La Semana Santa siempre es buen momento para detenerse, tomar perspectiva y reorganizar la hoja de ruta de cara a al verano. El Congreso, como es habitual, paraliza su actividad legislativa y, en esta ocasión, el parón se extenderá hasta mayo para que el Partido Popular pueda asistir al congreso de su familia política europea (PPE), que tendrá lugar en Valencia. Estas semanas servirán para tomar aire y afrontar varios asuntos que se aspira, sino a resolver, al menos encaminarlos antes de las vacaciones veraniegas.
¿Dónde se pondrá el foco?
Respuesta arancelaria
Una de las prioridades de las próximas semanas será la respuesta a los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las líneas maestras de lo que será el Plan nacional de “respuesta y relanzamiento comercial” para paliar los efectos adversos del shock arancelario. La estrategia cuenta con dos vertientes principales para ayudar a las empresas, proteger a los trabajadores afectados y reorientar la capacidad productiva. Por un lado, se movilizarán 6.700 millones de instrumentos ya existentes y, por otro, se dispondrán 7.400 millones de nueva financiación.
Para canalizar parte del Plan, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que habrá de ser convalidado por el Congreso de los Diputados durante el mes de mayo. Además, quedan muchos flecos por cerrar, puesto que si bien ya incorpora algunos elementos negociados con los grupos parlamentarios como la rendición de cuentas y transparencia de periodicidad trimestral y formato presencial o 220 millones adicionales en instrumentos de apoyo a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa, el Ministerio de Economía seguirá manteniendo reuniones para aquilatar la estrategia con nuevas medidas.
Así las cosas, según fuentes consultadas por Demócrata, el ministro Carlos Cuerpo, así como el Ministerio de Economía en su conjunto, mantendrán reuniones y contactos con grupos políticos, empresas y sectores afectados en las próximas semanas, aunque de momento no hay fechas concretas. Entre otras cosas, la vía de diálogo permanece abierta para definir las condiciones de las líneas ICO.
El Plan completo
Eje 1: Red de Protección
-Línea ICO de avales (5.000 millones).
-Línea ICO financiación (1.000 millones).
-Plan Moves III (400 millones).
-Fondo de Inversión Industrial Productiva (2.000 millones).
-Mecanismo Red.
Eje 2: Reconversión e Internacionalización
-Instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización (720 millones).
-Cobertura CESCE-CARI (2.000 millones).
-Plan ICEX Internacionalización.
-Fondos del Plan Recuperación (5.000 millones).
Eje 3: Dimensión UE
-Respuesta arancelaria.
-Impulso de un nuevo Fondo UE, financiado con aranceles.
-Apoyo negociaciones comerciales, priorizando Mercosur y atendiendo a las oportunidades en Asia (China, India y ASEAN).
-Impulso Mercado Único.
Migración: un nuevo modelo de gestión
El Gobierno prevé comenzar a aplicar la nueva normativa sobre menores migrantes no acompañados este verano, o al menos, los primeros traslados. El Pleno del Congreso convalidó el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La iniciativa reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para regular el reparto automático de menores migrantes no acompañados en los casos en que las regiones superen tres veces su capacidad ordinaria.
El próximo 28 de abril la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia podrá acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.
Sin embargo, en caso de no lograrse, el RD-ley ya establece un sistema: se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en el 300% de la capacidad de cada territorio.
La iniciativa resuelve la situación de unos 4.000 menores acogidos en Canarias y de otros 400 en Ceuta, que deberán ser trasladados a otras comunidades en los próximos 12 meses. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, se espera que los traslados no puedan comenzar a aplicarse hasta aproximadamente verano, ya que primero se han de calcular las plazas disponibles en cada comunidad autónoma y asentar el sistema.
Así las cosas, se dibuja un nuevo modelo de gestión basado en criterios objetivos para la determinación -por el órgano competente de la Administración General del Estado- de cuál será la ubicación de los niños, niñas ya adolescentes migrantes no acompañados en las diferentes comunidades o ciudades autónomas; el mecanismo de derivación a otros territorios; y los criterios de determinación de plazas por territorio.
Los parámetros a tener en cuenta son el de población (50%), renta per cápita (13%); tasa de paro (15%); esfuerzo, esto es el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%); dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Sanidad, una cartera con muchos frentes
El Congreso deberá volver a tramitar el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. El Pleno del Congreso rechazó el dictamen elaborado por la Comisión de Sanidad a pesar de que había un gran consenso y los votos estaban cerrados. In extremis, Junts y PP optaron por el ‘no’, condenado la iniciativa. ¿El motivo? El veto de la Mesa del Congreso a enmiendas ya aprobadas por el Senado e incorporadas al Proyecto de Ley de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.
Por otro lado, la reforma de Medicamentos tardará algo más en llegar, puesto que el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros se encuentra en fase de Audiencia Pública (hasta el 30 de abril); pero llegará.
El sector se está moviendo. La propuesta sobre el nuevo sistema de precios de referencia para medicamentos fuera de patente no convence a la industria farmacéutica. El Ministerio de Sanidad continuará dialogando con los diferentes agentes. Por su parte, los grupos parlamentarios no solo disponen ya del contenido de la ley para trabajar sus propuestas, sino que la Comisión de Sanidad ya abordó una reforma similar, cuando PSOE y Sumar aprovecharon una enmienda de ERC a la decaída Agencia Estatal de Salud Pública para transaccionar una reforma del sistema de precios de referencia para excluir la innovación incremental.
La reforma del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios no se libra en el Congreso, pero los sindicatos están manteniendo encuentros con grupos parlamentarios, solicitan reuniones a otros y exigen un nuevo espacio de negociación ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad.
También se espera que en el mes de mayo el Pleno del Congreso debata la articulación de una subcomisión impulsada por ERC para abordar las críticas de un sector que no ha recibido con buenos ojos la nueva regulación de distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Según confirman fuentes del Grupo Republicano, el PSOE se ha abierto a ello y mantendrá una actitud constructiva.
Todos estos elementos se suman a dos proyectos de ley que aguardan su desbloque, aunque por el momento no hay visos de que ocurra: Universalidad y Cohesión. Estas dos iniciativas son dos de las tres patas en que Sanidad fragmentó la denominada Ley Darias. La tercera sería el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS (Ley anti-privatizaciones), que salió a consulta pública previa, pero ni está, ni se le espera en el horizonte cercano.
También en fase de enmiendas, y con la incertidumbre de saber si se desbloqueará y cuándo, se encuentra el Proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.
Movilidad Sostenible y Transición Ecológica
El dictamen elaborado por la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley de Navegación Aérea y la de Seguridad Aérea está listo para ser elevado a Pleno.
El texto aspira a impulsar un uso más eficiente de los recursos públicos y, entre las novedades destaca la creación de una única comisión mixta medioambiental en cada aeropuerto de interés general en los que sea precisa la participación de la administración autonómica y local que sustituirá las múltiples comisiones; al tiempo que se actualiza el marco regulador del tráfico aéreo.
También se define explícitamente la condición de personal aeronáutico de los pilotos y del personal de apoyo a la operación con respecto a los sistemas de aeronaves no tripuladas (drones).
Asimismo, durante los trabajos de ponencia y mediante enmiendas, se han incorporado al articulado multas de hasta el 100% del precio del combustible para las aerolíneas que incumplan los mínimos establecidos de biocombustible o de cualquier otro tipo de combustible considerado como sostenible.
Las compañías tendrán un mes para cumplir con las resoluciones AESA en caso de cancelación o retraso de vuelo, pudiendo ser multadas sin pasar por el juzgado.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, tras varios meses de espera y con toda la incertidumbre sobre la firmeza de su paso, ha reactivado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. La ponencia ya se ha constituido y, por delante, tienen casi 750 enmiendas que discutir, buena parte de ellas, relativas al sector del autobús. Se debatirá la liberalización de rutas, el cabotaje, la elaboración de un nuevo mapa concesional y la litigiosidad en la licitación de concesiones, entre otras cosas.
Por su parte, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico abordará el reinicio de la tramitación de la Proposición de Ley por la que se modifica el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El Pleno del Congreso ya tomó en consideración la iniciativa del PSOE. Se trata de la misma redacción que el Proyecto de Ley que el Gobierno retiró después de que Partido Popular y Junts lograran introducir una enmienda en fase de ponencia para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
La ley está comprometida con Bruselas, por lo que sumado a que ya se trabajó su redacción, no se tarde en concretar.
Su contenido es muy técnico y su propósito muy claro: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la imposición de un precio al carbono emitido. Se trata de establecer un marco normativo que permita a la UE cumplir los objetivos asumidos en materia de energía y cambio climático, como es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990.
Uno de sus elementos más relevantes es que se actualiza la normativa para que se aplique también al comercio de derechos de emisión para edificios, transportes por carretera y sectores adicionales.
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Los caminos del Congreso son inescrutables. Los grupos parlamentarios pueden dibujar un mapa aproximado de cuáles serán los topics que regirán las próximas semanas y, aún con toda esa previsión y análisis, el tercio puede cambiar radicalmente.
Es por ello por lo que, al margen de las antecitadas iniciativas que la Cámara Baja prevé abordar, desde Demócrata recordamos dos asuntos más que permanecen a la espera y podrían ser reactivados en cualquier momento.
Uno de ellos es la Ley del Cine, a la que le falta acción. Impulsado por el Ministerio de Cultura, es un articulado que pretende actualizar la normativa del sector a los avances tecnológicos de los últimos años.
El texto es de sobra conocido por los diferentes actores que componen la industria, pues se trata de una iniciativa heredada de la pasada legislatura. La propuesta decayó con motivo del adelanto electoral y el nuevo ministro, Ernest Urtasun, la recuperó en sus mismos términos.
Actualmente, permanece bloqueado al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas. La idea es comenzar a trabajar sobre las enmiendas en 2025; pero antes, se quiere encarrilar el Proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor, cuyo propósito es crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.
A buen seguro, otro asunto de debate (recurrente) dada la incipiente llegada de las vacaciones veraniegas, será el alquiler de temporada. La propuesta impulsada por los sindicatos de inquilinas y registrada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG busca extender la regulación de precios y el resto de garantías previstas en la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada y por habitaciones, no cubiertos en la citada ley. No obstante, el recorrido que pueda tener aún es más que incierto dado que de desconoce si Junts, PNV o incluso PSOE están por la labor de concretarla.
De igual forma, se espera que se constituya la ponencia del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado para que se pueda comenzar a trabajar el informe.
Por último, está pendiente de ser elevado al Pleno para su toma en consideración el acuerdo entre PSOE y Junts que cristalizó en una Proposición de Ley para delegar las competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña aguarda su turno para ser elevada a Pleno. Podemos, situado en el ‘no’, tiene la llave para su toma en consideración.
En la misma situación se encuentra la propuesta de reforma del Reglamento planteada por todos los grupos a excepción de PP y Vox para que el Congreso regule la concesión de credenciales de prensa y se amplíe el voto telemático a situaciones debidamente justificadas.
