La oposición en el Ayuntamiento de Móstoles al completo (PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos) ha exigido la renuncia del regidor, Manuel Bautista, al entender que la gravedad de las acusaciones y la querella interpuesta por la exedil del PP han desencadenado una “crisis institucional” que requiere “ejemplaridad” política, amparo a la denunciante y salvaguardar la imagen del Consistorio.
La petición se ha planteado en el Pleno extraordinario solicitado por la oposición tras hacerse públicas las denuncias de acoso laboral y sexual formuladas por una exconcejal del PP, que han terminado por llevar al alcalde ante la Justicia.
El Grupo Socialista ha subrayado que este asunto ha colocado a la ciudad “en el epicentro” de un supuesto caso de acoso y ha reprochado al PP que haya antepuesto la protección de la formación al “esclarecimiento de los hechos”. Asimismo, ha criticado los recortes presupuestarios en Igualdad y ha alertado de que el proceso derivará en “pena de banquillo” y en un desgaste prolongado de la institución.
Los socialistas también han puesto el acento en los audios difundidos y en el papel del secretario general del PP, Alfonso Serrano, y de la vicesecretaria de Organización y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, como máximos responsables de tramitar la denuncia interna. “Lo más aberrante del tema es que no han protegido a la víctima, han tratado de protegerse todos ustedes”, ha denunciado la edil del PSOE, Susana López.
Desde Más Madrid Móstoles han centrado sus críticas en el trato recibido por la exconcejala dentro del partido. Han afeado que, tras meses reclamando amparo interno, no fuera atendida ni informada del cierre del expediente y han tildado todo el procedimiento de “chufla”. La portavoz, Ana Tejero, ha cuestionado el funcionamiento de los órganos internos y ha acusado al PP de activar una campaña de descrédito contra la denunciante, reclamando la dimisión del alcalde “por el bien de la institución”.
Vox ha sostenido que la crisis “ha destruido la credibilidad institucional en tiempo récord” y ha remarcado que el caso ha superado el ámbito estrictamente municipal. Su portavoz, Nieva Machín, ha citado igualmente a Serrano y Millán, considerando “contradictorio” que se “desincentivara la denuncia y después se cuestionara su ausencia”. Ha diferenciado entre presunción de inocencia y responsabilidad política, defendiendo que “son planos diferentes”, y ha pedido que Bautista dé un “paso al lado” para preservar la dignidad del Ayuntamiento.
Podemos ha incidido en que la responsabilidad política “no exige condenas, exige ejemplaridad” y ha sostenido que la continuidad del alcalde “daña a la institución” aun sin sentencia. Su portavoz, Mónica Monterreal, ha recordado que ya se ha presentado una querella por presunto acoso sexual y laboral, además de otros delitos, y ha recalcado que la protección de las posibles víctimas “no puede depender de la buena voluntad de un partido político”. Ha criticado también el silencio del área de Igualdad y las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por lo que considera haber “minimizar” el caso, evocando el precedente de Nevenka Fernández para alertar del riesgo de “revictimización” cuando las instituciones se limitan a “proteger el poder”.
Podemos ha reiterado que apartarse “no es admitir culpabilidad”, sino “facilitar una investigación sin presiones”, y ha planteado la renuncia del regidor como una “obligación ética”.
Frente al cierre de filas de la oposición, el único apoyo explícito a Bautista, más allá del portavoz municipal del PP, ha llegado de Daniel Martín, exconcejal de Vox que abandonó la formación hace un mes, mantuvo el acta y pasó al grupo de no adscritos, tras haber dirigido el área de Cultura.
PSOE y Más Madrid han criticado, además, que no se permitiera el acceso al Pleno a varias diputadas de la Asamblea de Madrid que habían acudido a respaldar a sus compañeros, algo que el alcalde justificó por problemas de aforo.
El Pleno extraordinario y el origen del caso
A comienzos de mes, el diario ‘El País’ difundió una información sobre un presunto acoso atribuido al alcalde, que defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato “que no se corresponde con la realidad”. La publicación también señalaba al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán, recogiendo declaraciones de las reuniones que ambos mantuvieron con la exconcejala a raíz de su denuncia interna.
El PP de Madrid sostuvo que había actuado correctamente y que la instrucción de la acusación no aportó pruebas del acoso. A su vez, la dirección nacional del partido afirmó que abrió un expediente en 2024 y que este se archivó en abril de 2025 al no considerar acreditada la conducta de acoso sexual.
La oposición ha apuntado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no llegó a recibir a la exedil. Desde el Gobierno regional, en cambio, se difundieron nueve correos electrónicos remitidos por la concejala de Móstoles a la presidenta autonómica en los que la edil aludía a “discriminación laboral” pero no mencionaba el “acoso sexual” hasta meses después, ya por medio de su abogado.
La semana pasada, el letrado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia de Móstoles una querella contra el alcalde y el PP nacional por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. En el escrito se denuncia también “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular”.