QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso debatirá la próxima semana sobre la prórroga de las instalaciones nucleares pero ya en términos legislativos. El PP defenderá en el Pleno de la próxima semana la proposición de ley que registró el pasado abril para dar cobertura a la extensión de la vida útil de las centrales.
Hasta ahora, los ‘populares’ han cosechado victorias frente al Gobierno de coalición para presionar y reconsiderar un calendario de cierres que, de aquí a 2035, acabará con el cierre de todas las instalaciones.
En febrero, lograron que la Cámara exigiera extender la vida útil de las centrales y solicitar a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una evaluación del impacto que tendría su cierre. ERC y Junts se abstuvieron entonces.
Su voto es decisivo para calibrar el recorrido de la iniciativa. Esquerra acepta el cierre, pero censura la falta de alternativas industriales, especialmente en términos de empleo, mientras que en Junts sí han criticado el cierre en términos de política energética y apuestan por su continuidad.
¿Reconsideración del Gobierno?
Hasta ahora, el Gobierno ha enarbolado en el debate sobre la nuclear el acuerdo alcanzado con las eléctricas propietarias de las centrales para el cierre. Afirmando, además, no haber recibido ninguna solicitud de prórroga formalmente.
En las últimas semanas, en cambio, el Ejecutivo ha modelado su discurso, llegando incluso a abrir la puerta a la continuidad en caso de que las empresas lo solicitaran, según reveló el propio PSOE de Extremadura en el caso de la central de Almaraz.
La propuesta del PP
Pese a denunciar las condiciones bajo las que operan las centrales nucleares en términos de costes, la proposición de ley no las altera, sino que se limita a regular los supuestos de cese de actividad y la tramitación de la prórroga.
El PP busca que Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) actualice su último plan bajo la premisa de una extensión de diez años adicionales de vida útil, lo que implicaría un cálculo de las inversiones necesarias y de los costes asociados.
Regula los supuestos para el cese de actividad de las instalaciones (concesión de la solicitud de cese, una expiración del plazo de autorización o un informe desfavorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear).
También la previsión para que, por razones de seguridad, el Gobierno pueda imponer la continuidad de la actividad al operador, extremos ya contemplados en la normativa.
Para la continuidad de actividades, la reforma prevé que si el Gobierno esté obligado a autorizar la continuidad cuando el CSN dé ‘luz verde’ a la solicitud de prórroga por parte de un operador.
