El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atribuye a una “estrategia desesperada” del PSOE andaluz, que a su juicio “no levanta cabeza electoralmente”, la investigación judicial abierta por supuestos delitos en contratos del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante la pandemia, a partir de una querella impulsada por los socialistas.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba mantiene abiertas diligencias sobre la posible comisión de varios delitos relacionados con contratos de compra y suministro tramitados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía en el contexto de la crisis sanitaria.
En una atención a los medios en un acto celebrado en Sevilla capital, Sanz expresó su “máxima confianza” en la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y responsable de dicha plataforma y directora del hospital, Valle García. “Todo va a quedar aclarado”, avanzó el consejero, que tildó de “pobreza política” la querella criminal registrada por el PSOE. A su juicio, “el PSOE no tiene capacidad de propuestas más allá de poner denuncias sin ton ni son”, y sostuvo que “la duda” en el PSOE “no es si ganará las elecciones sino si será tercera fuerza política” en los próximos comicios autonómicos.
Sobre las diligencias judiciales, Sanz reiteró su “confianza en los juzgados” tras manifestar su “respeto y máxima colaboración” con la Justicia. De acuerdo con un auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press, las actuaciones iniciadas por el juzgado derivan de la “querella criminal interpuesta por el PSOE, inicialmente dirigida contra Valle García, en su condición en fecha de autos de directora gerente” de la citada plataforma del SAS.
La querella, registrada el 30 de octubre de 2025, alude a “la existencia de numerosas irregularidades, basadas en esencia en la injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes, como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos púbicos destinados a las las distintas áreas de la competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021”.
Según se detalla, la acción penal se apoya en un documento al que habría accedido el PSOE, bajo el título 'Informes definitivos de cumplimiento', “emitidos por la Intervención Provincial del SAS de fechas, respectivamente, 30 de septiembre de 2022 y 30 de mayo de 2024”.
A partir de esa documentación y de los hechos descritos en el escrito de interposición, el PSOE sostiene que “se habían cometido delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de falsedad, de fraude en la contratación pública y de pertenencia a organización criminal”.