Durante julio y agosto, los meses de «vacaciones» para las Cámaras, al margen de las sesiones extraordinarias que puedan celebrarse, el Congreso se rige por la Diputación Permanente. Este órgano tiene como función velar por los poderes de la Cámara y sustituir determinadas funciones del Pleno, como la convalidación de los Reales Decretos-ley dictados por el Gobierno o la información, autorización y declaración si procediera, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Para encontrar la primera sesión celebrada por la Diputación Permanente hay que remontarse al 28 de agosto de 1978. El órgano se reunió a instancias del Grupo Socialista, que solicitaba al Gobierno de Adolfo Suárez «los motivos y circunstancias» que aconsejaban la visita del Rey de España a Argentina prevista para finales de año, «teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados relativas al respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana».
Era 1978, y mientras en España todos los esfuerzos políticos se centraban en la redacción y elaboración de la Constitución con la que dejar atrás la dictadura de Franco, Argentina iba camino de cumplir dos años y medio bajo el régimen de Videla.
Sin precedentes
No obstante, la cuestión inicial que hubo que atajar en aquella primera Diputación Permanente fue la sustitución del que en el momento de constituir la Mesa del órgano había sido elegido vicepresidente segundo: Francisco Zaragoza Gomis (UCD).
Su salida estuvo motivada por su nombramiento como director del Instituto Nacional de Previsión (INP). Institución que desaparecería ese mismo año para dar paso a organismos más atemporales y que había sido creada por el Alfonso XIII en 1908. El INP fue el órgano pionero de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria.
La salida de Zaragoza Gomis, diputado por Alicante, del hemiciclo permitió la entrada de Juan Rodríguez Marín al Grupo Centrista. En lo que a la Diputación Permanente respecta, el agraciado con la Vicepresidencia Segunda fue Modesto Fraile Pujade (UCD).
Atendiendo a los usos parlamentarios establecidos, la UCD entendía que la vacante debía ser cubierta entre sus propias filas. Por su parte, el Grupo Socialista, no solo declinó presentar un candidato alternativo, sino que Gregorio Peces-Barba propuso elegir a Fraile Pujade por aclamación. Su petición respondía a la voluntad de agilizar los tiempos de la sesión, tónica que se mantuvo durante toda el debate.
Sin embargo, como recordó el presidente de la Cámara Fernando Álvarez de Miranda: “Toda votación de personas debe hacerse por papeletas. Debemos proceder al cumplimiento estricto del Reglamento, para lo que no perderemos más que cinco minutos”.
El Rey en el foco
Resuelto el nombramiento, el presidente informó a sus Señorías de que el Gobierno había solicitado que la sesión se celebrará a puerta cerrada. En consecuencia, invitó a los periodistas y fotógrafos presentes a abandonar la sala. Transcurrido un breve periodo de tiempo, Álvarez de Miranda comunicó que el ministro de Exteriores Marcelino Oreja Aguirre había retirado la petición y por tanto la sesión continuaría con carácter publica.
En su primer intervención, Oreja Aguirre explicó que el monarca ya había visitado ocho países hispanoamericanos sin ninguna objeción a pesar de que estos “no tenían una uniformidad de regímenes políticos”. “Nadie podrá creer que el Rey de España va a un determinado país a defender un régimen político o a amparar un determinado Gobierno”, añadió. El viaje se enmarcaba en una gira que previamente llevaría a los monarcas por México y Perú.
La oposición temía que esta visita pudiera llegar a legitimar ante Europa la dictadura de Videla que acumulaba multitud de condenas y denuncias internacionales por sus actuaciones autoritarias. Más si cabe, viniendo de la mano de Juan Carlos I, «protagonista del cambio democrático» en España.
“Tendríamos que cuidar aquellas visitas que puedan comprometer de alguna manera esta imagen de motor del cambio que en el país se ha producido”, en palabras del diputado socialista Donato Fuejo Lago.
sobre lo que representaba la figura de Juan Carlos I como icono de la Transición española, el ministro insistió en la importancia de «proyectar su imagen como esperanza y como estímulo de una evolución posible” ante los argentinos. En último lugar, sacó a relucir la relación económica bilateral para justificar la presencia del monarca a pesar de la situación política del país sudamericano.
Una incoherencia democrática
Las explicaciones del ministro fueron recogidas por los grupos de la oposición con cierta reticencia. El diputado socialista Luis Yáñez-Barnuevo logró la atención de la Cámara al mencionar que desde que se había producido el golpe militar solamente dos Jefes de Estado había visitado Argentina: el General Pinochet (Chile) y el General Banzer (Bolivia). «Nos duele, realmente, que el tercer Jefe de Estado que visite Argentina sea el Rey de España en estas circunstancias», sostuvo desde la tribuna.
Antes de exponer sus objeciones al viaje, Ramón Tamames (PCE) hizo la siguiente aclaración: «En las observaciones que vamos a hacer a continuación nos
referimos a una política y no a la figura del Jefe del Estado». Descargar de responsabilidad a Juan Carlos I fue también el punto de partida de la exposición del líder de Alianza Popular Manuel Fraga: «Siempre que se trata de enjuiciar actos de la Corona, me atengo al principio expuesto por el señor Tamames de que estamos hablando del Gobierno«.
No obstante, Fraga se mostró más comprensible con el argumentario del Gobierno que otros partidos: «Yo creo que las circunstancias por las cuales el viaje de un Jefe del Estado español a la Argentina está justificado no hay que explicarlas nunca: éste es un país hermano«.
Para Tamames resultaba una incoherencia que transcurrido un año escaso desde el inicio «de la andadura democrática de España», cuando todavía quedaban algunos textos por incorporar a los tratados internacionales en defensa de los derechos, «inhibirnos ante un viaje del Jefe del Estado español a un país donde no se cumplen estos derechos».
Tras los reproches de la oposición, el ministro del ramo se comprometió a promover «las consultas necesarias para que los viajes de Estado y, en general, la política exterior del mismo tengan el máximo consenso posible».
Sin perjuicio del gesto, los socialistas no cesaron en su rechazo al viaje del monarca. Es por ello que presentaron una moción instando a aplazar la visita para «preservar el prestigio de las instituciones».
La iniciativa no logró el respaldo de la Diputación Permanente al cosechar 20 votos en contra y 16 a favor.
In memoriam
Tres días antes de la celebración de la sesión fallecía el diputado del PNV Juan de Ajuriaguerra. Por este motivo, antes de entrar a debatir el polémico viaje, los portavoces de la UCD, el PSOE, el PCE y CiU, tuvieron unas palabras de recuerdo hacia el diputado. «Para que conste en acta y se enteren también los ciudadanos», señaló el socialista Enrique Múgica.
Jesús Viana Santa Cruz, del Grupo Centrista, lamentó que «este hombre que luchó tenaz durante más de cuarenta años en pos de la libertad» muriese justo «cuando vamos a empezar a estrenar la democracia«.
Como era frecuenta en España al final de los años 70, la lacra del terrorismo hizo acto de presencia aquel 28 de agosto de 1978 con tres fallecidos. En Santiago de Compostela, un guardia civil fue asesinado de un pistoletazo en la cabeza cuando estaba haciendo la compra en el mercado; en Mondragón otro guardia civil fue asesinado por dos disparos; y en Barcelona, una pareja de la Policía Armada fue tiroteada, resultando fallecido uno de ellos.
Las noticias que se fueron conociendo a lo largo de la sesión, suscitaron una condena unánime. «Nos encontramos con un problema donde tenemos todo un abanico de grupos terroristas, con objetivos completamente distintos y, al mismo tiempo, con una clara coordinación entre ellos», resumió Francisco Ramos i Molins, diputado de Socialistas de Cataluña.
El domingo 26 de noviembre de 1978 el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofia aterrizaban en Buenos Aires para dar comienzo a su visita de Estado a Argentina. Tras su paso por México y Perú, los monarcas esperaban perfilar las relaciones hispano-americanas.