El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elevado al trámite de audiencia pública un proyecto de Real Decreto que desarrolla el artículo 15 de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La norma, que no ha sido sometida a consulta pública previa y que se tramita por el procedimiento de urgencia, estaba recogida en el Plan Anual Normativo de este año.
El apartado 15 de la ley establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben tener un conjunto planificado de medidas encaminadas a alcanzar la equidad del colectivo LGTBI, incluyendo un protocolo de actuación frente al acoso o la violencia.
Con esta norma España es un país mejor y más diverso
Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró que España fuera “el primer país de Europa que tiene una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI en España, una norma pionera”. Según Díaz, el Ministerio llevaba “desde febrero negociando la mesa de diálogo social”, de esta forma la norma nace de un “proceso complejo” entre “empresarios sindicatos y el Ministerio”.
¿Qué medidas recoge el proyecto de Real Decreto?
Se establecerán cláusulas de igualdad de trato que favorezcan un contexto favorable a la diversidad y que promuevan la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI. Con referencia expresa no sólo a la orientación e identidad sexual sino también a la expresión del género o características sexuales.
El proyecto estipula que se establecerán criterios claros y concretos que garantizarán procesos de selección y contratación que prioricen la formación o idoneidad de la persona para el puesto de trabajo, independientemente de su orientación sexual o su expresión de género. Se tendrá especial atención a las personas trans como colectivo vulnerable. De la misma manera, se presentarán pautas para la clasificación, promoción profesional y ascensos, de forma que no conlleven discriminación directa o indirecta para las personas del colectivo.
Las empresas tendrán que integrar en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, con especial incidencia en la igualdad de oportunidades. Por otro lado, se promoverá la heterogeneidad de las plantillas para crear entornos laborales diversos, inclusivos y seguros. Se perseguirá que los permisos y beneficios sociales se produzcan sin discriminación por razón de orientación o identidad sexual.
Además, se integrarán en el régimen disciplinario, que se regule en los convenios colectivos, infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual de las personas trabajadoras.
¿Quién planificará las medidas?
Las pautas a seguir deben ser pactadas en el seno de la negociación colectiva y su contenido es el objeto del RD que está siendo sometido a audiencia pública. En ausencia de convenio colectivo de aplicación, las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras negociarán las medidas planificadas mediante acuerdos de empresa.
Las empresas que no cuenten con convenio colectivo, y carezcan de la representación legal de las personas trabajadoras, crearán una comisión negociadora, constituida por un máximo de seis representantes de la empresa y otros seis representantes de los trabajadores pertenecientes a los sindicatos más representativos. La negociación de las medidas planificadas será voluntaria en las empresas de cincuenta o menos trabajadores.
¿Qué plazo tienen las empresas para adoptarlas?
Las entidades con convenio colectivo o con representación legal de los trabajadores tendrán que iniciar el procedimiento de negociación de las medidas planificadas, dentro del plazo máximo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del RD o bien al momento al que alcancen el número de personas de plantilla que lo hacen obligatorio.
Las empresas que, teniendo la obligación de negociar las medidas planificadas, no cuenten ni con convenio colectivo ni con representación legal, tendrán seis meses para constituir la comisión negociadora. Una vez finalizado el plazo de tres meses desde la constitución de la comisión negociadora sin que se haya logrado un acuerdo sobre las pautas o en el supuesto de que el convenio colectivo no incluya las medidas planificadas, se aplicarán las establecidas en el RD.
¿Cuál es en contenido mínimo que debe tener el protocolo de actuación?
Se incluirá una declaración de principios en la que se manifieste el compromiso explícito y firme de no tolerar en el seno de la empresa ningún tipo de práctica discriminatoria considerada como acoso por razón de orientación sexual. Se aplicará no sólo a los trabajadores sino también a quienes solicitan un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas, entre otros.
El protocolo determinará el procedimiento para la presentación de denuncia o queja, así como el plazo máximo para su resolución. El procedimiento se desarrollará con agilidad, confidencialidad y protección suficiente de la víctima ante posibles represalias.
Yolanda Díaz reivindica que el RD pretende “evitar las prácticas desiguales en las personas LGTBI” y que esta era “la primera vez que se abrirán todas las mesas de dialogo en el país para negociar estas medidas que tienen que ver con los derechos humanos”. El día que se presentó el acuerdo tripartito, el Gobierno aseguró que con la nueva norma España era “un mejor país y más diverso”.