La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha sostenido que el cambio de puesto del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, Lorenzo Serena, constituyó “una represalia de manual”.
Este funcionario había formulado votos particulares frente al acuerdo de la mesa de contratación que proponía adjudicar las obras a la UTE Acciona-Osés-Servinabar y, además, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. Tras ello, fue destinado a trabajar en una nave situada en el polígono industrial de Landaben, una decisión que más tarde fue rectificada por el Departamento de Cohesión Territorial.
Durante su intervención de este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Edurne Eginoa remarcó que “sin duda” el traslado del secretario “fue una represalia de manual, está prevista en la ley”.
Según expuso, “trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -titular de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”.
La responsable de la OANA subrayó que “la ley establece una presunción de que hechos de este tipo constituyen una represalia y además no establece una lista cerrada, sino que es una lista abierta, casi es una obsesión de la ley la protección de la persona denunciante, para que esa persona tenga una garantía de que va a salir indemne”.
En la misma línea, afirmó que “la represalia a la persona que denuncia es inadmisible en un Estado de Derecho”. Añadió que “hacer bromas, quitándole la importancia que tiene, es inadmisible”, aludiendo a las manifestaciones del ya exdirector general de Obras Públicas Pedro López, quien había dicho que el secretario de la mesa “se lo iba a pasar mejor” en su nuevo destino.
Respecto a la posible depuración de responsabilidades por este traslado, Eginoa explicó que “lo tenemos que estudiar”. Detalló que la prioridad de la OANA fue “dar una respuesta a la persona represaliada”. “Nos aseguramos de que cesara la represalia y de que esa persona estuviera bien, pero tenemos pendiente estudiar quién debe ejercer las acciones, si en el ámbito de la Oficina tenemos alguna competencia. Si fuera una sanción disciplinaria, la tiene que tramitar el propio Gobierno. No nos hemos metido con ello, está pendiente”, expuso.
En la comisión, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri interrogó reiteradamente a Edurne Eginoa sobre cuál habría sido la “represalia” en este caso, planteando si podía hablarse de tal cuando el secretario “no pierde dinero, si no se le hace movilidad geográfica, si no se le hace movilidad funcional”.
Eginoa reiteró que la represalia consistió en enviar al secretario a una nave de Landaben y sostuvo que la finalidad era “humillarle”. “Eso hacen personas que no tienen límites”, concluyó.