QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Adolfo Suárez
El 15 de diciembre de 1977, dos años después de la muerte de Franco, el PSOE defendió en la Comisión de Presidencia una proposición de ley (PL) para modificar la ley de secretos oficiales elaborada en 1968, aún bajo la dictadura. Para sorpresa de los presentes, durante el debate de la toma en consideración, el presidente de la Comisión, Modesto Fraile (UCD), anunció que «el proyecto de ley de Secretos Oficiales está aprobado en el último Consejo de Ministros y en trámite de envío a las Cortes». «Me consta, porque así me lo ha comunicado el Gobierno como Presidente de esta Comisión. Con esto no hago más que informar de lo que conoce la Presidencia, sin entrar, por supuesto, en el debate», aclaró Fraile.
La proposición de ley quedó rechazada, pero el proyecto del Gobierno de Adolfo Suárez sí salió adelante. Es, hoy por hoy, la única reforma que ha experimentado la Ley 9/1968.
Felipe González
Durante la década de los ochenta, la reforma de la ley de secretos oficiales no estuvo en la agenda. Hasta 1989, cuando el Grupo Popular presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedía al gobierno que en el menor plazo posible enviase un proyecto de ley sobre esa materia, instando al Ejecutivo «a especificar también con suficiente claridad el acceso de Diputados y Senadores a dichos secreto». La iniciativa acabó caducando (no se llegó a debatir).
Pero el Grupo Popular lo volvió a intentar en marzo de 1990, registrando otra PNL de contenido similar en la que también desglosaba qué puntos consideraban que tenían que ser modificados de la ley 9/1968. Al mismo tiempo, urgía al Gobierno a remitir «a las Cortes lo antes posible —y consideramos, prudencialmente y con la flexibilidad que nos caracteriza, el plazo de seis meses— un proyecto de ley de secretos oficiales».
El encargado de defenderla fue el popular Santiago López Valdivieso, quien también consideró «que el secreto ha de ser justificado y limitado en el tiempo solo mientras haya de serlo». Por lo que «un determinado asunto no puede ser secreto sine die«, señaló, para justificar la necesidad de incluir los plazos temporales entre las condiciones para la desclasificación de los documentos como defendía su partido.
Por su parte, el Grupo Socialista presentó una enmienda a la proposición en la que sintetizó en cuatro puntos lo que pedía al Gobierno: diferentes categorías de protección, órganos competentes para clasificar, registro de sanciones y cómo acceder a esa información. El diputado Francisco Valls, además anunció el compromiso de su grupo de que la ley de secretos oficiales fuese al Congreso, no en seis meses como solicitaba el PP, sino en en ese periodo de sesiones, «es decir, lo más tarde en junio».
La PNL fue aprobada. Pero hasta el 27 de julio de 1990, el Gobierno de Felipe González no aprobó en el Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley sobre secretos oficiales. Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso, una situación poco frecuente.
Durante 1991, en dos ocasiones los populares preguntaron por escrito al Ejecutivo por las razones por las que aún no había llegado dicho proyecto a las Cortes. Una de las respuestas, firmada por el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, señalaba que tras haber «realizado los trámites internos necesarios para su elaboración y aprobación (…) será, en consecuencia, próximamente remitido a las Cortes«.
Cuatro años más tarde del plazo marcado por los propios socialistas, el proyecto seguía sin pasar por el Congreso. En 1994, el PP insistió una vez más por los motivos del retraso a través de una PNL en la que instaba «al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo de quince días, un Proyecto de ley sobre Secretos Oficiales». Sin embargo, acabó caducando antes de llegar al Pleno.
En 1996, González dejaba La Moncloa sin que su proyecto de ley sobre secretos oficiales, aprobado por el Consejo de Ministros en 1990, llegase al Congreso.
José María Aznar
En el verano de 1996, el Gobierno de José María Aznar, anunció que preparaban una nueva ley de secretos oficiales en la que las Cortes decidirían qué materias podían ser secretas; el Consejo de Ministros clasificaría los asuntos concretos; y el ministro correspondiente calificaría los documentos. La clasificación, según el nivel de protección de las materias, era la siguiente: secreto, reservado, confidencial y difusión limitada.
El Consejo de Ministros estudió el anteproyecto a finales de agosto. Cuando iba a ser aprobado en septiembre, el propio Ejecutivo decidió frenarlo con el objetivo de «mejorarlo» con motivo del revuelo que causaron algunas de las medidas. El anteproyecto, entre otras, incluía sanciones administrativas de hasta 100 millones de pesetas (600.000 euros al cambio) contra los medios de comunicación que publicasen secretos.
En el Congreso, en la Comisión de Defensa, el diputado del PNV Iñaki Anasagasti calificó el anteproyecto como «absolutamente antidemocrático«. La afirmación se produjo en el marco de una comparecencia del ministro Eduardo Serra sobre los motivos que habían llevado al Ejecutivo a rechazar la desclasificación de una serie de documentos del CESID.
En abril de 1997, en una sesión de control, el diputado socialista Gustavo Suárez Pertierra preguntó al vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, «¿Cuándo pensaba el gobierno remitir a la cámara el proyecto de ley de secretos oficiales?».
El número dos del Gobierno aseguró que no podía concretar fechas «porque está pendiente de los trámites de deliberación y discusión del texto definitivo». Suárez Pertierra, en la réplica, confesó que esperaba «una respuesta más concreta» e incidió en la urgente necesidad del proyecto.
En su último turno, Alvárez-Cascos reprochó las palabras del diputado socialista «sobre las urgencias, menos, porque han estado ustedes doce años gobernando y no se han dado ninguna prisa en traer la ley de secretos oficiales adaptada al marco constitucional». «Traeremos el proyecto de ley cuando esté ultimado», zanjó.
Como su antecesor, Aznar dejó la presidencia y ningún proyecto de la ley de secretos oficiales había sido remitido al Congreso.
José Luís Rodríguez Zapatero
En los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no se trató esta materia. O al menos no consta registro documental público de que por parte del Ejecutivo o de los grupos parlamentarios se presentaran iniciativas en el Congreso.
Mariano Rajoy
Durante el mandato de Mariano Rajoy, la reforma de la ley de secretos oficiales no formó parte «de las prioridades legislativas del Gobierno». Así lo reconoció el propio Ejecutivo en sus respuestas a las preguntas al respecto registradas por Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y Rosa Díez, de UPyD, en 2013. A pesar de ello, en 2014, el grupo La Izquierda Plural (IU, ICV–EUiA, CHA) registró una PL de reforma de la ley 9/1968, pero acabó caducando.
En la fallida XI Legislatura (2016-2016) el PNV presentó otra PL sobre el asunto. El encargado de defenderla en el debate de toma de consideración fue su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.
Esteban pidió adecuarse a los tiempos, cumplir con los compromisos internacionales, y ser «coherentes con la transparencia que todos decimos defender. En definitiva «que en el país se pueda hablar con normalidad de temas que parecen hoy en día todavía tabú», concluyó. La proposición fue aprobada por 219 votos a favor y 111 en contra.
Las Cortes se disolvieron con motivo de la repetición electoral del 26 de junio de 2016. Pero en la nueva legislatura que arrancó, los nacionalistas vascos volvieron a registrar la misma PL, que también logró superar la toma en consideración. Con el fin de la XII Legislatura (2016-2019), también acabó caducando, aunque en este caso sí se concluyó la fase de registro de enmiendas.
