QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Hace casi una década, el 20 de octubre de 2014, se registraba en el Congreso una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
La propuesta promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) logró presentar 740.000 firmas. Desde entonces, como ocurre con este tipo de iniciativas consecuencia de cierto «inmovilismo» en su tramitación parlamentaria, ha sido heredera legislatura tras legislaturas hasta llegar a la actual.
Con esta reforma del art. 14 (Prestaciones de atención a la dependencia) y el art. 33 (La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones), de la Ley de Dependencia, CERMI busca «eliminar trabas de importancia en la aplicación equitativa» de la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
740.000 firmas para…
La propuesta impulsada por CERMI persigue dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); la fijación de una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que se accede; y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales del 40% del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
La medida también reclama que la capacidad económica se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
Tramitación accidentada
El Congreso recibió la ILP en la X Legislatura (2011-2016) pero por la gestión de los tiempos no fue hasta la XI Legislatura (2016-2016) cuando Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI y promotor de la iniciativa, compareció para su defensa en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Aunque la incapacidad del Congreso para investir a un presidente y la consecuente repetición electoral pausó su tramitación.
Ya con la XII Legislatura (2016-2019) en marcha, Cayo volvió a la Comisión donde la ILP recibió otra vez el visto bueno. Pero a diferencia de lo que había ocurrió en anteriores ocasiones por la inestabilidad política, esta vez sí, la propuesta logró avanzar en el proceso parlamentario.
De tal manera, que el 7 de marzo de 2017 el Pleno del Congreso debatió y aprobó la toma en consideración de la ILP con 328 votos a favor y 5 en contra del PNV. Sin embargo, la ILP fue «víctima» de continuas ampliaciones del período de enmiendas que impidieron su avance, para malestar de la asociación promotora.
Tras la fallida XIII Legislatura (2019-2019) y encarrilada la XIV Legislatura (2019-2023), Cayó acudió por tercera vez a la comisión del ramo en otoño de 2020 para exponer los motivos que justificaría la presentación de la ILP. Un mes después, el Pleno volvió a debatir la iniciativa de CERMI que revalidó la mayoría que había logrado en el pasado.
En esta segunda votación el resultado fue el siguiente: 342 votos a favor y 6 en contra. De nuevo, en el «no» se situaron los diputados del PNV.
Sumergidos ya en la XV Legislatura, hace unas semanas el promotor de la iniciativa, Luis Cayo, regresó por cuarta vez a defender la ILP ante la Comisión de Sanidad. La iniciativa supero el trámite sin problema y el próximo martes se someterá a su tercer debate de toma en consideración.
En su intervención ante los diputados que forman parte de la comisión, el presidente de CERMI pidió a los grupos parlamentarios que se hicieran eco de esta «sonora demanda». «Espero y deseo que no desoigan este clamor. Son 740.000 personas las que esperan impacientes, tras años de demora, que no haya más procrastinación«, señaló.
La Mesa decide
Una de las peculiaridades de las ILP como iniciativa parlamentaria es que no decaen tras la disolución de las Cortes. Así lo establece el art.14 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, que también señala que la Mesa podrá retrotraerse al arrancar la nueva legislatura al trámite que decida.
De manera que, aunque en un procedimiento ordinario tras el debate en toma de consideración se retomaría el trámite en la fase de enmiendas, la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol, como ya hicieran la de Ana Pastor (2017) y Meritxell Batet (2020), ha decidido que la iniciativa volviera a la casilla de salida.
Esta es la explicación a que después de diez años desde que fuera registrada y tras seis legislaturas, la ILP para la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias, regrese al Pleno esta semana por tercera vez.
