La Xunta tiene previsto dirigirse formalmente al Gobierno central para reclamar “información, lealtad y transparencia” acerca de la situación actual de la red ferroviaria en Galicia.
Así lo ha avanzado este viernes la conselleira de Infraestruturas, María M. Allegue, en declaraciones a los periodistas tras conocerse la decisión de Adif de reducir la velocidad máxima en un tramo de la línea Ourense-Santiago, escenario en 2013 del descarrilamiento de un tren Alvia en el que fallecieron 80 personas.
Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha difundido la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve al exdirector de seguridad de Adif en la causa por ese siniestro y mantiene al maquinista como único condenado.
La conselleira ha incidido en que son “cientos los gallegos sufriendo un deterioro constante del sistema ferroviario”, aludiendo a “averías, retrasos y dificultad para encontrar billetes”.
“No tenemos que esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar el estado de nuestras vías”, advierte, enlazando con el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), en el que se registraron otras 45 víctimas mortales.
Allegue ha recordado que en 2022, tras un encuentro entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, “éste se comprometió a conformar un grupo de trabajo que aún no está constituido”.
“Exigimos información lealtad y transparencia. Por eso nos vamos a dirigir al Gobierno central, porque queremos conocer el estado de nuestra red ferroviaria, el motivo de la reducción en ese tramo que nos tuvimos que enterar por los medios, si es una medida excepcional o si se adoptó otras veces, y si existe un mantenimiento preventivo”, subraya la responsable gallega de infraestructuras.