El informe extraordinario de la Inspección General de Servicios del Principado, elaborado tras el accidente mortal en la mina de Cerredo, concluye que la Autoridad Minera se sirvió de los Proyectos de Investigación Complementaria como “vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del Plan de cierre de la minería no competitiva en España que exige la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre”.
El documento también subraya que no se realizaron consultas previas al Instituto de Transición Justa, ITJ, antes de dar luz verde a proyectos en explotaciones potencialmente afectadas por dicho plan de cierre.
Así lo expuso este lunes en rueda de prensa el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, acompañado por la viceconsejera del Principado, Gimena Llamedo. Ambos detallaron el contenido del informe y remarcaron que “el Gobierno lo hace suyo y cumplirá las once recomendaciones que en el mismo se establecen”.
Sánchez recalcó que “después de leer el informe, nuestro cometido y nuestra encomienda es hacerlo nuestro, hacer nuestras esas 11 recomendaciones, e implementar todas las mejoras tecnológicas, normativas, etcétera. El presidente nos encomendó esta tarea, que es que el accidente de Cerredo no se vuelva a producir”.
Cuestionado por el empleo de los Proyectos de Investigación Complementaria, el consejero precisó que lo que pone en duda la Inspección General de Servicios es “a ausencia de un procedimiento reglado aludiendo a la falta de tramitación ambiental”.
Insistió además en que “yo lo que quiero dejar claro es que el PIC como figura, es una figura que es válida, que viene siendo utilizada desde hace varias décadas en el Principado y ahora surge una necesidad de clarificar cuál es el régimen de estos Proyectos de Investigación Complementaria, que es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar su regulación, garantizar que exista plena seguridad jurídica, garantizar que se apliquen todos los controles necesarios”.
Claves del informe sobre el Servicio de Minas
En relación con el marco legal, el informe, de 317 páginas, advierte que “la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa derivado de una legislación estatal básica que no ha sido actualizada en décadas”.
Sobre la estructura del Servicio de Minas, el texto recoge una merma de personal en los últimos años, al tiempo que se han ampliado las funciones, especialmente las ligadas a la transición energética y a la restauración ambiental. Por ello, plantea revisar tanto el tamaño de la plantilla como la organización interna del servicio.
En cuanto a los procedimientos administrativos, la Inspección detecta márgenes de mejora en la autorización de transmisiones de derechos y concesiones mineras en unidades productivas en fase de abandono y cierre. Recomienda realizar todas las consultas pertinentes, por ejemplo al ITJ, y verificar de forma rigurosa los trámites ambientales y los aspectos vinculados al régimen de ayudas del plan de cierre.
Borja Sánchez reiteró que el Ejecutivo autonómico no se limitará a estudiar el documento, sino que lo asumirá como propio y actuará en consecuencia. “Por eso, lo que ya tenemos definida es una hoja de ruta clara en este primer análisis con medidas concretas en las que dar respuesta a las 11 recomendaciones que nos hace la Inspección General de Servicio”, señaló.
Detalló que esta hoja de ruta de la Consejería de Ciencia incluye distintas iniciativas para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.
Responsabilidad política y colaboración con la Fiscalía
Preguntado por la posible asunción de responsabilidades políticas, el consejero defendió que el propio informe constituye ya “una muestra de reposnabilidad política”. Añadió que “yo creo que el propio informe es ya una muestra de responsabilidad política y es una muestra de la responsabilidad con la que trabajamos en este Consejo de Gobierno. Este informe fue encargado por el propio presidente, y esto no pasa en otras comunidades autónomas. Al final lo que se ha evaluado es de arriba abajo el funcionamiento del Servicio de Minería, y que de ahí surgen 11 recomendaciones que vamos a asumir y a hacer nuestras por completo. Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad política”.
El documento ha sido remitido a la Comisión de Investigación Parlamentaria, a la Comisión de Seguridad Minera convocada para este martes y a la Fiscalía. Sánchez recordó que la propia Inspección Minera ya había trasladado al Ministerio Público determinadas actuaciones relacionadas con el contrato de Blue Solving con Conbayl.
“Reiteramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que la Fiscalía necesite por nuestra parte”, indicó el consejero.