La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes no admitir a trámite la enmienda registrada por UPN que pretendía eliminar de la Constitución la Disposición Transitoria Cuarta, la cual establece el procedimiento para una eventual incorporación de Navarra a Euskadi.
UPN había articulado esta iniciativa como una enmienda a la proposición de reforma constitucional destinada a que la isla de Formentera pueda elegir un senador propio, al margen del representante que corresponda a la isla de Ibiza.
Los servicios jurídicos de la Cámara Baja proponían rechazar la enmienda de UPN “de conformidad con la jurisprudencia constitucional en la materia, por exceder de modo manifiesto el objeto de la iniciativa original, constituyendo de facto una iniciativa de reforma constitucional distinta, para la cual se requiere la legitimación contemplada en el artículo 146 del Reglamento del Congreso”.
Dicho precepto reglamentario fija que los proyectos y proposiciones de reforma constitucional como la impulsada por UPN “se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley, si bien éstas deberán ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los miembros de la Cámara”. En esta ocasión, la iniciativa no reunía ninguno de esos apoyos exigidos.
En consecuencia, y siguiendo el criterio del informe jurídico, la Mesa del Congreso —compuesta por diputados de PP, PSOE y Sumar— ha resuelto por unanimidad inadmitir la enmienda de UPN, lo que implica que no se debatirá en el Pleno la propuesta de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta.
En coherencia con esta decisión, el órgano de gobierno de la Cámara ha vetado igualmente otras once enmiendas registradas por el PNV para modificar la Constitución aprovechando la reforma relativa a Formentera. En sus propuestas, el PNV planteaba, entre otras cuestiones, eliminar el artículo 155 que faculta la intervención de gobiernos autonómicos y acotar la inviolabilidad del rey. Además, proponía “reconocer y garantizar el derecho a decidir” de la ciudadanía vasca, supeditando su ejercicio a un acuerdo con el Estado.
Según los servicios jurídicos del Congreso, parte de las iniciativas del PNV deberían tramitarse mediante el procedimiento de reforma agravada contemplado en la propia Constitución y, en otros casos, también “exceden de modo manifiesto la iniciativa original, constituyendo de facto una iniciativa de reforma constitucional distinta, para la cual se requiere la legitimación contemplada en el artículo 146 del Reglamento del Congreso”.