El Ministerio de Sanidad tenía un objetivo, la voluntad y un calendario para cumplirlo; pero sus planes se han visto truncados. La reforma del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios es una de las prioridades, por lo que se agendaron media docena de reuniones de febrero a abril con los sindicatos para lograrlo. Sin embargo, en el ecuador de las conversaciones, los sindicatos han roto la baraja y han anunciado la convocatoria de una huelga médica contra la propuesta elaborada por la cartera de Mónica García.
El Comité Ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), en connivencia con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha hecho un llamamiento a la huelga en todo el territorio nacional para el próximo 23 de mayo; manteniendo además las concentraciones convocadas en varias ciudades de España el 5 y 12 de marzo entre las 11:00 y las 11:30 horas.
Lo sindicatos rechazan frontalmente las propuestas que, hasta la fecha, les ha trasladado Sanidad y, ahora, su principal demanda es la de articular un nuevo espacio de negociación porque la mesa en la que se desarrollan las conversaciones desde hace dos años se ha enquistado.
La CESM pide un lugar en el que se permita a los médicos negocias sus condiciones laborales en un ámbito distinto al actual, en el que tengan una “representación real para decidir las condiciones, obligaciones y derechos de los médicos y facultativos”.
¿Y cuál es el siguiente paso? Desde el Ministerio de Sanidad no aclaran si este desarrollo de los acontecimientos ha trastocado su hoja de ruta. Antes del 23 de mayo, jornada en la que se ha convocado la huelga, hay agendadas tres citas entre sindicatos y Sanidad: el 6 y el 18 de marzo, y el 3 de abril.
El conflicto se ha trasladado al Congreso de los Diputados, donde la CESM y el SMA han acudido precisamente este martes para registrar una petición de reunión con los responsables sanitarios de todos los grupos parlamentarios con el propósito de trasladarles su postura.
Puntos de fricción
El borrador propuesto por Sanidad incluía medidas como la rebaja de las 24 horas de guardia hasta 17. Además, se prohibiría que vayan precedidas o seguidas de un turno ordinario. Este cambio, de concretarse, no será de forma traumática, sino progresiva, dando un plazo razonable y flexibilidad para que los servicios de salud puedan aplicarla convenientemente.
Por otro lado, plantean exigir exclusividad a directivos, como los jefes de servicio, para evitar que compatibilicen su trabajo en el Sistema Nacional de Salud con jornadas para la sanidad privada.
“No hacemos una restricción a los profesionales, pero sí a aquellos cargos que creemos que puedan tener un conflicto de interés, y luego que tengan que tener una presencia y una dedicación exclusiva a su tarea, que es bastante importante como puede ser la de dirigir, gestionar o llevar un servicio sanitario”, argumentó la ministra, Mónica García.
Sanidad también ha propuesto que los cinco años siguientes al MIR sea obligatorio trabajar en la Pública. No obstante, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) -que también se ha sumado a la huelga-, Tomás Cobo, explicó en una entrevista a Demócrata que se trataba de un error de redacción y de interpretación que podría subsanarse.
“La propuesta trata de ofrecer un contrato de fidelización durante cinco años, sí, con una exclusividad, con el objetivo posterior de que se convierta en un contrato estable”, argumenta Cobo, por lo que sería una medida para atajar la precariedad que debería ser reformulada en el borrador.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos pide, además, una reclasificación profesional que Sanidad no prevé atender. Por todo ello, la CESM ha explicado en un comunicado que su paciencia ha llegado al límite al sentir que “en los últimos 40 años se ha ido recortando derechos a la vez que se imponían obligaciones”.