La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como Mordaza, ha decaído en la votación de la comisión de Interior. El dictamen definitivo no ha logrado avanzar al siguiente estadio, el Pleno del Congreso, por lo que uno de los grandes compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez no podrá consumarse. La coalición, PSOE y Unidas Podemos, llegaba sin acuerdo con sus socios habituales, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, y sus votos en contra han tumbado la reforma.
La votación ha sido muy ajustada. Por un único voto, 18 a 19, el dictamen ha decaído y no se podrá retomar. La comisión está formada por 37 diputados. El Grupo Socialista tiene 13, el PP nueve, Vox cinco, Unidas Podemos cuatro, uno del PNV, uno de Ciudadanos, ERC y EH Bildu atesoran uno cada uno, Junts tiene uno también y UPN, otro. Socialistas, UP y PNV han votado votado a favor y, el resto, en contra, incluidos ERC y EH Bildu.
Las partes implicadas en la negociación de la reforma se han responsabilizado los unos a los otros. El PSOE ha culpado a ERC y EH Bildu, mientras estos, han acusado a los socialistas de pretender acometer una reforma light, tan descafeinada que no solo no derogaría los aspectos más lesivos de la Mordaza, sino que los mantiene y maquilla de tal manera que quedarían naturalizados. Por su parte, el grupo minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, se ha partido. El ponente, Enrique Santiago, del PCE, ha apuntado a Esquerra y a la izquierda abertzale; mientras que Pablo Echenique, portavoz parlamentario, ha descargado la responsabilidad sobre los hombros del PSOE: “No han querido hacer un último esfuerzo”.
“Cuando el PSOE ha necesitado los votos de ERC y EH Bildu a toda costa, como ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado, consigue esos votos»
Pablo Echenique
En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Echenique ha esgrimido que “cuando el PSOE ha necesitado los votos de ERC y EH Bildu a toda costa, como ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado, consigue esos votos”; y “más allá de los detalles, el PSOE no ha hecho lo que hace en los Presupuestos, no se ha remangado para conseguir los votos”. Los socialistas, ya desde el martes, asumían que la reforma no saldría adelante y comenzaron a sacudirse la responsabilidad deslizando que se trata de una propuesta del PNV, no del Gobierno, pese a que era un compromiso de legislatura. Sobre esto, Echenique ha sentenciado que “la responsabilidad de sacar las leyes es del Gobierno, nunca de los socios que no forma parte del Gobierno”, precisando que “los socios negocian duramente, y eso no es una crítica, sino una virtud política”.
Los puntos de fricción y una última intentona
Todos los avances logrados en los últimos 12 meses de trabajo han quedado en nada por las fricciones en cuatro puntos concretos que han imposibilitado el quórum: el uso de las pelotas de goma, que los socios abogaban por prohibir pero los socialistas rehusaban hacerlo; el artículo 37.4, relativo a las faltas de respeto a la autoridad; el 36.6, que refiere el concepto de desobediencia; y las devoluciones en caliente avaladas por el régimen especial de Ceuta y Melilla. Eran condición sine qua non para el Grupo Republicano y para la izquierda abertzale. De hecho, ERC cedió en la votación del informe de la ponencia y permitió que pasara al estadio de la comisión para explorar las posibilidades de acuerdo en esos puntos.
Para desbloquear las conversaciones, los socialistas hicieron varias ofertas en las últimas semanas. Plantearon incorporar una disposición para comprometer al Gobierno a estudiar y revisar todos los materiales antidisturbios que pudieran emplearse. En ese análisis, podrían participar colectivos y la sociedad civil. Sin embargo, según el PSOE, ERC y EH Bildu se han enrocado en exigir que se haga mención explícita a las pelotas de goma. “No hacemos referencia literal porque puede cambiar el material, y de pelotas de goma pasamos a, qué se yo, caucho. ¿Por qué tenemos que hacer una mención expresa a algo? Estamos ofreciendo más de lo que piden” razonaron los socialistas. Con respecto a las devoluciones en caliente, apostaban por dejar al margen la disposición adicional que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España”. El PSOE esperaba que los socios aceptaran tratar este punto en la Ley de Extranjería para extirparla del debate, pero tanto ERC como Bildu se han negado porque no hay visos de ser modificada en lo que resta de legislatura.
En cuanto a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, ERC y EH Bildu urgían a una mayor objetivación puesto que suponen en torno al 70% de las multas a la ciudadanía, pero las propuestas literarias del PSOE no han satisfecho sus anhelos.
Los cuatro puntos discordantes -Pelotas de goma -Devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla -Concepto de desobediencia a la autoridad -Faltas de respeto a la autoridad
A primera hora de la mañana, ERC y EH Bildu han confirmado su voto negativo, pero han esbozado un salvoconducto: cuatro enmiendas transaccionales que, de ser aceptadas por el PSOE, salvarían el dictamen y facilitarían su llegada al Pleno.
Sugerían añadir un nuevo apartado 4 al artículo 23 que recogiera que “las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, queda prohibido expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma”.
Además de prohibir las pelotas de goma, han propuesto eliminar el punto 6 del artículo 36, sobre la desobediencia. En su lugar, se añadiría un apartado al artículo 37, pasando la infracción de grave a leve. El redactado entendería por “desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico”. También “la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal” y “la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
De incorporarse estas propuestas al dictamen, el apartado de desobediencia, que pasaría a considerarse falta leve -como estaba en la legislación anterior-, las faltas de respeto quedarían objetivadas pasando a ser solamente considerados los «insultos e injurias”. Además, se podría dejar sin efecto la sanción en caso de disculpa. Todo ello fue rechazado y la ley de Seguridad Ciudadana se mantendrá intacta, al menos, hasta la próxima legislatura.