QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud ha entrado en barrena. Este martes, la Mesa del Congreso ha vuelto a ampliar el plazo de enmiendas, y ya van 24 prórrogas, para dar más tiempo a los partidos que integran la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, a llegar a un acuerdo. El Proyecto de ley permanece bloqueado y hay dos versiones bien diferenciadas: los socialistas dicen que las conversaciones continúan, mientras los morados aseguran que el socio mayoritario aún no les ha respondido a su última oferta sobre las privatizaciones, el principal punto discordante.
La también conocida como ley Darias pasó la toma en consideración del Congreso el 22 de septiembre y, desde entonces, dormita al calor de las 24 ampliaciones del plazo de enmiendas. Una de las principales novedades del articulado, según el PSOE, era el cerco a las privatizaciones sanitarias, avaladas por la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, rubricada por José María Aznar. PSOE y Unidas Podemos firmaron en el pacto de investidura “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, se comprometieron a “revisar” la antecitada ley del Ejecutivo de Aznar. No obstante, los morados consideran que la ley de equidad sanitaria deja abierta la puerta a las externalizaciones y advierten de que no podrán apoyarla en caso de que no se modifique.
Limando diferencias.
Desde el Ministerio de Sanidad apuntan a que las negociaciones se libran entre los grupos parlamentarios. El Grupo Socialista asegura que sí, que se está hablando no solo con Unidas Podemos, sino con otros partidos. “Estamos intercambiado papeles”, apuntan. Sin embargo, desde la formación morada lo desmienten.
El pasado 22 de febrero hubo una reunión a tres bandas: dos diputados socialistas, dos diputados morados y dos representantes del Ministerio de Sanidad. La cita concluyó sin atisbo alguno de pacto y, a fin de evitar el bloqueo, UP ofreció al PSOE suprimir íntegramente el artículo 1 de la ley Darias y derogar la ley 15/97 de Aznar para evitar futuras privatizaciones. Echenique, en rueda de prensa, ha confirmado la propuesta, pero también que “aún no hay respuesta por parte del Ministerio”.
El espacio confederal argumenta que la propuesta no solo desencallaría el articulado, sino que “entendemos que tendría mayoría parlamentaria”. Se trata, básicamente, de derogar la ley de Aznar que avala las privatizaciones sanitarias y no sustituirla por “ningún texto alternativo”; ya que, según UP, la ley de equidad sanitaria “deroga formalmente esa ley, pero mantiene el espíritu de la ley de Aznar”.
El artículo 1 del Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud modifica la ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril) para limitar las privatizaciones. No obstante, las excepciones son tantas que, según la formación morada, no quedan limitadas ni mucho menos. Los socialistas apuestan por añadir un artículo 47 que recogería que “la gestión y administración de las estructuras y servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud se llevará a cabo de manera directa: a) por la administración competente; b) a través de entidades entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; c) mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional.
Es en el punto dos de este artículo cuando se fija que “de forma excepcional, justificada y motivada”, se “podrán establecer conciertos o recurrir a cualesquiera de los contratos regulados en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a cualesquiera de las fórmulas de colaboración previstas en la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Las razones que amparan a las administraciones a las privatizaciones serían la “utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, “la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones” y “la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las establecidas en el apartado 1”.
Las enmiendas de máximos
Unidas Podemos ha ofrecido un acuerdo de mínimos al PSOE para desbloquear la ley Darias, pero no ha renunciado a sus máximos. Los morados han registrado un montante total de 11 enmiendas. La primera, relacionada con las antecitadas excepciones para las externalizaciones. En su redacción, urgen a las administraciones públicas a “planificar y proveer de todos los recursos humanos y materiales” para “garantizar la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarias a través de la gestión directa”, sin tener que recurrir al sector privado, al que únicamente se recurrirá “de forma excepcional” y “justificada en razones de extraordinaria y urgente necesidad”.
Además, la externalización de los servicios deberá ajustarse al tiempo estrictamente necesario para resolver “las razones que la justifican” y no deberá exceder “un año de duración”. Tampoco podrán ser objeto de externalización el servicio de asistencia sanitaria integral que tenga carácter estructural o centros de salud con vocación de permanencia, como”hospitales, centros de asistencia ambulatoria o centros de atención primaria”. Por último, las gestiones indirectas prestadas mediante concierto no podrán ser prorrogadas a su término.
Los morados justifican estas modificaciones alegando que “consideramos necesario concretar lo que se entiende por circunstancias excepcionales que habilitan la externalización del servicio público sanitario a entidades privadas, que entendemos sólo debe poder hacerse ante circunstancias imprevistas y extraordinarias, que requieran una atención con carácter de urgencia, y que no puedan ser atendidas por los servicios propios”. “Es necesario también acotar la duración de tales externalizaciones con un plazo corto, no superior a un año, tiempo a partir del cual entendemos que debe entenderse que cualquier servicio sanitario ha de ser considerado estructural y su prestación debe hacerse por medios propios de los servicios públicos de salud”, insisten.
“Por otro lado, se propone eliminar la referencia a las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS del artículo por considerarlas innecesarias y redundantes con la DA19 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”, remacha la enmienda.
En sintonía, la enmienda número dos modifica el apartado dos del artículo primero para adecuar la redacción del mismo, de manera que guarde coherencia con el anterior punto. Así, proponen cambiar la palabra “centros” por “servicios”, ya que los centros no podrían ser susceptibles de ser concertados. Además, añaden unas líneas para prohibir conciertos con entidades sanitarias que tengan contratado personal público: “Las administraciones públicas sanitarias no podrán colaborar, concertar ni adjudicar bajo ninguna forma de contratación pública servicios sanitarios públicos a aquellas entidades sanitarias privadas que empleen a personal sanitario que simultáneamente se encuentre prestando servicios para el sector público sanitario de gestión directa”. A su juicio, esta adición evitaría “la erosión del sistema público sanitario que produce la derivación fraudulenta de pacientes del ámbito privado concertado al público para suplir la carencia de inversión en medios materiales y recursos humanos en las empresas sanitarias privadas”.
La enmienda cuatro también menta las privatizaciones, pero precisamente, para revertirlas. UP apuesta por añadir un nuevo apartado, el cuatro, para un nuevo artículo 49.bis a la ley 14/1986, General de Sanidad. Rezaría así: “Las Comunidades Autónomas podrán llevar a cabo procesos de desprivatización a fin de revertir la gestión indirecta de cualesquiera servicios, centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios en el marco del ordenamiento jurídico”. “Queremos marcar una vía legal clara para revertir las privatizaciones”, sentencian.
