Con 347 votos emitidos, 177 votos a favor y 170 votos en contra, la Proposición del Ley para reformar el marco regulatorio del CNI impulsada por el PNV ha superado su toma en consideración. Han apoyado la proposición el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. El PP, Vox y UPN se han situado en el no.
Se trata de una propuesta gestada al calor del caso Pegasus y su propósito es mejorar el control político y judicial sobre sus actuaciones y que el director del CNI sea elegido directamente por el presidente del Gobierno, de tal manera que las responsabilidades políticas no queden desdibujadas.
La iniciativa ha sido defendida en el Pleno por Mikel Legarda (PNV), quien ha puesto el foco en la búsqueda de un equilibrio lógico: «Compartimos que la discreción y la reserva son principios de la actuación de los servicio de inteligencia, pero a su vez deben de compatibilizarse con la protección de los derechos fundamentales y la existencia de controles externos e internos«.
En sintonía con la exposición de motivos de la iniciativa, Legarda ha expresado la necesidad de «perfeccionar el marco normativo del CNI» transcurridas más de dos décadas desde la aprobación de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Ambas leyes fueron la reacción del Ejecutivo de José María Aznar al caso de las escuchas ilegales cometidas por distintos miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) entre 1983 y 1991.
Mayor responsabilidad política
Legarda ha señalado que si su grupo parlamentario ha vuelto a traer esta iniciativa que ya registraron en la anterior legislatura es porque el Gobierno de Pedro Sánchez no había cumplido con sus compromisos en esta materia. Como han recordado varios portavoces, fue el propio Sánchez quien en mayo de 2022 anunció ante la Cámara Baja su intención de actualizar la normativa del CNI y de aprobar una nueva ley de secretos oficiales. Precisamente, el PNV también es muy sensible a esta última cuestión.
Desde la tribuna, Legarda ha defendido, por un lado perfilar las responsabilidades políticas del líder del Ejecutivo: «En un estado democrático el presidente del gobierno no puede desentenderse como dogma de las decisiones operativas de los servicios secretos», y por otro, ha apostado por un mayor control parlamentario en la Comisión de Control de Gastos Reservados de manera que sus miembros puedan «conocer con menos estrecheces aspectos operativos, actuaciones y medios utilizados por los servicios de inteligencia cuando estos irrumpen con estruendo en la opinión pública».
Críticas por partida doble
Aunque el BNG se ha mostrado a favor de la iniciativa, su portavoz Néstor Rego ha denunciado los a su juicio «severos déficits demócratas» que persisten en España desde la Transición. En este sentido, Rego no ha ocultado su escepticismo a que sea un órgano colegiado compuesto por tres magistrados del Tribunal Supremo quien, por unanimidad, acuerden la concesión o no de las autorizaciones operativas previo conocimiento de los medios a emplear, como ha propuesto el PNV. En la actualidad, esta decisión recae únicamente sobre un magistrado.
En línea con el voto negativo de su grupo, también se ha mostrado muy duro Ignacio Gil Lázaro (Vox). Para el diputado valenciano es «un despropósito monumental» atribuir al líder del Gobierno la competencia exclusiva para nombrar y cesar al presidente del CNI. Desde Vox consideran que esta media podría romper el carácter «profesional, técnico e independiente que debe tener el centro».
Un giro esperado
La intervención más esperada de la tarde ha sido la de la socialista Isaura Leal pues en la pasada legislatura el voto en contra del PSOE, junto a PP y Vox fue el motivo de que la iniciativa se rechazará. En esta ocasión, tal como habían adelantado, el sentido de su voto ha sido a favor. Leal ha justificado el cambio de opinión de su grupo en el paso del tiempo, los cambios sociales, geoestratégicos y tecnológicos que hacen «razonable examinar y si es necesario modificar» el marco regulativo del CNI.
Ante los ataques a los servicios secretos por parte de sus socios de investidura, la diputada ha hecho una férrea defensa del Centro y de sus miembros. Además, Leal ha llamado a lograr un amplio consenso parlamentario ante la «posible reforma».
Temor de la oposición
Precisamente, el cambio de postura del PSOE celebrado por el PNV, Junts, ERC y EhBildu, ha sido objeto de crítica para el Partido Popular. Y a esos grupos ha dirigido su portavoz Rafael Hernando una advertencia: «Todos sabemos donde se quedan las proposiciones de ley que se toman en consideración o las que vienen del Senado: en la nevera. En este caso, en el congelador señor Legarda (PNV), ya se lo digo yo».
Sobre esta posibilidad también se han pronunciado Jon Iñarritu (EhBildu), «pueden tener la tentación de aprobar su toma en consideración y luego apartarla en un cajón» y Francesc-Marc Álvaro «no pueden meter todo en el cajón, los deberes no pueden ser siempre una tarea pendiente».
Hernando también se ha mostrado disconforme con otorgar más poder al Presidente del Gobierno y ha sostenido que delegar en tres magistrados del Tribunal Supremo la autorización de las operaciones «le resta eficacia al CNI».
La PL avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con el deseo del PNV de que esta no sea una ‘víctima’ más de las ampliaciones continuas del plazo de enmiendas.