Cumpliendo con el guión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Carolina Darias ha dejado el Ministerio de Sanidad para embarcarse en la carrera electoral por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. En una comparecencia en Moncloa, el presidente lo ha hecho oficial y ha comunicado su sustituto. Será José Manuel Miñones, hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia, quien afrontará no pocos retos pese a que las elecciones generales ya se atisban en el horizonte.
Miñones es Licenciado en Farmacia por la Universidade de Santiago de Compostela, donde obtuvo el doctorado en la misma especialidad con Premio extraordinario. Ha sido investigador del programa autonómico Parga Pondal de 2005 a 2011 así como profesor contratado en el Departamento de Química y Física con docencia en la Facultad de Farmacia de la USC. A nivel político, fue concejal en el ayuntamiento de Ames (A Coruña) y alcalde del mismo entre 2015 y hasta marzo de 2021, cuando fue nombrado delegado del Gobierno. Un detalle no menor: fue de los primeros alcaldes que apoyó a Pedro Sánchez en el pulso interno.
Dos son los Proyectos de ley en tramitación que Darias lega a Miñones , y uno de ellos augura una engorrosa negociación: la ley de equidad sanitaria, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la ley General de Salud Pública.
Equidad sanitaria, una ley encallada
La conocida también como ley Darias ha entrado en barrena. Pasó la toma en consideración en el Congreso el pasado septiembre y, desde entonces, la Mesa del Congreso amplía de forma sistemática el plazo de enmiendas -acumula 25-, para dar tiempo a los socios de la coalición a acercar posturas. El Proyecto de ley permanece bloqueado y hay dos versiones bien diferenciadas: los socialistas dicen que las conversaciones con Unidas Podemos continúan, mientras los morados aseguran que el socio mayoritario aún no les ha respondido a su última oferta sobre las privatizaciones, el principal punto discordante.
Fuentes del Ministerio de Sanidad reconocen a Demócrata que, desde hace semanas, ni Darias, ni nadie de su equipo estaba tutelando las conversaciones y consecuente evolución del proceso. Sanidad había delegado en el Grupo Parlamentario Socialista y una de las primeras decisiones que habrá de tomar Miñones será si inmiscuirse o no.
Pese a ser un Proyecto de ley, el articulado no cuenta con el respaldo del socio de Gobierno. Unidas Podemos facilitó con su voto que recibiera el visto bueno del Congreso en la toma en consideración, pero no porque estuvieran de acuerdo, sino porque la propia Darias se comprometió con el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, a modificar personalmente el artículo 1, relativo a las privatizaciones sanitarias. La canaria ha dejado Moncloa con los deberes sin hacer.
Las externalizaciones en Sanidad están avaladas por la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, rubricada por José María Aznar. PSOE y Unidas Podemos firmaron en el pacto de investidura “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, se comprometieron a “revisar” la antecitada ley del Ejecutivo de Aznar. No obstante, los morados consideran que la ley de equidad sanitaria deja abierta la puerta de par en par a las externalizaciones y advierten de que no podrán apoyarla en caso de que no se modifique.
El pasado 22 de febrero hubo una reunión a tres bandas: dos diputados socialistas, dos diputados morados y dos representantes del Ministerio de Sanidad. La cita concluyó sin atisbo alguno de pacto y, a fin de evitar el bloqueo, UP ofreció al PSOE suprimir íntegramente el artículo 1 de la ley Darias y derogar la ley 15/97 de Aznar para evitar futuras privatizaciones. Echenique, en rueda de prensa, ha confirmado la propuesta, pero también que “aún no hay respuesta por parte del Ministerio”.
El espacio confederal argumenta que la propuesta no solo desencallaría el articulado, sino que “entendemos que tendría mayoría parlamentaria”. Se trata, básicamente, de derogar la ley de Aznar que avala las privatizaciones sanitarias y no sustituirla por “ningún texto alternativo”; ya que, según UP, la ley de equidad sanitaria “deroga formalmente esa ley, pero mantiene el espíritu de la ley de Aznar”.
El artículo 1 del Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud modifica la ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril) para limitar las privatizaciones. No obstante, las excepciones son tantas que, según la formación morada, no quedan limitadas ni mucho menos.
Agencia Estatal de Salud, una larga espera
En febrero de 2023 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) y pretende ponerla en funcionamiento esta misma legislatura, a fin y efecto de dar cumplimiento a un compromiso que data del 2011. El Proyecto de ley, actualmente, acumula cinco prórrogas del plazo de enmiendas. Se encuentra en la comisión de Sanidad y Consumo, con competencia legislativa plena y urgente.
Básicamente, la nueva normativa fija las bases para la creación del organismo, que dependerá del Ministerio de Sanidad y cuya función nuclear será dar respuesta a las emergencias de salud que pudieran surgir. En palabras de Darias, su misión será “vigilar, identificar y evaluar estado de salud población, de los problemas y amenazas, prestando especial atención a desigualdades sociales”.