Una licitación ha turbado la placidez de Moncloa. Sumar ha exigido al socio mayoritario del Gobierno, PSOE, que el Ministerio del Interior cancele inmediatamente el contrato de 6,6 millones de euros para la compra de balas a una empresa israelí. Se trata de una transacción que el Gobierno aseguro haber rescindido, pero no ha sido finalmente así. ¿El resultado? Sumar solicita la comparecencia en el Congreso de Fernando Grande-Marlaska e IU, incluso, pide a Yolanda Díaz evaluar su papel en el Ejecutivo sin renunciar a su salida del mismo. ¿De dónde viene todo esto?
El pasado 29 de octubre, los diputados de Sumar Enrique Santiago (IU) y Fèlix Alonso (En Comú) registraron varias preguntas para respuesta escrita dirigidas al Gobierno sobre el cumplimiento de la obligación de no vender ni comprar armas a empresas vinculadas a Israel.
Entre la batería de cuestiones planteaban si el Gobierno planeaba interrumpir sus compromisos con la empresa israelí Systems y sus filiales, y por qué no lo había hecho ya.
Mes y medio después, los parlamentarios recibieron respuesta del Ejecutivo. Datado en 11 de diciembre, el escrito remitido al Congreso señalaba que «el citado contrato no ha sido firmado y se ha puesto en marcha el proceso para rescindir su adjudicación».
Sin embargo, este miércoles se ha conocido que el Gobierno ha formalizado la compra de dos lotes de munición a dos empresas israelíes. El anuncio se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 18 de abril, en plena Semana Santa.
Reacciones a la polémica
Ante el malestar del movimiento, Sumar ha exigido la cancelación inmediata del contrato y anunciado que solicitarán la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar lo sucedido.
Ambas demandas han sido respaldadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, que en un comunicado han abundado en la cancelación inmediata del contrato y en que registrarán la solicitud de comparecencia.
Incluso, IU, que integra el grupo parlamentario, ha solicitado a Yolanda Díaz evaluar el papel de Sumar en el Ejecutivo sin descartar ningún escenario, incluido el de ruptura.
Por su parte, fuentes del Gobierno explican que Interior, en efecto, puso en marcha el pasado 29 de octubre del 2024 el estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado. No obstante, tras “estudiar las posibilidades de anulación”, se decidió atender la recomendación de la Abogacía del Estado y no rescindir el contrato dado que se encontraba en una fase avanzada.
Aseguran que la anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados.
“El Ministerio del Interior, pese a este episodio, comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”, remarcan.