La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado su rechazo frontal al actual modelo migratorio del Gobierno central, al que ha calificado de "roto, improvisado" y "negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico se plantará ante "cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".
"Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", ha subrayado Guardiola como "principio" que, según ha recordado, se ha dejado "claro" en el acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox en Extremadura.
Durante su intervención en el debate de investidura que arranca esta tarde en la Asamblea, ha sostenido que el modelo impulsado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez "no es un modelo migratorio mínimamente responsable" y que, en consecuencia, la Junta de Extremadura se opondrá "a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".
Según ha indicado, esta postura se adopta "en coherencia" con el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo regional ya presentó contra el Real Decreto de reparto de menores, bajo la premisa de que "los menores que ya están aquí merecen un modelo de gestión digno, ordenado y sin masificación".
Guardiola ha insistido en que "no podemos dar por bueno ni ser partícipes de un modelo incoherente e irrespetuoso con los derechos humanos. Un modelo errático, basado en la vía fácil y más provisional, y que no asegura ni la convivencia ni la cobertura de los mínimos derechos de las personas que llegan a nuestro país".
En esta línea, ha destacado que la "actitud de seriedad y responsabilidad" del Gobierno de Extremadura en materia migratoria "irá acompañada de transparencia, y la garantía de que cada euro público se destina estrictamente a cumplir las obligaciones legales y a preservar la dignidad humana". "Lo haremos vigilando que no se incentive, por ninguna vía, la irregularidad o la colaboración con quienes se lucran del drama de otros", ha recalcado.
Ha enmarcado sus palabras en un contexto en el que, a su juicio, la inmigración "está en la calle" y "preocupa a los españoles y los extremeños", por lo que considera que "es algo que exige honestidad, claridad y que no admite más demagogia".
Tras remarcar que "el inmigrante no es un culpable por defecto" sino "una persona con sus derechos y con sus deberes", ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez, que, según ha dicho, "ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano".
"Un fracaso cuyas consecuencias han tenido la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer", ha añadido Guardiola, quien también ha criticado que "por si esto fuera poco, la hoja de ruta migratoria del Gobierno de España no la han marcado los españoles" sino "los mismos separatistas que aspiran a romper la unidad de la nación".
Ha advertido de que "Extremadura no va a mirar hacia otro lado. No vamos a ser cómplices del desorden ni del abandono. Vamos a decir la verdad, aunque incomode. Y vamos a exigir que quien tiene la responsabilidad, la ejerza".
Seguridad y lucha contra el fraude y la ocupación ilegal
En otro bloque de su intervención, Guardiola ha abordado la cuestión de la seguridad, defendiendo que "no se puede hablar de convivencia sin orden, como tampoco se puede hablar de derechos sin responsabilidades". A partir de ahí, ha reivindicado que el acuerdo PP-Vox en esta materia se asienta en la idea de que "para construir una sociedad cohesionada es fundamental que las normas se apliquen y se respete la libertad".
Para que este principio no se quede en una mera declaración, ha explicado que el pacto incluye la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, con el objetivo de "combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita".
"La residencia efectiva tiene que demostrarse. Son las normas que nos hemos dado, y quien no las cumple o trata de beneficiarse de forma insolidaria, está impidiendo a las personas que más necesitan de lo público que obtengan la respuesta adecuada", ha argumentado.
En la misma línea, ha afirmado que "quienes ocupan ilegalmente una vivienda, quienes delinquen, quienes optan por despreciar las normas de convivencia no pueden pretender estar antes que los que llevan años contribuyendo, respetando y cumpliendo". "Eso no es exclusión, eso es justicia", ha enfatizado.
Recordando que la propiedad privada es un derecho recogido en el ordenamiento jurídico, ha defendido que debe protegerse mediante el desalojo efectivo de las ocupaciones ilegales "en un plazo máximo de 24 horas, en coherencia con el marco legal vigente".
Además, ha avanzado que la Junta de Extremadura ofrecerá asesoramiento jurídico "inmediato" y "acompañamiento institucional" a las personas afectadas por ocupaciones. En los supuestos "más graves", ha añadido, se pondrán en marcha medidas de apoyo habitacional y social para quienes vean vulnerado su derecho a la vivienda.
Concordia, unidad y rechazo al sectarismo
Guardiola ha reivindicado que "Extremadura es una tierra de concordia. No de imposición. Esta no es una tierra de revanchismo ni resentimiento, y así la vamos a gobernar", y ha avanzado que la acción institucional se alineará con los principios de "concordia, de reconciliación y de unidad".
Ha alertado de que "porque, el sectarismo y el cainismo no han conducido nunca al progreso. Nos conducen en dirección contraria: en busca de ese odio que en el pasado llevó a la fractura. Y esa lección, Extremadura no puede permitirse olvidarla", para remarcar que en la región se sabe "vivir juntos siendo diferentes".
"Construimos sobre lo que une y no sobre lo que divide. Y cumplimos las normas para no poner en riesgo la paz social. Esos son nuestros valores", ha concluido la candidata a la Presidencia de la Junta.