el Congreso, pero luego no actúan en consecuencia en las respectivas CCAA en las que gobiernan y donde disponen de las herramientas y competencias para revertir la situación que denuncia el SATSE.
Una proposición a enmendar
La diputada de ERC Etna Estrems Fayos ha sido la encargada de confirmar que su grupo no iba a oponerse a la tramitación de esta proposición de ley. Desde tribuna también ha adelantado que presentarán las «enmiendas necesarias para que se respete al autogobierno», en línea con lo advertido por el resto de grupos independentistas durante el debate.
En el caso de los republicanos, se da la circunstancia de que en la anterior tramitación de la ILP presentaron una enmienda a la totalidad, que fue votada y rechazada en marzo de 2021. Dicha enmienda, aunque respetaba la totalidad del texto inicialmente presentado, añadía una disposición para garantizar su financiación: la consignación anual en los PGE “de los créditos necesarios, en forma de transferencias directas a las Administraciones Públicas competentes en materia de Sanidad y Salud Pública, para poder dar cumplimiento a las ratios mínimas establecidas”.
En primera persona
El Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Plurinacional Sumar han apostado porque fueran diputadas, enfermeras de profesión, las encargadas de subir a la tribuna a defender la postura de sus respectivos partidos.
Alda Recas Martin de Sumar ha lamentado que esta iniciativa no se haya solucionado hace tiempo y paralelamente la socialista Carmen Castilla Álvarez se ha mostrado optimista con esta nueva oportunidad: «Estoy convencida de que esta ley va a tirar para adelante».
Por su parte, la popular Elvira Velasco Morillo ha reprochado a la diputada del PSOE que en los seis años que han transcurrido desde que la iniciativa llegó a la Cámara Baja, el Gobierno haya dado «la espalda a la profesión, porque sabiendo que está la ILP en el Congreso, no ha tomado una sola medida en coordinación con las CCAA«.
Las ratios propuestas
La proposición de ley propone y recoge unas ratios mínimas de profesionales de enfermería “como garantía de unos cuidados de enfermería adecuados y seguros”, por ejemplo, establece un máximo de 8 pacientes por enfermero/a en Unidades de Hospitalización, y de 2 pacientes por enfermero/a en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con la posibilidad de ampliarlo a 3 de manera excepcional en unidades coronarias.
También en Unidades de Reanimación Postquirúrgica, la iniciativa establece un ratio de 3 pacientes por cada profesional de enfermería, coincidiendo con el ratio mínimo propuesto también para los quirófanos. Asimismo, el texto aclara que en aquellos supuestos que no se contemplen de manera específica, los ratios serán determinados en la Comisión Interterritorial de Ratios de Enfermería.
En el ámbito de Atención Primaria, la ratio mínima propuesta es la de un profesional por cada 1.500 habitantes, mientras que en la atención sociosanitaria los ratios serán establecidos por el Ejecutivo, atendiendo al criterio determinado por la Comisión Interterritorial. Sin embargo, el articulado establece un periodo de carácter transitorio de 18 meses para su aplicación, y señala un plazo de 1 año para que el Gobierno dicte un Real Decreto en el que se establezcan las especificidades de la Sanidad Militar.
Por último, la ILP contiene la previsión de que estas ratios no se apliquen en el contexto de estados de alarma, sitio o excepción, y tampoco en situaciones de emergencia y catástrofes.
La proposición avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con el deseo de las asociaciones, y en apariencia, de la mayoría de los grupos parlamentarios de que esta no sea víctima otra vez de las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas.
EVOLUCIÓN DE APOYOS
2020, XIV Legislatura: 346 votos emitidos, 312 a favor, 10 en contra y 24 abstenciones
2024, XV Legislatura: 342 votos emitidos, 316 a favor, 5 en contra y 21 abstenciones
