Varios grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han adelantado que exigirán la comparecencia del alcalde, Luis Barcala (PP), en la comisión no permanente o específica del pleno sobre las viviendas de protección pública (VPP). Esta petición llega tras la controversia generada en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones están siendo ya objeto de investigación judicial.
La sesión constitutiva de este órgano se celebrará el lunes 23 de marzo, a las 12.00 horas, en la antigua sala de la junta de gobierno local. Según la convocatoria consultada por Europa Press, el orden del día de esta primera reunión de la comisión sobre las VPP incluye tres apartados: la constitución de la misma, la aprobación de un plan de trabajo y un turno final de ruegos y preguntas.
La polémica ha desencadenado varias renuncias. Entre ellas, la de la exconcejal de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez, adjudicataria de una de las viviendas, y la de la exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que tenía familiares entre los beneficiarios. Asimismo, Miguel Ángel Sánchez dejó el puesto de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio después de conocerse que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
La Generalitat, por su parte, ha incoado un expediente disciplinario a un funcionario por el visado de la adjudicación de estos inmuebles, al constatar que es cónyuge de una de las solicitantes y que presuntamente ocultó datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte. Paralelamente, el Ayuntamiento decidió apartar de cualquier trámite relacionado con el futuro Plan General Estructural (PGE) a un arquitecto municipal propietario de una VPP en Les Naus.
PSPV: “PELOTAZO URBANÍSTICO”
Desde el PSPV, su portavoz en el consistorio, Ana Barceló, ha denunciado que “Barcala ha retrasado más de un mes y medio la convocatoria de esta comisión” y ha cuestionado que “está por ver si durante ese tiempo se ha dedicado a cocinar informes para intentar tapar su responsabilidad”.
En esta línea, ha reclamado que “lo que tiene que hacer el alcalde es dar la cara, acudir a la comisión y dar todas las explicaciones sobre el papel que ha jugado en este pelotazo urbanístico. Dar explicaciones y facilitarnos el acceso a diversa documentación que hasta ahora se nos ha negado”.
Vox: “CÓMO PARTICIPARON DESDE LAS CONCEJALÍAS”
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, ha defendido que la comisión “se centre” en “todas aquellas cuestiones del proceso que hayan sido de competencia municipal” y ha recordado que “a propuesta” de su grupo en Les Corts Valencianes se creó recientemente una comisión de investigación autonómica.
Robledillo ha subrayado que “es a nivel autonómico donde se ha certificado el cumplimiento de los requisitos de acceso a las viviendas” y ha añadido: “Debido a los casos de funcionarios municipales y familiares de estos con piso en Les Naus, queremos conocer quién, cuándo y cómo participaron desde las concejalías de nuestro ayuntamiento y, por ello, vamos a llamar a todo aquel que haya tenido que ver con el expediente incluido el alcalde”.
Compromís: “MANUAL DEL CORRUPTO”
El portavoz local de Compromís, Rafa Mas, ha celebrado que, “por fin, Luis Barcala se digna a convocar” la comisión, aunque sostiene que el primer edil “hasta el día de hoy ha ejercido el manual del corrupto, que es dilatar, esconder, ocultar y acusar a todo el mundo de la trama que ha surgido en su propio equipo de gobierno”. Ha avanzado que será el primer compareciente que su formación propondrá.
Mas ha explicado que “queremos saber desde cuándo lo sabe, quién se lo chivó, por qué lo ocultó, por qué quitó de las competencias a Rocío Gómez cuando Compromís preguntó en julio del 24 por este caso, por la trama que estaba naciendo, surgiendo, de la urbanización de Les Naus”.
Según el dirigente de Compromís, Barcala, Pérez-Hickman y varios arquitectos, junto a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y el exedil del área, el dimitido Toni Gallego, deberán responder a “muchas preguntas”.
Ha insistido en que habrá “muchos comparecientes, muchas preguntas, mucha información, porque queremos saber toda la verdad. Con nuestro suelo no se especula. Con nuestro suelo no se pueden generar tramas corruptas”. Mas ha reiterado que la coalición exigirá “explicaciones” y “responsabilidades” y ha vuelto a pedir la dimisión de Barcala, al que considera “responsable político” de “esta corrupción” que “ha nacido desde este Ayuntamiento que él gobierna”.
EU-Podem: “LLEGAR HASTA EL FONDO”
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, sostiene que “ahora toca investigar de verdad y llegar hasta el fondo” y valora que “la apertura de esta comisión llega tras semanas de informaciones, dimisiones y documentos que apuntan a posibles conflictos de interés en la adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad”.
Ha recordado que “mientras miles de familias buscan una vivienda digna en Alicante, hemos visto cómo pisos protegidos terminaban en manos de cargos públicos y personas con vínculos con el poder. Eso es algo que la ciudadanía tiene derecho a entender y a que se aclare”.
Copé ha afeado también “la tardanza en la puesta en marcha” de la comisión y ha señalado que “la constitución de esta comisión se podía haber producido hace tiempo. Si el equipo de gobierno estaba esperando determinados informes, al menos se podía haber ido avanzando en su preparación para que, en cuanto estuvieran disponibles, se convocara inmediatamente. Hemos perdido semanas valiosas”.
Desde EU-Podem explican que han presentado “un plan de trabajo para que la comisión pueda desarrollar una investigación real y útil para la ciudad”. Entre las propuestas figuran “el acceso a toda la información relativa a las promociones de vivienda construidas en suelo público, la comparecencia de los responsables técnicos y políticos implicados y el análisis del modelo de gestión de la vivienda pública que se está aplicando en Alicante”.
Copé ha concluido que “el objetivo debe ser claro: garantizar que el suelo público sirva para ampliar el parque público de vivienda y para facilitar el acceso a una vivienda digna en Alicante”, y que la comisión “debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía” en las políticas de vivienda, ya que “la vivienda pública está para quienes la necesitan, no para quienes tienen información, contactos o poder”.