QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El reciente desbloqueo de la tramitación de la Proposición de Ley procedente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Sindicato de Enfermería SATSE sobre las ratios de enfermeras ha devuelto la atención a una iniciativa que, por su complejidad y los requisitos exigidos, no sale adelante en demasiadas ocasiones en el Parlamento. De hecho, en la XIV Legislatura tan solo dos alcanzarán -previsiblemente- el Pleno del Congreso.
En el caso de la promovida por SATSE, hay que remontarse hasta el día 13 de octubre del año 2020, fecha en la que la Comisión Promotora de la iniciativa compareció en la Comisión de Sanidad para exponer los principales puntos de la misma. Dos meses después, superó con éxito la toma en consideración –en el Pleno celebrado el 15 de diciembre-, logrando 312 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones. Sin embargo, desde entonces la PL ha sufrido más de dos años de bloqueo y un total de 83 ampliaciones de enmiendas a su articulado. El pasado mes de marzo la Mesa anunció el cierre de este plazo.
Unas ratios mínimas de profesionales de enfermería
Esta Proposición de Ley propone y recoge unas ratios mínimas de profesionales de enfermería “como garantía de unos cuidados de enfermería adecuados y seguros”, por ejemplo, establece un máximo de 8 pacientes por enfermero/a en Unidades de Hospitalización, y de 2 pacientes por enfermero/a en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con la posibilidad de ampliarlo a 3 de manera excepcional en unidades coronarias. También en Unidades de Reanimación Postquirúrgica, la iniciativa establece un ratio de 3 pacientes por cada profesional de enfermería, coincidiendo con el ratio mínimo propuesto también para lo quirófanos. Asimismo, el texto aclara que en aquellos supuestos que no se contemplen de manera específica, los ratios serán determinados en la Comisión Interterritorial de Ratios de Enfermería.
En el ámbito de Atención Primaria, la ratio mínima propuesta es la de un profesional por cada 1.500 habitantes, mientras que en la atención sociosanitaria los ratios serán establecidos por el Ejecutivo, atendiendo al criterio determinado por la Comisión Interterritorial. Sin embargo, el articulado establece un periodo de carácter transitorio de 18 meses para su aplicación, y señala un plazo de 1 año para que el Gobierno dicte un Real Decreto en el que se establezcan las especificidades de la Sanidad Militar.
Por último, la ILP contiene la previsión de que estas ratios no se apliquen en el contexto de estados de alarma, sitio o excepción, y tampoco en situaciones de emergencia y catástrofes.
Esta PL llega ahora a la Comisión de Sanidad, que deberá constituir la ponencia que elabore el correspondiente dictamen. Este será finalmente elevado al Pleno del Congreso una vez sea sometido a votación, que deberá superar.
La regularización extraordinaria de migrantes
El pasado mes de febrero, la Mesa del Congreso calificó la ILP impulsada por la organización Regularización Ya sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Tras la calificación, los siguientes pasos son la conformidad del Gobierno, que tiene la potestad de vetar aquellas leyes que descuadren los Presupuestos; y después, el autor de la iniciativa tendrá que comparecer ante la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por último, la ILP será elevada al pleno del Congreso para su toma en consideración.
Sin embargo, tal y como adelantó Demócrata, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a las regularizaciones generalizadas. Por lo tanto, aunque los socialistas han asegurado que continúan evaluando la propuesta, no parece que estos vayan a ceder a las presiones de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y al resto de sus socios habituales que ya han mostrado su disposición a facilitar la aprobación de esta iniciativa. Al menos, así lo han hecho ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG.
La Proposición de Ley consta de un artículo único que modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Su redacción actual es la siguiente: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años”. Sin embargo, esta ILP pretende un cambio de fecha, es decir, sustituir el día 1 de junio de 1999 por el 1 de noviembre de 2021. De tal manera que su redacción quedaría así: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”.
Los exigentes requisitos para las ILP en España Uno de los muchos requisitos que se exige para promover las Iniciativas Legislativas Populares en España es la necesidad de recabar al menos 500.000 firmas, en este caso de españoles inscritos en el Censo Electoral. Sin embargo, si comparamos este requisito con el exigido en algunos países de nuestro entorno se aprecia una diferencia abismal y llamativa. Mientras el número mínimo de firmas en España es de medio millón, en países como Portugal (35.000), Italia (50.000), Suiza (100.000) o Austria (100.000) el nivel de exigencia en cuanto a este requisito es mucho menor, y más favorable a promover este tipo de iniciativas parlamentarias.
