La guerra en Irán y su efecto sobre los precios de la energía y los carburantes ha empujado a las comunidades autónomas a poner en marcha sus propios planes de choque, que ya suman más de 2.300 millones de euros. Estas iniciativas se dirigen sobre todo a respaldar a empresas, autónomos y ramas productivas especialmente castigadas por el encarecimiento de los costes energéticos.
Estos programas autonómicos se aplican de forma paralela al plan estatal aprobado por el Gobierno, que incluye 80 medidas y prevé movilizar 5.000 millones de euros para contener el impacto de la crisis derivada de la escalada en Oriente Medio, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre cuánto se prolongará el conflicto y cómo afectará a los mercados internacionales.
Con el plan estatal, profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores de toda España contarán con un descuento de 20 céntimos por litro de combustible repostado en sus vehículos hasta el 30 de junio. La ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y por las haciendas forales de País Vasco y Navarra y, de momento, solo estará vigente hasta el 30 de junio.
Hacienda calcula que las ayudas para transportistas y agricultores podrán empezar a abonarse en abril. En el caso de los agricultores, la devolución por gasóleo agrario se liquida a ejercicio vencido, mientras que el gasóleo profesional se retorna con carácter mensual.
Hasta ahora, más de la mitad de las autonomías ha anunciado medidas propias para aliviar la presión sobre la industria, el transporte y el conjunto del tejido empresarial.
País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana lideran el esfuerzo
Entre las regiones con mayor volumen de recursos destacan País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que han diseñado planes centrados en reforzar la liquidez de las empresas, sostener el empleo y proteger a los sectores más vulnerables al incremento de la factura energética.
El paquete más voluminoso es el del País Vasco, con 1.047 millones de euros destinados a levantar un “escudo industrial” enfocado a preservar el empleo, ofrecer apoyo financiero a pymes y fortalecer la autonomía energética.
Cataluña se sitúa en segundo lugar, con la previsión de movilizar 400 millones de euros para salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares y asegurar la continuidad de la actividad económica en los sectores más golpeados.
La Comunidad Valenciana ha avanzado más de 300 millones de euros en medidas para el tejido empresarial, entre ellas una línea de créditos bonificados de 100 millones y ayudas específicas para actividades como el transporte, la logística y la pesca.
Castilla y León ha dado luz verde a un programa cercano a los 170 millones de euros, estructurado en 28 medidas --25 de ámbito autonómico-- dirigidas a impulsar la actividad económica y el empleo, potenciar el transporte colectivo mediante la ampliación de rutas del autobús gratuito Buscyl, apoyar a las familias y avanzar en eficiencia y ahorro energético.
Galicia aprobará un paquete superior a los 150 millones de euros para respaldar a los sectores más golpeados, que se añadirá a los 120,6 millones que, según la Xunta, dejarán de ingresar las cuentas autonómicas por las medidas anticrisis del Estado.
En Baleares se destinarán cerca de 161 millones de euros en ayudas directas, líneas de financiación y medidas estructurales orientadas a ámbitos clave como el transporte, la industria, el comercio o la agricultura.
A estas actuaciones se suma Navarra, cuyo Ejecutivo ha aprobado un decreto foral legislativo de armonización tributaria con medidas fiscales para mitigar los efectos del conflicto, entre ellas la rebaja del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio.
El Gobierno foral calcula que este paquete supondrá un ahorro fiscal superior a los 37 millones de euros para los contribuyentes navarros.
Canarias ha dado luz verde a medidas por 29,8 millones de euros para un periodo inicial de cien días, ampliables --según ha precisado el Ejecutivo-- hasta 60 millones si la guerra se prolonga.
Murcia, por su parte, ha activado un primer bloque de 11 medidas dotadas con 10 millones de euros, dirigidas a los sectores más castigados por la subida de los carburantes y la electricidad.
Regiones sin paquetes propios y situación de Ceuta y Melilla
En el lado opuesto, ni la Comunidad de Madrid ni Asturias han concretado todavía iniciativas específicas nuevas, aunque han indicado que seguirán de cerca la evolución de las necesidades de los sectores afectados. En el Principado, el Gobierno autonómico analiza la posible adopción de medidas fiscales adicionales si se agrava el impacto económico del conflicto.
El Ejecutivo de La Rioja se encuentra actualmente en “fase de análisis” de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, con el fin de medir su efecto sobre la economía regional antes de tomar decisiones complementarias.
Cantabria ha descartado por ahora aprobar un plan propio y se limitará a valorar si resulta preciso reforzar las medidas estatales.
A esta situación se suman Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía, donde todavía no se han anunciado programas autonómicos específicos vinculados directamente al impacto de la guerra en Irán.
El plan de ayudas estatal ha dejado fuera a Ceuta y Melilla, que no contarán de momento ni con esta iniciativa ni con programas económicos propios para compensar los efectos del conflicto.
La exclusión se explica por el régimen fiscal especial de ambas ciudades, en particular el IPSI --impuesto que se aplica en lugar del IVA--, lo que impide que sus residentes se beneficien de las rebajas tributarias aprobadas para el resto del país.