El Congreso avaló este jueves la tramitación del proyecto de ley de movilidad sostenible, que pasa ahora a fase de enmiendas parciales.
La Cámara rechazó la enmienda de totalidad defendida por el PP, que sólo recabó el respaldo de Vox y UPN, además de los ‘populares’.
La enmienda fue rechazada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, Coalición Canaria y el BNG.
El Grupo Socialista había trabajando los acuerdos con sus socios en las semanas anteriores para asegurar la votación, especialmente en el respeto de las competencias autonómicas y municipales.
No hay objetivos ni recursos, critica el PP
En su defensa de la enmienda, el ‘popular’ Alberto Herrero criticó que el proyecto no defienda «ninguno de los problemas de movilidad» que enfrenta el país, y también la falta de objetivos y medios para llevar a cabo sus propuestas. «¿No habría sido más razonable traer un nuevo texto?», preguntó al ministro Óscar Puente, presente en el Hemiciclo.
El titular de Transportes y Movilidad emplazó a los ‘populares’ a sentarse a negociar y adoptar una actitud propositiva para aprobar una ley «con vocación de duración en el tiempo«: «El concurso del PP sería importante».
Puente veta propuestas fiscales
Puente coincidió con los ‘populares’ en la necesidad de confluir la fiscalidad con las nuevas necesidades de movilidad pero avisó de que «no es esta ley donde se tienen que abordar los cambios fiscales«.
El ministro expuso que «la fiscalidad ‘verde’ debe tratarse de forma global», que el Gobierno «está trabajando en profunidad» en esta cuestión y que «se abordará de forma integral».
Por ello, se mostró contrario a enmendar la norma «con medidas aisladas de reforma de determinados impuestos», una cuestión que centró buena parte de las enmiendas registradas por la oposición, e incluso parte del propio Gobierno, la pasada legislatura.
ERC: Si quieren los votos, cumplan
Pese al respaldo a la tramitación, los aliados parlamentarios del Ejecutivo recordaron a Puente que su voto está lejos de estar comprometido. En el caso de Esquerra, supeditado al cumplimiento de los acuerdos: «O cumplen los compromisos que hemos firmado o esta ley se va a quedar sin aprobar. Téngalo muy claro», avisó la diputada Inés Granollers.
Isidre Gavín, de Junts, también le recordó los compromisos de «corregir» el deje intervencionista y centralista de la norma e Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu) pidió objetivos concretos y estudios de impacto realistas a la hora de poner en marcha infraestructuras. También priorizar el transporte público.
Por el PNV, Maribel Vaquero lamentó la escasa mención al transporte de mercancías y también la ausencia de mecanismos de pago por uso en las autopistas, tras sacar del anteproyecto el Gobierno un compromiso. La diputada defendió el principio de que ‘quien contamina paga’ y señaló que, bien gestionado, puede servir para financiar las infraestructuras pero también las inversiones en transporte público.