El día 15 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia presentó ante la Mesa de dicha cámara una proposición de ley relativa al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Amparándose en lo dispuesto en el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, y en los artículos 154 a 156, en concordancia con el artículo 122 del Reglamento de la Cámara, el grupo parlamentario presentó la iniciativa para su debate en el Pleno y su posterior presentación ante la Mesa del Congreso de los Diputados.
Dicho debate se llevó a cabo el pasado 29 de marzo, en una sesión plenaria que aprobó la designación del presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, como defensor de esta proposición de ley en el Congreso. Durante el debate, el Partido Popular en la Región de Murcia denunció «los recortes» del Gobierno de España al trasvase, y recalcó la importancia de poder defender esta iniciativa ante el Congreso. Por su parte, el Grupo Socialista, que rechazó la PL, criticó que el grupo popular no contara con el apoyo de su partido a nivel nacional. A pesar de todo, la iniciativa salió adelante con 26 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención.
Un mes después, la Mesa del Congreso ha admitido a trámite dicha iniciativa, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Plan Hidrológico del Tajo, en el centro de las críticas
En la exposición de motivos de la proposición de ley, el Grupo Popular pone en valor los «más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos que proporciona la infraestructura, con una aportación al PIB nacional de más de 3.000 millones de euros». Además, defienden que el trasvase por acueducto Tajo-Segura «constituye la mayor y más importante infraestructura hidráulica ejecutada en España», además de «constituir un instrumento vertebrador del territorio». Sin embargo, para el citado grupo este desarrollo económico y social se encuentran en peligro tras la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo.
En el texto registrado se denuncia que este plan «supone el recorte de más de 100 hm3 de agua al año y la eliminación de al menos 15.000 hectáreas de regadío, que amenaza a más de 20.000 empleos». Para el Grupo Popular, este hecho podría suponer un daño patrimonial en abastecimientos y regadíos de 5700 millones de euros,» 4.000 de ellos por lucro cesante en las explotaciones agrícolas, y que encarecerá anualmente el recibo del agua para consumo humano en más de 14 millones de euros».
Los populares esgrimen en su argumentación que el Consejo de Estado ha recordado la necesidad de coordinar el contenido de los planes hidrológicos «de las cuencas cedente y receptora para garantizar su coherencia y el respeto a la normativa específica reguladora del trasvase Tajo-Segura». No obstante, el Pleno del citado órgano consultivo aprobó por unanimidad el pasado mes de enero el dictamen del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Competencia exclusiva del Estado
El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea murciana reconoce que «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma» es competencia exclusiva del Estado. Por lo que justifican la presentación de esta proposición de ley en la necesidad de garantizar la preservación del trasvase Tajo-Segura, algo «trascendental» para la Región de Murcia, y para la que exigen la aprobación de una ley.
La proposición incluye un artículo único que remite a las determinaciones establecidas en el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, sobre «las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, la predicción de aportaciones mensuales, los valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas y los desembalses de referencia».
Las normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura
El mencionado Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura consta de cinco artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El articulado aborda por una parte las reglas de explotación del trasvase (art. 1), y describe el funcionamiento del mecanismo de predicción de aportaciones mensuales (art. 2). También desarrolla la cuestión de los consumos de referencia por usos y zonas de riego (art. 3), y profundiza «en los desembalses máximos de referencia desde la presa de Bolarque» (art. 4). Por último, en su apartado quinto recoge y define «las características y la periodicidad de los informes de seguimiento».
Por otro lado, en las disposiciones adicionales se recoge «el no incremento del gasto público», así como se insta a «respetar las asignaciones, reservas y caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo«. Además, la disposición final primera también «pide que el Plan Hidrológico Nacional incorpore entre sus contenidos una relación descriptiva de los trasvases actuales y armonice la regulación de sus transferencias». Por último, respecto a los títulos competenciales habilitantes, se atribuye la competencia al Estado, también «en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».