El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado su confianza en que “se logre avanzar muchísimo” con la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en el siniestro ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, un accidente en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas el domingo 18 de enero.
En declaraciones a los medios en Sevilla, Sanz ha recordado que la apertura de estos dispositivos en la sede de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid, prevista para este jueves, “es una competencia estrictamente del Estado, ferroviaria, que es del Ministerio de Fomento, cuyas responsabilidades o investigación corresponden al ámbito estatal”.
Aun así, ha subrayado que, como representantes de Andalucía y ante el “fortísimo impacto que durará mucho tiempo, inolvidable, de lo que ha ocurrido a tantas familias”, desde la Junta reclaman “que se alcance toda la verdad, que se sepa todo, que se llegue hasta el final de la investigación, por justicia, porque las familias lo merecen, pero también para evitar que estos hechos puedan volver a ocurrir”.
Según ha recalcado el consejero, “es muy importante que se sepa hasta el final qué ocurrió para tomar todas las medidas que eviten que los hechos como este puedan volver a suceder”, después de un siniestro que ha golpeado a 46 familias por las víctimas mortales y a cerca de 200 personas atendidas, algo que “todavía nos tiene absolutamente sobrecogidos”, ha concluido.
Análisis judicial de las cajas negras y cámaras de seguridad
El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que dirige la investigación penal del accidente, autorizó el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de la información contenida en las cajas negras de ambos trenes siniestrados, así como el acceso y extracción de los datos grabados por las cámaras de seguridad situadas en el interior del tren Iryo.
En su resolución, la juez permitió el uso de cualquier herramienta informática que permita verificar “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”.
El procedimiento de volcado, extracción y análisis deberá llevarse a cabo en presencia de agentes de la Policía Judicial, que documentarán todo el proceso, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para proseguir con las pesquisas y entregando otra de forma inmediata al órgano judicial.
La diligencia se realizará igualmente con la asistencia de un Letrado de la Administración de Justicia, encargado de extender la correspondiente acta judicial.
Finalmente se descartó trasladar los equipos de grabación hasta la sede judicial de Montoro, con el fin de evitar los riesgos asociados a su desplazamiento. De este modo, la instructora precisa en su auto que “para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos” considera procedente que la operación se efectúe en el lugar donde actualmente se encuentran los dispositivos.
Para hacer posible este procedimiento, el Tribunal de Instancia de Montoro ha remitido un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid a fin de que designe a un Letrado de la Administración de Justicia que acuda a la práctica de la diligencia junto con la Policía Judicial, “todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción”.