La Policía Local de Alicante ha identificado, durante las inspecciones efectuadas en la promoción de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, en la Playa de San Juan, “más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia” figuran como adjudicatarios de pisos, “aunque podrían ser más”, destacando un caso en el que son cinco los beneficiarios, con edades comprendidas entre 18 y 24 años.
Así lo ha expuesto este martes la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha detallado las principales conclusiones del informe elaborado por el cuerpo policial tras el operativo desarrollado recientemente en este complejo residencial, en el centro de la polémica desde hace semanas.
Un juzgado mantiene abiertas diligencias sobre las adjudicaciones de estas VPP y ya se han producido varias renuncias a cargos públicos, como la de la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que resultó adjudicataria de una de las viviendas. También dimitió la ya exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, al constatarse que tiene familiares entre los beneficiarios. Además, Miguel Ángel Sánchez dejó el puesto de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de conocerse que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
El Ayuntamiento ha comunicado que ha remitido a la Conselleria de Vivienda el informe de la Policía Local sobre los residentes en las VPP de Les Naus, elaborado por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios, por encargo del alcalde, Luis Barcala, y a petición de la Generalitat, con la finalidad de comprobar sobre el terreno quién ocupa realmente las viviendas y “comprobar si se han podido cometer irregularidades en el proceso de selección, adjudicación y posterior ocupación”.
El documento recoge, entre otros supuestos, el de esos cinco integrantes de una misma familia, con edades de entre 18 y 24 años, como adjudicatarios de otras tantas viviendas en la promoción. “¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una VPP? Lo que está claro es que lo han conseguido”, ha remarcado Cutanda.
El Ayuntamiento exige “explicaciones” a la cooperativa
En este contexto, Cutanda ha exigido “explicaciones” a la cooperativa de Les Naus “porque las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años”.
Ha subrayado además que “compete” a la Conselleria de Vivienda “visar y dar el visto bueno a las solicitudes de los cooperativistas”. “Como es sabido, el funcionario que se encargó de realizar esta función, ascendido por Compromís en la pasada legislatura del Botànic, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat”, ha añadido.
En el detalle del informe policial, Cutanda ha señalado que también se recoge el caso de una persona que ha accedido a una vivienda en Les Naus y “que tiene el mismo apellido que otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también se han quedado con un piso cada uno”.
Indicios de que “viven más personas” y pisos casi vacíos
Según la portavoz municipal, otro de los aspectos “llamativos” de la inspección es que, de las 140 viviendas de esta urbanización de La Condomina, 89 constan con un único residente, “a pesar de que para la Policía Local existen indicios de que, en al menos una veintena de inmuebles, viven más personas”.
“Este es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas”, ha señalado.
Asimismo, ha indicado que, en el momento de la visita de los agentes, iniciada a primera hora de la tarde del martes pasado, unas 46 viviendas “no contaban” con empadronados, “aunque eso no significa que no lo puedan hacer próximamente”. “Y también hay que señalar que en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha logrado verificar que viva nadie”, ha precisado.
Buzones descuidados y ocupaciones sin el titular
En relación con la revisión de los 140 buzones de correo de la promoción, la Policía Local ha constatado que “26 muestran una apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger”.
“Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio”, ha apuntado Cutanda, quien ha añadido “que hay un número considerable de pisos en los que no vive ninguna persona de forma habitual, aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la urbanización”.
Al mismo tiempo, ha explicado que “también se han detectado hasta 12 personas que están viviendo en seis de estas viviendas de la cooperativa donde no reside el titular”. “Como saben, para vivir de alquiler en estos pisos es imprescindible contar con el permiso expreso de la Conselleria de Vivienda y todos los propietarios tienen la obligación de vivir en las viviendas adjudicadas en un plazo de seis meses desde que firmaron la escritura”, ha recordado.
Cutanda ha agradecido a la Policía Local el “gran trabajo” desarrollado para “esclarecer estos hechos, que el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía desde el primer momento en que tuvo conocimiento” de los mismos.
Igualmente, ha reiterado la voluntad del consistorio de colaborar con el juzgado que instruye la causa sobre las adjudicaciones de estas VPP para “presentar y aportar” toda la documentación de la que disponga. “Caiga quien caiga, como dijo el alcalde, porque no vamos a permitir ni una”, ha subrayado.
Expedientes internos y posible personación en la causa
Junto a Cutanda ha comparecido el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar (PP), quien ha detallado que el Ayuntamiento ha incoado tres expedientes informativos vinculados a la adjudicación de VPP en Les Naus.
En concreto, uno dirigido a dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos tras conocerse que tiene familiares adjudicatarios; y un tercer expediente relativo al acceso a información reservada.
Por otra parte, Villar ha avanzado que el consistorio estudia solicitar al juzgado su personación como acusación particular en la investigación abierta por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, centrada en las adjudicaciones de VPP.
Preguntada por los periodistas sobre si el Ayuntamiento tiene constancia de más personas dispuestas a renunciar a las VPP o que ya lo hayan hecho, la portavoz municipal ha señalado que el consistorio lo desconoce y ha insistido en que cualquier renuncia debe comunicarse a la Conselleria de Vivienda.