El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, dos proposiciones no de ley de PSPV y Compromís que planteaban mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para comprobar que se destinan a residencia habitual. Ambos partidos han acusado a los socialistas de intentar aprovechar la polémica por las adjudicaciones en Alicante.
Las iniciativas se han debatido semanas después de que saliera a la luz la información sobre las adjudicaciones de VPP en el residencial Les Naus de la Playa de San Juan, un caso que está siendo investigado por un juzgado. Justo este jueves se constituye en Les Corts la comisión de investigación sobre este asunto, que previsiblemente estará presidida por la diputada de Vox Ana Vega con el apoyo del PP.
La propuesta del PSPV reclamaba derogar el decreto del Consell sobre VPP aprobado en 2024 y recuperar la normativa de 2021 relativa al registro de demandantes y a la adjudicación de viviendas públicas de iniciativa privada. También pedía mantener la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y restituirla para las de iniciativa privada; ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible; limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, y reforzar la inspección para comprobar que las VPP se usan como vivienda habitual.
La PNL de Compromís planteaba publicar los criterios de adjudicación y todos los informes relacionados; modificar la normativa vigente de VPP para asegurar el acceso preferente de las rentas bajas, la calificación permanente de estas viviendas y el refuerzo de los mecanismos de control; reorientar el plan Vive para priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social “real y permanente”; exigir al PP que “asuma todas las responsabilidades derivadas de este escándalo”, y que quienes hayan obtenido una vivienda de forma indebida la devuelvan.
En el debate del miércoles, el diputado socialista Benjamín Mompó sostuvo que el caso de Les Naus “no es un caso aislado, sino la punta del iceberg” del modelo de vivienda del PP, al que acusó de haber eliminado controles en 2024 mediante un decreto del Consell.
Mª José Calabuig (Compromís) reclamó revertir todas las modificaciones en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: “Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos”. Aseguró que “la palabra corrupción se queda corta”: “Es una estafa organizada a la gente que no llega a fin de mes, y eso, señorías del PP, es de ser malas personas”.
Acusaciones por las adjudicaciones en Les Naus
En su intervención, la diputada de Compromís enumeró a los beneficiarios de las VPP de Les Naus: “A la concejala de Urbanismo del PP, al suegro, a la excuñada, a la amiga de la funcionaria de la concejala de Hacienda, a la hermana de la secretaria, a la mujer del jefe de gabinete de la consellera de Turismo, a los dos hijos y el nieto de la directora general del Ayuntamiento de Barcala, al arquitecto municipal del PP, a la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria, a la hija de un alto funcionario de Urbanismo... Esta semana tenemos que sumar a los dos hijos del notario que escrituró las VPP, a cinco miembros de una misma familia vinculados al PP, a una 'influencer' y al hijo de una concejala del PP de Sant Vicent del Raspeig que alardean en redes de haber hecho una reforma con estilo neoclásico y con un enorme vestidor para quitarle el olor a pobre de las VPP”.
Preguntó a los diputados del PP si esta lista de adjudicatarios en Les Naus les “parece normal” y reclamó al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ponga fin a este “descrédito institucional”, aunque dudó de que lo haga “si ni siquiera obliga a quitar el acta a Carlos Mazón, quien ya ha tenido bastante esta mañana y se ha ido a su casa a echar la siesta con su sueldo pagado por todos”.
PSPV y Compromís cargan contra el apoyo de Vox a Barcala
PSPV y Compromís volvieron a pedir la dimisión del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, por las adjudicaciones de Les Naus y censuraron que Vox lo respalde ahora tras haber reclamado inicialmente su salida. Para el diputado socialista, se debe a que “están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP”, mientras que la representante de Compromís considera que “Vox ha salvado el cuello a Barcala” a cambio de imponer sus políticas en la capital alicantina. Durante el debate, los diputados de ambos grupos corearon “Barcala dimisión”, como también sucedió este jueves en la sesión de control.
Frente a estas críticas, el diputado de Vox Miguel Pascual defendió que su partido no impulsara la reprobación de Barcala “para no hacerle el juego” ni a PSPV ni a Compromís, a quienes acusó de ser “pagafantas” del Gobierno.
También reprochó a la izquierda “intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político” después de que “unos cuantos espabilados” accedieran a las VPP de Les Naus. Además, acusó al PSPV de “intentar colar sus políticas fracasadas de vivienda” a través de esta PNL y a Compromís de “pedir a los demás lo que fueron incapaces de hacer en ocho años”.
El PP defiende su gestión y critica al Botànic
La diputada del PP Candela Anglés rechazó las “lecciones” y el “show” del PSPV en torno a las VPP y recordó que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se produjeron en 2016 y 2018, con “alcaldes socialistas” en Alicante.
“Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente”, afirmó, y defendió que el caso se remitió a Fiscalía “inmediatamente” en cuanto se tuvo conocimiento. Sostuvo además que el registro de demandantes que el PSPV pretende recuperar “era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus”.
La parlamentaria 'popular' replicó a Compromís que las viviendas de esta promoción son “tan pisazos o no como quisieron en 2018 el alcalde socialista, Ximo Puig y Mónica Oltra”, y recordó que Barcala ya reclamó que las viviendas adjudicadas de forma irregular fueran devueltas. Añadió que el Botànic elevó “de 2.000 a 3.000 euros al mes” la renta máxima para poder optar a una VPP.
Aprovechó además para instar a la coalición valencianista a exigir a su exalto cargo Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) entre 2015 y 2023 “con un sueldazo de 60.000 pavos”, que devuelva su VPP en la pedanía de La Torre de València si Fiscalía aprecia irregularidades tras la investigación abierta a raíz de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.
Desde Compromís, otra diputada replicó que “el PP lleva un mes con la Conselleria paralizada para buscar y rebuscar si alguien de Compromís tiene una VPO, que no es delito”, y subrayó que la vivienda del exdirector del ICV fue adjudicada “en la etapa de Camps y Rita” Barberá como 'president' y alcaldesa de València y “con los requisitos de Camps y Rita”. “Se nota que estáis muy nerviosos”, lanzó a los 'populares'.
En su contrarréplica, la diputada del PP rechazó “lecciones de moralidad” de Compromís y le afeó que no critique las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Sareb, que, según dijo, afectan a “gente vulnerable de verdad”: “Pegáis la 'cabotà' como siempre”.