El Proyecto de ley de Enseñanzas Artísticas está recibiendo los últimos retoques. La reunión de la ponencia celebrada este martes introdujo 149 enmiendas (de 348 presentadas) y, a falta de un par de puntos que se cerrarán en la ponencia de hoy jueves, la iniciativa está lista para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, previsiblemente, el próximo 5 de marzo. El texto reconoce la Escritura Creativa como una enseñanza artística superior, abre la puerta a que las comunidades autónomas impulsen otras con arraigo territorial como el Circo, otorga más autonomía a los centros y dota de más margen e impacto a las comunidades autónomas.
La norma, rescatada por el Gobierno tras decaer la pasada legislatura con motivo del adelanto electoral, consagra la Escritura Creativa como uno de los ámbitos de enseñanzas artísticas junto a la Música, la Danza, el Arte Dramático, Conservación y restauración de bienes culturales, Artes Plásticas, Diseño y Artes Audiovisuales.
Uno de los puntos calientes es el Circo. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu e incluso el Partido Popular registraron enmiendas para incluir las actividades circenses. Sin embargo, los socialistas consideran que, a diferencia de la Escritura Creativa, no es una disciplina con la suficiente tradición y recorrido histórico.
El PSOE considera que el Circo no tiene la suficiente tradición y el recorrido histórico a nivel nacional como para elevarlo a categoría de disciplina, pero permitirá que los gobiernos autonómicos lo soliciten.
Para facilitar el entendimiento, PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu han acordado una transaccional que añade una disposición adicional nueva a la iniciativa que permite a las comunidades autónomas elevar propuestas al Gobierno para iniciar los trámites de creación de nuevas enseñanzas profesionales. La condición es que tengan presencia y arraigo territorial, “como el circo”, reza la enmienda.
El Partido Popular también ha solicitado incluir el videojuego y la animación, pero sobre este punto no se han acercado posturas. Según fuentes de la ponencia, no se esperan avances en este sentido.
Danza y música
Las enseñanzas artísticas profesionales de música y de danza se organizarán en un grado de una duración mínima de seis cursos. En paralelo, se podrán plantear itinerarios académicos específicos destinados a la obtención de un Título de Técnico o de Técnico Superior.
Los alumnos que finalicen enseñanzas profesionales de música o de arte podrán obtener el título de Bachiller en su modalidad de Artes, así como quienes hayan obtenido un título de Técnico y superen los “objetivos generales del bachillerato”.
Autonomía de los centros y exenciones
El cambio más sustancial de la ley con respecto a los consensos heredados de la pasada legislatura es que serán los centros los que concreten las pruebas de acceso.
El artículo 7 de la ley de Enseñanzas Artísticas regula el acceso a dichos estudios. Los requisitos son dos. El alumno o alumna debe de estar en posesión del título de Bachiller, o de un título de enseñanzas artísticas superiores, título universitario o título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional, o Técnico Deportivo Superior, o de un título declarado equivalente u homologado a dichos títulos, o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Además, tendría que superar una prueba específica de acceso a la disciplina correspondiente (no será la EVAU) en la que habría de demostrar que se poseen los conocimientos, capacidades y habilidades y aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas.
La redacción inicial de la ley otorgaba al Gobierno central, previa consulta a las comunidades autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, la elaboración de la prueba específica. Ahora, tras una enmienda transaccional, establece que “será concretada por los centros, en atención a sus características singulares” y partiendo siempre del marco regulador establecido por el Ejecutivo.
El cambio más sustancial de la ley con respecto a los consensos heredados de la pasada legislatura es que serán los centros los que concreten las pruebas de acceso.
Se contempla la posibilidad de que, en determinados estudios, puedan quedar exentos, total o parcialmente, quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad siempre y cuando se considere que se atesora la formación precisa para permitir su ingreso en dichos estudios. También se podrá prever la exención de esta prueba para quienes estén en posesión de un título de enseñanzas artísticas profesionales. Estas exenciones no serán de aplicación, en ningún caso, para el acceso a las enseñanzas superiores de música o danza.
En el ámbito de las enseñanzas artísticas afloran jóvenes extraordinarios que rompen moldes por su precocidad, pues demuestran unas competencias impropias de su edad para ciertas disciplinas. Para evitar que el primer requisito, el de titulación de Bachiller u otros, fuera un impedimento porque supone una barrera que requiere una edad determinada, el Ejecutivo establece una vía menos ortodoxa.
Los jóvenes extraordinarios deberán someterse a la prueba específica y a una segunda en la que el aspirante tendrá que acreditar haber alcanzado el desarrollo de las competencias clave previstas al finalizar el bachillerato. Al igual que con la prueba específica, serán las administraciones educativas las responsables de regular y organizar la prueba.
También podrían quedar exentos aquellos que acrediten una determinada experiencia laboral o profesional, pero no disponen de la titulación académica. No obstante, al igual que los talentos precoces, tendrán que realizar la prueba específica.
Margen para las comunidades autónomas
La ponencia ha rubricado una enmienda transaccional relacionada con el régimen jurídico de los centros de enseñanzas artísticas superiores. En concreto, las comunidades autónomas podrán dictar sus propias normas de desarrollo de la ley de Enseñanzas Artísticas, siempre en el ejercicio de sus competencias.
Además, se ha añadido que las comunidades autónomas tendrán una “participación activa, libre y significativa” en el diseño, implementación y evaluación del proyecto institucional del centro.
Más derechos para profesorado y estudiantes
PSOE y Sumar han transaccionado enmiendas del PP, BNG, Junts y ERC para reconocer no solo la actividad investigadora, sino también el ejercicio artístico de la creación, la interpretación, la ejecución, la conservación y restauración.
Se añade también un punto para permitir que los profesores que estén desarrollando una actividad profesional artística de manera simultánea a su función docente puedan disponer de una licencia sin sueldo y sin pérdida de su plaza para la realización de tales actividades. El plazo máximo no podrá exceder un semestre del curso académico.
De igual forma, los estudiantes podrán disfrutar de una autorización semejante. La ponencia ha impulsado que se favorezca la compatibilidad de los estudios con la participación en actividades artísticas, culturales, deportivas, de mentoría, aprendizaje-servicio, de representación estudiantil, asociacionismo, y de cooperación.
Asimismo, se ha integrado una disposición adicional que compromete al Gobierno a aprobar un Estatuto Básico del estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores.
El Gobierno se compromete a aprobar un Estatuto Básico del estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Impulso e implantación
PSOE y Sumar ha transaccionado una enmienda -de adición- del Grupo Popular para establecer que, al margen de las ayudas y subvenciones, y sin perjuicio de las competencias autonómicas, el Gobierno deberá impulsar las Enseñanzas Artísticas mediante premios, concurso y reconocimientos destinados a estudiantes, docentes o centros.
La Administración deberá fomentar las estructuras de investigación, incentivando especialmente proyectos científicos con perspectiva de género o aquellos en cuyos equipos cohabite un mayor número de mujeres investigadoras principales.
El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores elaborará un estudio sobre el grado de implantación de la nueva ley y su funcionamiento en el plazo máximo de dos años. El Gobierno, por su parte, contará con un año desde su entrada en vigor para fijar un calendario de puesta en marcha.