QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Mesa del Congreso ha aplazado este jueves la decisión sobre la admisión o no a trámite de la Proposición No de Ley registrada por Junts por la que pedían a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.
No es la primera vez. Ya en diciembre se emplazaron a emitir un fallo en enero acerca del texto de los catalanes, y ahora, lo han vuelto a hacer. Fuentes socialistas de la Mesa apuntan a que se han dado «un tiempo» para seguir negociando con los de Carles Puigdemont.
Lo cierto es que el mes de enero es inhábil en San Jerónimo, por lo que el máximo órgano de la Cámara no tendría la obligación de abordar cuestiones que no guardasen relación con el pleno extraordinario previsto para el miércoles 22 de enero. De acuerdo con esto, esa resolución podría esperar hasta la primera reunión de la Mesa en periodo de sesiones ordinario, esto es, ya en febrero.
Dado que las proposiciones no de ley carecen de impacto jurídico y no existen precedentes de una similar, los letrados de la Cámara Baja apuntaron que correspondía a la Mesa emitir una resolución que «probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión de otras iniciativas de control en el futuro».
Distintos caminos
El informe de los letrados abría la puerta abierta a múltiples interpretaciones acerca del texto.
El documento, que puede ser consultado en Demócrata, argumentaba que se debería dar el visto bueno a su admisión a trámite de acuerdo con el precedente de una PNL por la cual el Congreso instó al Ejecutivo a iniciar los trámites para celebrar un referéndum consultivo sobre la naturaleza obligatoria o voluntaria del servicio militar.
Por otra parte, se reconoce que la iniciativa podría tratar de forzar al presidente a presentar una cuestión de confianza, mediante una declaración política que, aun cuando carece de efectos jurídicos, puede tener un «impacto sobre la relación de confianza creada con la investidura, poniéndola en duda por una vía que no es la prevista para tal fin».
Otra opción que contemplaba el informe era solicitar al grupo parlamentario de Junts la reformulación de la iniciativa para reforzar el carácter exclusivamente político que se le atribuye a una PNL.
Tal y como argumentaban los letrados, una cosa es pretender que la Cámara exija responsabilidad política por un cauce distinto a la moción de censura y, otra, es instar al presidente a que ejerza una competencia que es suya, lo que no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley.
La mayoría de Gobierno, PSOE + Sumar, esperan a estudiar con más detalle todas las posibilidades antes de un veredicto y el Partido Popular cree que no existen argumentos para no llevarla al Pleno de la Cámara.
