La madre de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de televisión digital terrestre, ha comenzado este miércoles una huelga de hambre. La decisión llega cuando se cumplen 15 meses de la detención de ambos y después de que, con 83 años, haya dejado de tomar su medicación desde hace varios días.
En una nota pública, la familia ha expresado su frustración porque las administraciones y las autoridades no han logrado “algo efectivo a favor de su hijo Javier y de su compañero de trabajo David, encarcelados injustamente desde hace 15 meses en Guinea Ecuatorial”. El hermano de Javier, Aarón, ha señalado que el caso figura en un informe de Amnistía Internacional.
La madre, “que además de su avanzada edad padece varias patologías y ha sufrido operaciones hace unos meses”, se halla en “un delicado estado de salud”, pero aun así ha optado por dar este paso ante “la incompetencia y los nulos resultados de las posibles gestiones que haya hecho el Ministerio de Exteriores/Gobierno y autoridades de exteriores europeas”.
Transcurridos 15 meses, los dos trabajadores, un administrativo y un técnico de vídeo, continúan recluidos en las mismas condiciones en la prisión de Black Beach. “Su situación es cada vez más grave y concretamente, Javier, ha estado a punto de morir dos veces”, ha advertido la familia.
Según denuncian, “las autoridades no han conseguido su libertad, pero ni tan siquiera han conseguido que se respeten los mínimos derechos fundamentales: están incomunicados, sin derecho a visitas familiares, sin derecho a que contacten de ninguna manera con su abogado, sin derecho a que pasen una revisión médica seria en un centro hospitalario, tras haber sufrido distintas enfermedades, además de las crónicas que ya padecían, y sin juicio.... del que no se sabe nada”.
También critican que, pese a conocer el inicio de la huelga de hambre, “conociendo el anuncio de esta huelga de hambre, las autoridades no se han interesado en ningún momento por tener contacto con la familia, para poder darnos alguna noticia esperanzadora que tuviésemos como argumento para convencer a nuestra madre de tomar esta fatal decisión”.
Los familiares subrayan que tratarán “por todos los medios convencer” a su madre de que “no llegue hasta el final de esto”, mientras continúan “esperando a que las autoridades se pongan en contacto con nosotros y nos den algún resultado positivo pronto”. “No sólo la vida de Javier y David están en peligro, ahora también es la de nuestra madre”, han alertado, pidiendo “ayuda ya”.
Citas en el Congreso y falta de avances
El pasado 25 de marzo, cuando acudieron al Congreso, las dos familias fueron recibidas por diputados de varios grupos parlamentarios. Algunos les trasladaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.
En cuanto a la situación actual de los dos encarcelados, Aarón ha indicado que “no hay ninguna novedad”; continúan “incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano en el país, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.
Ha insistido, además, en que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, por lo que lamenta que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.
Más de 60.000 firmas y presión al Gobierno
Hace aproximadamente un mes, las familias se concentraron ante el Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores más de 60.000 firmas reunidas en la plataforma Change.org para reclamar al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” y logre la puesta en libertad de los dos españoles presos en Black Beach.
En ese acto, explicaron que acudían “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, tal y como señaló Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press durante la entrega de las firmas.
Las familias han instado al Ejecutivo a que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y han agradecido el apoyo de las más de 60.000 personas que “se han volcado” con su causa. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.
Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real
En paralelo, los familiares remitieron cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para solicitar su mediación, llegando incluso a pedir al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial durante su gira africana de esta semana si no se producía la liberación.
En la carta al Papa León XIV, le pidieron que, si lo considera oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. También le plantearon “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.
En la misiva dirigida al Rey Felipe VI, solicitaron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. El monarca se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano de unos 50 minutos, sin que haya trascendido el contenido de la conversación.
Los allegados de los dos españoles consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.
“Son trabajadores inocentes” y sin juicio
En la petición pública, recuerdan que Javier y David fueron detenidos tras acudir a una reunión con autoridades locales relacionada con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo.
“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, afirma Laura en la campaña, al tiempo que advierte de que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Relata que las condiciones de reclusión son “inhumanas”, en aislamiento, sin atención médica, sin acceso a medicación ni a una alimentación adecuada.
Las familias subrayan que en julio de 2025 acudieron al Parlamento Europeo para pedir amparo y que, tras debatirse el caso en el Pleno, en octubre se aprobó una resolución que denunciaba las “inaceptables” condiciones de detención y exigía garantizar su integridad y el respeto de sus derechos, especialmente el derecho a un juicio justo, así como a defensa jurídica y atención sanitaria. Sin embargo, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.