El PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han mostrado su rechazo frontal a las enmiendas acordadas entre PP y Vox a la ley de proyectos estratégicos, centradas en limitar el acceso a las ayudas sociales y en ampliar las exenciones del requisito de catalán en diversas plazas del sector público.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el menorquinista Josep Castells ha denunciado que “El PP cede en todas estas políticas del odio, de exclusión y de insolidaridad. Eso sí, el domingo todos irán a misa”.
En la misma línea, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado que se exija una residencia legal mínima de tres años para poder optar a las ayudas sociales, al considerar que esta condición “castiga a los más débiles”.
“Hay que ver lo que les gusta menospreciar y castigar a la gente que tiene más necesidades. ¿Dónde hay un mínimo de humanidad?”, ha añadido el dirigente socialista.
Debate por el catalán en la administración
El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha cargado también contra las enmiendas anunciadas la semana pasada sobre la exención del catalán en determinadas categorías laborales de la administración.
A su juicio, no es aceptable el argumento del PP de que los empleados que atiendan al público seguirán obligados a conocer las dos lenguas cooficiales, ya que, si un trabajador no domina ambas, se “castellanizará toda la administración pública”.
“Si un funcionario no sabe catalán, todo el procedimiento se tiene que hacer en castellano, que es lo que pasa ahora en la sanidad”, ha señalado Apesteguia.
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado Castells, quien ha advertido de que las medidas pactadas entre PP y Vox “erosionan” los derechos de los catalanoparlantes. “Toda la administración que gira al rededor del funcionario --que no sepa catalán-- tendrá que castellanizarse”, ha remarcado.
Críticas por el retroceso en derechos sociales
A las críticas se ha sumado el diputado de Unidas Podemos y coordinador de Esquerra Unida Baleares (EUIB), José María García, que ha calificado públicamente las medidas acordadas por los partidos de la derecha como “un grave retroceso en derechos sociales y en la calidad de los servicios públicos”.
Según ha detallado EUIB en un comunicado, entre los aspectos más preocupantes figura la intención de “privatizar” determinadas gestiones hasta ahora reservadas a la administración pública, así como las nuevas limitaciones al acceso a las ayudas sociales para la población migrante.
“Excluir a estas personas por su situación administrativa es incompatible con una sociedad democrática y cohesionada”, ha defendido el diputado, que ha reclamado al Govern que dé marcha atrás.
Paralelamente, García ha anunciado que presentará sus propias enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, con el objetivo de reforzar la transparencia en los procedimientos y frenar la privatización de la universidad, la sanidad y la gestión del agua.
Asimismo, pretende incorporar en el texto una reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales para “frenar las compras especulativas” y otras iniciativas dirigidas a proteger al sector del taxi.