El pleno de Les Corts tiene previsto rechazar este jueves, con la mayoría de PP y Vox, dos proposiciones no de ley registradas por PSPV y Compromís que planteaban mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para comprobar que se destinan a residencia habitual. Ambos grupos han acusado a los socialistas de intentar aprovechar la controversia por las adjudicaciones de Alicante.
Estas PNL se han abordado semanas después de que saliera a la luz la información sobre las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, un asunto que está siendo investigado por un juzgado. Precisamente este jueves se constituirá en Les Corts la comisión de investigación sobre este caso, que previsiblemente presidirá la diputada de Vox Ana Vega con el respaldo del PP.
La iniciativa del PSPV, que será rechazada, reclamaba derogar el decreto del Consell sobre VPP aprobado en 2024 y recuperar la normativa de 2021 sobre el registro de demandantes y la adjudicación de viviendas públicas de iniciativa privada. También pedía mantener la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y restituirla en las de iniciativa privada; ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible; limitar los alquileres mediante la declaración de zonas tensionadas y reforzar la inspección para asegurar que las VPP se usan como residencia habitual.
La PNL de Compromís planteaba publicar los criterios de adjudicación y todos los informes relacionados; modificar la regulación vigente de VPP para asegurar el acceso preferente de personas con rentas bajas, la calificación permanente de estas viviendas públicas y un mayor control; reorientar el plan Vive para priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social "real y permanente"; exigir al PP que "asuma todas las responsabilidades derivadas de este escándalo", y que quienes hayan obtenido una vivienda de forma indebida la devuelvan.
En el debate, el diputado socialista Benjamín Mompó ha recalcado que el caso de Les Naus "no es un caso aislado, sino la punta del iceberg" del modelo de vivienda del PP, al que ha acusado de haber eliminado controles en 2024 mediante un decreto del Consell.
Mª José Calabuig (Compromís) ha reclamado revertir todas las reformas en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: "Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos". Ha denunciado que "la palabra corrupción se queda corta": "Es una estafa organizada a la gente que no llega a fin de mes, y eso, señorías del PP, es de ser malas personas".
"UN ENORME VESTIDOR PARA QUITAR EL OLOR A POBRE DE LAS VPP"
Calabuig ha enumerado a los beneficiarios de las VPP de Les Naus: "A la concejala de Urbanismo del PP, al suegro, a la excuñada, a la amiga de la funcionaria de la concejala de Hacienda, a la hermana de la secretaria, a la mujer del jefe de gabinete de la consellera de Turismo, a los dos hijos y el nieto de la directora general del Ayuntamiento de Barcala, al arquitecto municipal del PP, a la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria, a la hija de un alto funcionario de Urbanismo... Esta semana tenemos que sumar a los dos hijos del notario que escrituró las VPP, a cinco miembros de una misma familia vinculados al PP, a una 'influencer' y al hijo de una concejala del PP de Sant Vicent del Raspeig que alardean en redes de haber hecho una reforma con estilo neoclásico y con un enorme vestidor para quitarle el olor a pobre de las VPP".
La diputada ha preguntado a los parlamentarios del PP si esta lista de adjudicatarios de Les Naus les "parece normal" y ha pedido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ponga fin a este "descrédito institucional", aunque ha manifestado que no confía en que lo haga "si ni siquiera obliga a quitar el acta a Carlos Mazón, quien ya ha tenido bastante esta mañana y se ha ido a su casa a echar la siesta con su sueldo pagado por todos".
PSPV Y COMPROMÍS CARGAN CONTRA EL APOYO DE VOX A BARCALA
PSPV y Compromís han reiterado su exigencia de dimisión al alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, por las adjudicaciones de Les Naus y han criticado que Vox le respalde ahora tras haber reclamado inicialmente su salida. Para el diputado socialista, se debe a que "están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP", mientras que la parlamentaria de Compromís sostiene que "Vox ha salvado el cuello a Barcala" a cambio de imponer sus planteamientos en la capital alicantina. En varios momentos del debate, los diputados de ambos grupos han coreado "Barcala dimisión".
En respuesta, el diputado de Vox Miguel Pascual ha defendido que su formación no promoviera la reprobación de Barcala "para no hacerle el juego" ni al PSPV ni a Compromís, a quienes ha acusado de ser "pagafantas" del presidente Pedro Sánchez y del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Asimismo, ha acusado a la izquierda de "intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político" después de que "unos cuantos espabilados" accedieran a las VPP de Les Naus. También ha reprochado al PSPV que "intenten colar sus políticas fracasadas de vivienda" a través de esta PNL y a Compromís que "pidan a los demás lo que fueron incapaces de hacer en ocho años".
EL PP CALIFICA EL ANTIGUO REGISTRO COMO "PAPEL MOJADO"
Por parte del PP, la diputada Candela Anglés ha rechazado las "lecciones" y el "show" del PSPV en torno a las VPP, recordando que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se llevaron a cabo en 2016 y 2018, con "alcaldes socialistas" en Alicante.
"Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente", ha afirmado, y ha defendido que el caso se remitió a Fiscalía "inmediatamente" en cuanto se tuvo conocimiento. Ha asegurado además que el registro de demandantes que el PSPV quiere recuperar "era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus".
La diputada 'popular' ha replicado a Compromís que las viviendas de esta promoción son "tan pisazos o no como quisieron en 2018 el alcalde socialista, Ximo Puig y Mónica Oltra", y ha recordado que Barcala ya solicitó que las viviendas adjudicadas de forma irregular fueran devueltas. También ha afirmado que el Botànic elevó "de 2.000 a 3.000 euros al mes" la renta máxima para poder acceder a una VPP.
Anglés ha aprovechado para pedir a la coalición valencianista que exija a su exalto cargo Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) entre 2015 y 2023 "con un sueldazo de 60.000 pavos", que devuelva su VPP en la pedanía de La Torre de València si Fiscalía determina que existen irregularidades, tras haber abierto una investigación a partir de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.
La respuesta ha llegado de la mano de una diputada de Compromís, que ha criticado que "el PP lleva un mes con la Conselleria paralizada para buscar y rebuscar si alguien de Compromís tiene una VPO, que no es delito", y ha subrayado que la vivienda del exdirector del ICV fue adjudicada "en la etapa de Camps y Rita" Barberá como 'president' y alcaldesa de València y "con los requisitos de Camps y Rita". "Se nota que estáis muy nerviosos", ha espetado a los 'populares'.
En su contrarréplica, la diputada del PP ha rechazado "lecciones de moralidad" de Compromís y ha censurado que no cuestionen las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Sareb, que afectan a "gente vulnerable de verdad": "Pegáis la 'cabotà' como siempre".